Las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela quedaron ayer al borde de la ruptura después de que Caracas llamara a consultas a su embajadora en Madrid, por cuestionamientos a la reelección de Nicolás Maduro, a quien la ministra de Defensa española llamó “dictador”, y el asilo que será concedido a su rival opositor, Edmundo González Urrutia.
El canciller venezolano Yván Gil anunció en redes sociales la decisión de “llamar a consultas” a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez, en respuesta a declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, quien tildó de “dictadura” al gobierno de Nicolás Maduro durante la presentación de un libro en Madrid.
Gil citó al embajador español en Caracas, Ramón Santos, “a comparecer” ayer en la sede del Ministerio de Exteriores para presentar una protesta, y calificó de “insolentes, injerencistas y groseras” las palabras de Robles. Gil le dijo al representante de Madrid que “no permitiremos ninguna acción injerencista de España”.
“Hemos convocado al embajador de España, Ramón Santos, para expresar la postura contundente del gobierno venezolano”, escribió Gil en su canal en Telegram. No permitiremos ninguna acción injerencista por parte del gobierno de España en asuntos que son de competencia exclusiva de los venezolanos y venezolanas”.
La tensión en las relaciones hispano-venezolanas aumentó en los últimos días, después de que el candidato de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia llegó el domingo a España para solicitar asilo tras un mes en la clandestinidad en su país.
El miércoles, a propuesta de la oposición conservadora, el Congreso de los Diputados español reclamó al gobierno de Pedro Sánchez que reconociera a González Urrutia como ganador de las elecciones del 28 de julio ante Maduro.
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, respondió proponiendo romper los vínculos diplomáticos, consulares y comerciales. “¡Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del reino de España y todos los consulados y todos los cónsules y nos traemos a los nuestros de allá!”, clamó Rodríguez, uno de los “halcones” del régimen, junto al ministro del Interior Diosdado Cabello.
“Nada que comentar”. El Ejecutivo de Sánchez no reconoce la victoria que Maduro reivindica en los comicios, pero tampoco la de su rival, y ha insistido, en consonancia con la posición europea, en reclamar que se publiquen las actas electorales, que la oposición asegura que demuestran su victoria.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, no imitó las llamadas a consultas de su homólogo venezolano, a las que calificó de “decisiones soberanas”.
“Convocar a un embajador, yo lo he hecho en varias ocasiones, y llamar a consulta son decisiones soberanas de cada Estado y por lo tanto, no hay nada que comentar”, dijo ayer a la radio pública RNE.
“Lo que sí le puedo decir es que nosotros trabajamos para tener las mejores relaciones posibles con el pueblo hermano de Venezuela”, añadió Albares.
Cuando se le preguntó a Albares si compartía la opinión de su compañera, la ministra Robles, el ministro rechazó pronunciarse. “El ministro de Asuntos Exteriores no es un catedrático de Derecho Constitucional ni un politólogo. Y desde luego, los ministros de Asuntos Exteriores somos la última persona que tiene que entrar a poner cualquier tipo de calificativos”, explicó el responsable de la diplomacia española.
Por su parte, el PP criticó la prudencia con la que el gobierno de Sánchez reacciona a las críticas de Caracas y las contrastó con la decisión de suspender vínculos con la Argentina de Javier Milei.
El PP, principal formación de la oposición, pidió al gobierno de Pedro Sánchez que retire al embajador de España en Venezuela después de la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de convocar al embajador español en Caracas y llamar a consultas a su representante en Madrid.
“Parece mentira que este gobierno retirase al embajador en Argentina, que es una democracia y, sin embargo, mantenga al de Venezuela que, aunque Sánchez no lo vea, es una dictadura”, declaró el vicesecretario de Internacional del PP, Esteban González Pons.
Añadió que “ha llegado la hora de normalizar las relaciones con Argentina e Israel y poner al régimen venezolano donde se merece, que es, como ha dicho Margarita Robles, una dictadura”.
Pons alabó a Robles por hablar de la “dictadura” de Caracas. “Por primera vez alguien del gobierno de Pedro Sánchez ha dicho la verdad. Ha tenido que ser Margarita Robles”, subrayó.
Otro frente con Washington. El jueves, Pedro Sánchez recibió a González Urrutia en el palacio de La Moncloa, sede de la presidencia en Madrid, y aseguró que “España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela”, escribió en la red social X.
Se estima que en España viven unos 280 mil venezolanos, entre ellos varios dirigentes opositores. La cifra no incluye aquellos con doble nacionalidad.
La escalada con España coincide con el anuncio de Washington de sanciones a 16 funcionarios, entre los que figuran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, así como autoridades electorales y miembros del alto mando militar y de los servicios de inteligencia. Entre ellos está el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, general Domingo Hernández Lárez, responsable de las operaciones castrenses.
Fue igualmente sancionado el juez que ordenó la captura de González Urrutia por “conspiración” y “sabotaje”.
Según Estados Unidos, que también reclama el detalle del escrutinio de las presidenciales venezolanas, estos funcionarios “impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos”.
El gobierno venezolano condenó la medida, que calificó de “acto grosero” para “congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia bolivariana”.
