Al día siguiente de aceptar volver a la mesa de negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro, la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció sorpresivamente un “paro armado” en una región del oeste del país, a cuya población ordenó confinarse por tiempo indefinido.
“Hacemos un llamado contundente al ELN: revoque el paro armado indefinido anunciado a partir de este 9 de noviembre en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, que afectará gravemente a las comunidades”, reclamó la Defensoría del Pueblo en la red social X.
“Será el tercer confinamiento forzoso en el año” y “perjudicará a 85 comunidades afros e indígenas, es decir, a unas 45 mil personas”, enfatizó la entidad.
El jueves, mientras delegados de la guerrilla en Caracas acordaban retomar los diálogos de paz congelados en septiembre, medios locales divulgaron un comunicado en el que un frente guerrillero que opera en el departamento de Chocó, en el oeste del país, ordenaba “restricciones” de movilidad “para evitar algún tipo de incidente”.
Según la guerrilla marxista-leninista el “paro armado indefinido” obedece a una supuesta alianza entre el ejército y el Clan del Golfo, la mayor banda narco de Colombia, para expulsarlos de esa región selvática.
La Defensoría criticó la falta de “coherencia entre estos actos y la búsqueda de la paz y el carácter político que pregona el ELN”. El confinamiento forzoso “pondrá en riesgo el derecho a la salud y la vida” en una región que, además, sufre una emergencia invernal por lluvias, agregó la entidad.
“Falta de cohesión”. Cinco gobiernos han negociado infructuosamente con el ELN, una guerrilla con frentes casi autónomos que se reúnen en una instancia conocida como Comando Central (COCE).
“Aparece otra vez el fantasma de la falta de cohesión del ELN, un mal que muchos han juzgado como histórico. Es como si en algunos lugares el mensaje del COCE no llegara” a los frentes, explicó en un comunicado la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), un centro de estudios independiente. Una de las condiciones del gobierno para retomar los diálogos “era precisamente que no se repitieran los paros armados en lugares como el Chocó, donde se había recibido como una muy buena noticia la nueva chance para la paz”, agrega la nota.
“Es más de lo mismo. El ELN quiere retomar el diálogo sin que eso implique hacer concesiones a la sociedad y no perder o ceder control territorial”, explica a PERFIL la subdirectora de la Fundación, Laura Bonilla. “Ellos están en una escalada de violencia apenas se finalizó el cese al fuego. Si bien es improbable que se expandan, sí es claro que van a estar incrementando el poder de fuego y ataque contra la fuerza pública y al mismo tiempo el control territorial entendido como limitaciones a la movilidad, control de ingreso a sus territorios y otros similares”.
Los negociadores de la guerrilla y del gobierno tienen previsto reunirse de nuevo entre el 19 y el 25 de noviembre. La negociación estaba suspendida desde septiembre por decisión del presidente Gustavo Petro, como reacción a un ataque de esta organización contra una base militar que dejó tres soldados muertos y 28 heridos.
El ELN, en armas desde 1964, lanzó una ofensiva desde inicios de agosto, cuando decidió no retomar una tregua que regía desde 2023. Las Fuerzas Militares también reanudaron sus operaciones contra los rebeldes. Los negociadores del gobierno buscan pactar un nuevo cese de hostilidades.
El presidente Petro apuesta por desactivar el conflicto armado de seis décadas negociando con varios grupos armados, una política que, según la oposición, genera un deterioro del orden público.
