El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro en Caracas con Richard Grenell, representante especial del presidente estadounidense Donald Trump. La reunión tuvo como eje central la repatriación de ciudadanos venezolanos detenidos en Estados Unidos, así como la posibilidad de liberar a varios estadounidenses encarcelados en Venezuela. Este diálogo se dio en un contexto de tensiones entre ambos países, marcadas por las sanciones impuestas por Washington y el desconocimiento de la reelección de Maduro.
Desde la Casa Blanca señalaron que Grenell instó al gobierno venezolano a aceptar la deportación de ciudadanos acusados de delitos en Estados Unidos, incluidos presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua. En esa línea, Mauricio Claver-Carone, representante estadounidense para América Latina, enfatizó que la administración Trump esperaba que Caracas recibiera a todos los venezolanos con antecedentes penales sin imponer condiciones.
Otro punto clave de la conversación fue la situación de ocho estadounidenses presos en Venezuela, a quienes Washington considera "rehenes". Claver-Carone insistió en que deben ser liberados de inmediato y recordó que, según datos de la ONG Foro Penal, al menos diez personas con ciudadanía o residencia en EE.UU. permanecen detenidas en el país sudamericano.
El tema migratorio genera fricciones en la región. Recientemente, Colombia rechazó un vuelo con migrantes venezolanos escoltados y esposados, lo que derivó en un conflicto diplomático. Frente a esto, Claver-Carone sostuvo que Venezuela debe asumir la responsabilidad de recibir a sus ciudadanos deportados.
Otro punto de discordia es el petróleo. Trump advirtió que Estados Unidos podría dejar de importar crudo venezolano, mientras que legisladores republicanos exigen que se cancelen los permisos otorgados a compañías como Chevron, Repsol y Maurel & Prom para operar en Venezuela.
En este clima de creciente tensión, la situación venezolana será uno de los temas que el secretario de Estado, Marco Rubio, abordará en su próxima gira por Centroamérica y el Caribe. Desde Washington, el gobierno republicano mantiene su postura de no reconocer a Maduro como presidente y continúa respaldando a Edmundo González Urrutia, quien sostiene que ganó las elecciones presidenciales de julio pasado.
Venezolanos en Estados Unidos: Trump anuló la prórroga del beneficio migratorio
El miércoles 29, el presidente de Estados Unidos decidió anular la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 600.000 venezolanos que residían en el país. Esta medida, implementada por la administración anterior de Joe Biden, brindaba protección contra la deportación y permisos de trabajo a los beneficiarios. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, confirmó la revocación, indicando que se firmó una orden ejecutiva para detener la extensión del programa.
El TPS es un programa que ofrece protección temporal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados o desastres naturales, permitiéndoles residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. La administración Biden había extendido este estatus para los venezolanos hasta octubre de 2026, argumentando la persistente crisis humanitaria y política en Venezuela bajo el régimen de Maduro.
Con la revocación de esta extensión, los venezolanos que anteriormente estaban amparados ahora enfrentan la posibilidad de ser deportados y perder sus permisos de trabajo. Esta decisión generó preocupación entre la comunidad venezolana en Estados Unidos, que confiaba en la protección del TPS para establecerse y contribuir al país.
La administración Trump adoptó una postura firme contra la inmigración irregular, sin hacer distinciones basadas en la nacionalidad de los migrantes. Y aunque reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, el gobierno estadounidense priorizó la aplicación estricta de las leyes migratorias.
Esta revocación se suma a otras acciones de la administración Trump que buscan restringir la inmigración y revertir políticas implementadas por administraciones anteriores. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por el impacto de estas medidas en los migrantes y refugiados que buscan protección en Estados Unidos.
TC
