Luego de que Patricia Bullrich confirmara que el Ministerio de Seguridad de Argentina presentó una denuncia por presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual contra Evo Morales, el ministro de Gobierno de Bolivia aseguró este domingo que en caso de recibir un alerta migratoria desde Argentina harán “cumplir las leyes”. Por su parte, el exmandatario realiza una huelga de hambre y denunció un "Plan Cóndor" coordinado entre Luis Arce y "el Gobierno sionista de Milei".
“Eso lo tendrán que determinar los fiscales, si hay una alerta migratoria y llega a la Dirección General de Migración será la instancia que debe cumplir lo que determina la Justicia, así como la policía está cumpliendo las leyes, nosotros cumpliremos la ley y las direcciones van a cumplir las leyes”, declaró el ministro Eduardo del Castillo en una conferencia de prensa. Este mandatario la semana pasada acusó a Morales de montar un "teatro" con el supuesto atentado a tiros que sufrió y lo acusó de intentar evadir un control antidroga de la policía y afirmó que él disparó primero.
Este sábado, Bullrich había compartido en su cuenta de X (antes Twitter): “A la causa por abuso de menores que ya tiene abierta en Bolivia se suma algo aún más aberrante: al socialista expresidente boliviano se lo acusa de haber convivido con 4 adolescentes durante el asilo político que le brindó el kirchnerismo. El peor de los delitos, en nuestro suelo. Por eso, hace 15 días presentamos una denuncia por presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual”.
El exministro opositor y empresario de Bolivia Branko Marinkovic comentó a continuación que la denuncia había sido suya: “Mi pedido de investigación a la ministra Bullrich en Argentina ha sido derivado en una causa penal contra Evo Morales por estupro y trata de menores. Ya que en Bolivia Evo vive en total impunidad, tendrá que ser la Justicia argentina la que lo juzgue. La Justicia tarda, pero llega para todos”, resaltó Marinkovic.
Paralelamente, la Fundación Apolo, que busca luchar “contra la corrupción en Argentina”, presentó también una denuncia contra Evo Morales por trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores por delitos presuntamente cometidos durante su etapa de asilo en Argentina, entre 2019 y 2020. Según la denuncia, Morales convivió "con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia, en condiciones presuntamente vulnerables, para realizar labores domésticas y personales".
Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana y allegada a Morales, relató que durante sus visitas a Morales en Argentina vio a menores de edad en labores "serviles" en la residencia del expresidente boliviano. Ponce también declaró que Morales recibía "niñas como obsequios" de quienes deseaban obtener favores gubernamentales, hechos que serían ampliamente conocidos en los círculos cercanos al expresidente.
La denuncia fue presentada por el legislador porteño de Republicanos Unidos y director de la Fundación Apolo, Yamil Santoro; el jefe de legales de la entidad, José Magioncalda, y el abogado Ignacio Falcón. La causa recayó por sorteo en la jueza federal María Servini, conocida por investigar los crímenes del Franquismo. La Fundación Apolo recordó que no es la primera vez que Morales es denunciado por este tipo de delitos. En 2020, medios bolivianos difundieron información sobre una supuesta relación entre Morales y Noemí Meneses Chávez, una joven de 14 años.
Mientras Evo Morales desarrolla una huelga de hambre, sus seguidores secuestraron a 200 militares
El expresidente de Bolivia Evo Morales responsabilizó a la crisis política reinante en el país a un "Plan Cóndor" —la campaña de represión orquestada por Estados Unidos para colocar dictaduras en el poder en Latinoamérica durante la década de los 70— organizado en su contra por el presidente del país, Luis Arce, y el "Gobierno sionista" del mandatario argentino, Javier Milei. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Morales denuncia concretamente el uso del "lawfare", la instrumentalización del Poder Judicial con fines políticos, dentro de una campaña de mentiras que persiguen su "eliminación".
El expresidente, que pretende comparecer a las próximas elecciones a pesar de que la Constitución no lo habilita, tiene varias causas judiciales abiertas. A las denuncias por los destrozos que se originaron durante una gran movilización que encabezó en septiembre, se han sumado recientemente los ataques a la policía y sobre todo un supuesto abuso de menores y trata de personas, caso que él niega.
"Desde que soy dirigente me han acusado de terrorista, narcotraficante o asesino. Inventan procesos con fines políticos. Al final, todas esas mentiras caen porque la verdad prevalece", indicó el expresidente. "No se contentan con intentar eliminarme políticamente, mediáticamente o judicialmente. Ahora lo intentan con mentiras y con balas. El pueblo se da cuenta", añadió. Este domingo se cumplen 22 días de bloqueos en las rutas, principalmente en el departamento de Cochabamba, que han provocado ya desabastecimiento de alimentos y combustible en algunas ciudades.
