Los diputados británicos aprobaron ayer un proyecto de ley de muerte asistida para Inglaterra y Gales, abriendo la puerta a las fases siguientes de la tramitación legislativa tras un debate marcado por intensas polémicas éticas y religiosas.
La propuesta fue aprobada por 330 votos a favor y 275 en contra. Ahora deberá ser examinada en comisión antes de ser sometida de nuevo a la aprobación de las dos cámaras del Parlamento.
El texto permitiría el suicidio asistido a los pacientes en Inglaterra y Gales que se encuentren en fase terminal, con no más de seis meses de esperanza de vida. Para acogerse a esa opción, deberán además capaces de expresar su voluntad de manera clara y obtener luz verde de dos médicos y un juez.
Su promotora, la diputada laborista Kim Leadbeater, asegura que estas cláusulas lo convierten en el texto “más robusto” del mundo sobre ese asunto.
Ante la Cámara de los Comunes, Leadbeater declaró que el texto busca otorgar “elección, autonomía y dignidad” a los adultos con una enfermedad en fase terminal.
La ley actual “no es clara y no protege a los pacientes, a las familias ni al personal de salud, lo cual empuja a la gente a acciones desesperadas”, argumentó.
La legisladora contó la historia de Norman, un hombre aquejado de un cáncer de próstata desde hacía 15 años. “Cuando la enfermedad se extendió y el dolor se volvió insoportable, fue a su jardín y se pegó un tiro en la cabeza”.
Aunque la propuesta nace de sus filas, el gobierno laborista no la ha respaldado oficialmente y el desenlace dependió de las convicciones personales más que de las directrices de partido.
Hace nueve años, una propuesta de ley sobre el suicidio asistido fue rechazada por el Parlamento, pero la opinión pública ha cambiado desde entonces y es mayoritariamente favorable a este proyecto.
Un sondeo publicado ayer por el instituto YouGov señala que las tres cuartas partes de los habitantes de Inglaterra y Gales apoyan este cambio en la ley.
La periodista Esther Rantzen, enferma terminal de cáncer que hace campaña por esta ley, instó a los diputados a aprobarla porque “en caso de fracaso, no volverá probablemente al Parlamento antes de diez años”. Tras la votación, se dijo “encantada” por el resultado.
La asociación Care Not Killing, opuesta al suicidio asistido, se dijo en cambio “decepcionada” e hizo notar que el resultado fue “sumamente ajustado”.
Varios países han legalizado la asistencia al suicidio para acabar con el sufrimiento de enfermos en fase terminal, como Países Bajos, España, Colombia, Ecuador o Canadá.
Actualmente, el suicidio asistido es ilegal en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, donde se pena con hasta 14 años de prisión a quienes ayuden o inciten a cometerlo. Escocia, que dispone de competencias propias en materia de sanidad, debe votar un proyecto de ley sobre la cuestión en 2025.
Preocupaciones religiosas. La votación parlamentaria en Westminster fue precedida de un acalorado debate sobre posibles abusos o límites que puedan ejercerse sobre personas vulnerables o discapacitadas.
Una treintena de líderes religiosos expresaron su “profunda preocupación” de que algunas personas sientan “el deber de morir” para dejar de ser una carga para su entorno. Otras voces reclamaron que, antes de autorizar la muerte asistida, se mejore la financiación de los cuidados paliativos.
“Hay un punto en el que todo el mundo está de acuerdo. Hace falta más inversión en los cuidados paliativos y de fin de vida”, resumió Katie Reade, de la organización Hospice UK.
La mayoría de los 650 parlamentarios no había desvelado su intención de voto, lo que dificultaba vaticinar un desenlace.
El gobierno pidió neutralidad a sus miembros, pero varios ministros han expresado su postura.
El ministro de Salud, Wes Streeting, afirmó que votaría en contra y expresó su preocupación por una carga financiera suplementaria sobre el sistema público NHS, ya en crisis.
El primer ministro Keir Starmer, que no había revelado su intención de voto, dio su apoyo al proyecto, tal como lo había hecho con el de 2015 sobre la ley de muerte asistida.
En el bando conservador también hay discrepancias. El ex primer ministro David Cameron, que se opuso hace nueve años, dijo que votaría a favor, pero el también ex jefe de gobierno Boris Johnson anunció que lo haría en contra.
