El balotaje presidencial en Ecuador de este domingo se lleva a cabo bajo un clima político enrarecido. A la ola de violencia narco y la sombra del magnicidio de Fernando Villavicencio, en los últimos días se sumó un nuevo factor de tensión: la transparencia del proceso electoral, frente a la posibilidad de que el gobierno de Daniel Noboa desconozca un resultado que no lo favorezca, bajo el pretexto de fraude.
El escenario ocurre en medio de una competencia ajustada entre el actual presidente y la candidata correísta, Luisa González, a quien la mayoría de las últimas encuestas proyectan como ganadora por un margen del 2 y el 5%. Pero en la recta final, la campaña vio alterada por la publicación de un decreto de última hora que habilita allanamientos sin orden judicial y restringe garantías constitucionales en zonas clave del país, incluida la región costera, considerada un bastión del correísmo según el mapa político de la primera vuelta.
Balotaje en Ecuador: lo más destacado de la campaña de Daniel Noboa y Luisa González
La medida, adoptada a solo dos días de los comicios, generó preocupación tanto entre la oposición como en las misiones internacionales de observación electoral. Gabriel Fuks, exembajador argentino en Ecuador y actual diputado del Parlasur, integra la delegación de veedores internacionales para el balotaje. "Hay consenso entre todos respecto a la preocupación sobre el decreto, incluso de la OEA. Es muy peligroso suspender garantías constitucionales dos días antes de la elección", sostuvo.
En diálogo con PERFIL, Fuks advirtió que la situación es inusual y que, si bien el proceso electoral se desarrolla con cierta normalidad, las condiciones que impuso el decreto "incrementan la tensión" de los comicios.
El decreto firmado por Noboa el pasado viernes habilita durante 60 días la suspensión de garantías constitucionales en determinadas zonas del país, se justifica bajo el paraguas del combate a las bandas criminales que considera "terroristas". Pero el problema no fue solo el timing sino su aplicación geográfica específica, que coincide con las zonas costeras donde se espera una votación mayoritaria a favor de González, una tendencia que se conocerá de manera oficial después de las 22:30 (hora argentina).
A esto se suma la imposibilidad de que los veedores internacionales se desplacen libremente a esas regiones, lo que limita su capacidad de monitoreo. "El único incidente grave que hubo es que en Guayas cambiaron a último momento lugares de votación", sumó.
Un mapa partido
El mapa electoral ecuatoriano está profundamente fragmentado, con un país dividido entre regiones que responden a identidades políticas, sociales y culturales diferenciadas. La capital y la región andina se inclinan mayoritariamente por Noboa, mientras que la costa —incluyendo las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas— son favorables a la Revolución Ciudadana, el sello electoral de la candidata del expresidente Rafael Correa. En este contexto, el decreto presidencial adquiere una connotación aún más sensible, dado que restringe libertades precisamente en las provincias que podrían definir el resultado.
En la primera vuelta, esta geografía política fue determinante. El escrutinio inicial, centrado en la región andina, dio una ventaja prematura a Noboa, que se fue diluyendo a medida que ingresaban los votos de la costa. Hoy se espera un escenario similar. Sin embargo, según advierten desde sectores de la oposición, si los primeros datos oficiales vuelven a mostrar una diferencia amplia en favor del oficialismo, podría instalarse la idea de un triunfo anticipado.
Ecuador vota en un balotaje marcado por la violencia del narcotráfico y el desempleo
"En una reunión con los veedores internacionales, la gente de Revolución Ciudadana habló de esta posibilidad. Advirtieron que si no hay carga homogénea, nadie se puede atribuir el triunfo. Hay que prestar atención a los votos impugnados o concurridos", apuntó Fuks sobre el tema.
La posibilidad de una elección muy ajustada —con una diferencia de apenas dos o tres puntos entre ambos candidatos— eleva la incertidumbre. En un padrón de más de 13 millones de personas, una diferencia de 200.000 votos podría ser determinante, destaca Fuks, siempre y cuando no haya una cantidad significativa de votos impugnados o recurridos que obligue a un recuento posterior. En ese sentido, la atención estará puesta no solo en los resultados preliminares sino también en el volumen de votos observados y en las condiciones del escrutinio.