Morales, para aumentar la presión, inició el viernes una huelga de hambre. Lleva a cabo su ayuno en la región del Chapare, de donde no se ha movido ante la amenaza de una orden de detención de la fiscalía que lo investiga y luego de que el domingo pasado dijera que sufrió un atentado a tiros contra su vida. Este sábado, el expresidente anunció que "la huelga de hambre va a ser hasta la liberación de todos y todas" sus "compañeros" que fueron detenidos por la policía. Solo en los operativos policiales del viernes, 66 civiles fueron apresados que se suman a otro medio centenar desde que comenzaron los cortes de vías el 14 de octubre.
Mientras tanto, al menos 200 militares son retenidos por campesinos afines al expresidente boliviano, tras el asalto a tres cuarteles en el marco de las protestas que comenzaron hace 20 días, informó el Gobierno este sábado. El viernes "tres unidades militares han sido asaltadas por grupos irregulares en la zona del Chapare, en el departamento de Cochabamba, tomando como rehenes a más de doscientos efectivos militares", señaló la Cancillería en un comunicado dirigido a la comunidad internacional. Además, "se apropiaron de armamento de guerra y municiones".
En principio se informó oficialmente de un regimiento ocupado por manifestantes el viernes en Cochabamba. A esa misma región el Gobierno boliviano envió a las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía en el despeje de rutas bloqueadas por los partidarios de Morales. El Gobierno sólo ha identificado a uno de los tres cuarteles, el "Cacique Juan Maraza". En un video difundido por la prensa boliviana, se ven 16 militares rodeados de campesinos que blandían palos con la punta afilada.
Tras conocer los primeros hechos, el presidente Luis Arce, exministro de Economía de Morales, deploró la actitud de los indígenas. “La toma de una instalación militar por grupos irregulares en cualquier lugar del mundo es un delito de traición a la Patria", señaló. Sin embargo, Morales pidió el viernes a "los hermanos que están movilizados" que consideren suspender temporalmente "el bloqueo de caminos justamente para evitar hechos de sangre". A pesar de su solicitud de paz, las medidas continúan principalmente en su fortín Cochabamba.
Según la Administradora Boliviana de Carreteras, hay 16 puntos de cierres de vías que comunican con las ciudades de Santa Cruz (este) y Sucre (sureste). El Gobierno logró el viernes restablecer el tránsito en Parotani, un sector clave de la ruta que comunica Cochabamba con La Paz, en un operativo policial que dejó 22 heridos, entre ellos 19 uniformados. Las protestas y la represión, según el Gobierno, han dejado un total de 92 heridos.
Gestiones para un diálogo fallido entre Arce y Morales
Al comenzar su ayuno, Morales planteó al Gobierno discutir en las mesas de conversaciones "el tema económico" y "el tema político". En la primera, el exmandatario espera que se debatan propuestas para solucionar la crisis derivada de la falta de dólares. En la segunda, propone tratar la situación de "dirigentes injustamente detenidos, encarcelados" en el marco de las protestas.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, reveló este sábado en una declaración de prensa que la Defensoría del Pueblo gestionaba un diálogo, aseguró que el Gobierno acepta conversar, pero "para abordar temas que atañen al órgano Ejecutivo y no a otros órganos del Estado". Prada aseguró que en otros llamados para dialogar, Morales ha condicionado resolver el tema de su candidatura para las elecciones de 2025. La Justicia declaró en diciembre pasado que el líder cocalero no puede aspirar nuevamente a la presidencia porque ya fue reelegido una vez, como prevé la Constitución que impulsó el propio Morales.
Sin embargo, este domingo Morales entrevista con AFP lamentó que el Gobierno haya desestimado su propuesta. "(Pedí) diálogo inmediato y que se instalen dos mesas de diálogo (...). Y la respuesta del Gobierno más bien ha sido detener" a más de 50 manifestantes, dijo el exmandatario. Entre los 66 detenidos el último viernes, al menos 55 fueron llevados a La Paz para ser investigados por terrorismo, alzamiento armado, tráfico de armas, entre otros presuntos delitos.
"Esta gente reacciona. (Va a haber) más reacción. Es una total persecución", comentó Evo Morales. En este sentido, Ponciano Santos, uno de los principales organizadores de la protesta, advirtió que no se daría ninguna tregua. "Nos han declarado la guerra, por aire y por tierra", señaló. Por su parte, el viernes, mismo día en que anunció Morales su huelga de hambre, el presidente Luis Arce aseguró que continuaría trabajando "hasta liberar (Cochabamba) del secuestro al que está sometido".
ML / ds