"En la primera vuelta, quienes la pegaron al resultado fueron Daniel Ivoskus y la consultora trespuntozero. Fueron los únicos que predijeron que en la primera vuelta habría un empate. Ahora vaticinan el triunfo de Luisa Gonzalez por una diferencia de entre 2 y 5 puntos. En este momento no hay ninguna encuesta que haya dado por ganador a Daniel Noboa. Ni las que maneja el propio gobierno", agregó el diputado del Parlasur.
Ecuador, una democracia blindada
La noción de una “democracia securitizada” —es decir, una forma de gobierno que, bajo una apariencia democrática, aplica lógicas propias de los estados de excepción— parece encontrar un ejemplo actual en Ecuador. No se trata simplemente de un contexto electoral disputado, sino de una coyuntura atravesada por decretos restrictivos, militarización de fronteras y una narrativa oficial que insiste en la amenaza del "enemigo interno", representado tanto en bandas criminales como en supuestos agitadores extranjeros, como denuncias contra el Grupo de Puebla, según la visión del gobierno de Noboa.
Desde el punto de vista de los organismos multilaterales, la preocupación es compartida. Las misiones de la OEA, la Unión Europea, el Parlasur y la COPAL, presentes en Quito para el balotaje, manifestaron inquietud sobre el impacto del decreto en el normal desarrollo del proceso electoral. Aunque en la capital ecuatoriana la jornada transcurre con normalidad, lo cierto es que Quito no es el epicentro de los eventuales conflictos. La tensión real, política y social, se concentra en la costa, donde operan tanto las bandas armadas denunciadas por el gobierno como el principal electorado del correísmo.
Uno de los elementos que más ensombrecen el proceso electoral es la instalación anticipada del discurso del fraude. Desde el oficialismo se agitó el fantasma de fraude, a pesar de que el gobierno mantiene un control significativo sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta narrativa, sostenida incluso sin pruebas concretas, siembra sospechas y podría funcionar como antesala de un intento de desconocimiento del resultado en caso de derrota.
En este contexto, analistas locales y veedores internacionales observan con inquietud la posibilidad de un escenario de conflictividad post-electoral. La sospecha no es tanto que las Fuerzas Armadas ejecuten un golpe clásico, como el vivido en décadas pasadas, sino que se habiliten mecanismos de presión institucional, judicial o policial que alteren el orden democrático bajo la excusa del mantenimiento del orden.
El antecedente de la crisis durante el gobierno de Guillermo Lasso, que también gobernó bajo estados de excepción reiterados, y la creciente presencia de bandas criminales en el país, funcionan como justificación del discurso securitario. Pero las medidas excepcionales, como el cierre de fronteras o la autorización de allanamientos sin orden judicial, no pueden convertirse en la norma en un proceso democrático. La línea que separa la seguridad de la represión puede volverse difusa en contextos de alta tensión política.
El peso de Leonidas Iza y otras claves del balotaje en Ecuador
Otro factor clave en este balotaje es el voto del movimiento indígena liderado por Leonidas Iza. Aunque su base electoral no es determinante a nivel nacional, su caudal de votos puede inclinar la balanza en una elección ajustada. Según indicó Fuks, quien se reunió con el líder indígena, un 4% de sus votantes se inclinarían por González y apenas un 1% por Noboa. "Tiene un voto indígena pero también un voto de izquierda, universitario, de clase media. Él está jugando claramente. Después empezará su controversia con el correísmo como la tuvo siempre. Pero eso sería una discusión futura", puntualizó.
Como si el clima político no fuera lo suficientemente tenso, en la última semana se sumó un nuevo capítulo a una de las historias más oscuras de la política ecuatoriana reciente: el asesinato de Fernando Villavicencio. La viuda del excandidato presidencial, Verónica Sarauz, publicó un video en el que acusa al presidente Noboa y a la fiscal general Diana Salazar de presionarla para culpar a Rafael Correa por el crimen. Según Sarauz, el caso fue utilizado como arma política y encubre un entramado de corrupción y vínculos entre el narcotráfico, altos mandos policiales y sectores financieros del país.
cd / ds
