Jair Bolsonaro es un gran admirador de Elon Musk, que durante el mandato del expresidente brasileño visitó el país y sugirió la posibilidad de grandes inversiones que nunca concretó. En mayo de 2022, durante un encuentro en San Pablo el magnate nacido en Sudáfrica habló de invertir en Brasil en áreas relacionadas con la conectividad y la preservación del medio ambiente.
Uno de los temas principales de la reunión fue el proyecto de llevar internet de alta velocidad a áreas remotas de la Amazonia utilizando la red de satélites de Starlink, una empresa de SpaceX, la compañía aeroespacial de Musk. Esta iniciativa fue presentada como una forma de mejorar la conectividad en regiones aisladas, lo que podría beneficiar a comunidades locales y contribuir a la vigilancia ambiental en la selva amazónica. Además, durante la visita, se habló sobre el interés de Tesla, la empresa de vehículos eléctricos de Musk, en el mercado brasileño, aunque no se concretaron anuncios específicos sobre la apertura de fábricas o la comercialización masiva de autos eléctricos en el país en ese momento.
La entonces Twitter y otras redes sociales como WhatsApp o Facebook, tuvieron un papel central en la formación del movimiento que respaldó a Jair Bolsonaro y lo llevó a la presidencia. La “militancia digital”, organizada en células, divulgaba informaciones referidas al candidato y, en muchos casos, ataques a los rivales que a menudo contenían desinformación, lo que fue particularmente intenso durante la pandemia.
Instalado el excapitán en el Palacio del Planalto, la militancia digital no cesó y los ataques a rivales y a instituciones como la Justicia o el Parlamento se multiplicaron. Fue entonces cuando la prensa comenzó a hablar del “gabinete del odio” para definir a un grupo de asesores y colaboradores cercanos a Bolsonaro, que supuestamente coordinaban y ejecutaban campañas de desinformación y ataques en redes sociales contra adversarios políticos, periodistas y otras figuras públicas. Este grupo operaba principalmente a través de redes sociales, utilizando cuentas falsas y manipulando información para influir en la opinión pública y desestabilizar a los opositores del gobierno.
Aunque la existencia y las actividades de este grupo fueron denunciadas en diversas investigaciones periodísticas y por parte de comisiones parlamentarias, como la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de las Fake News en el Congreso Nacional de Brasil, el gobierno de Bolsonaro siempre negó la existencia de un equipo organizado con esos fines.
El propio Alexandre de Moraes lideró diversas investigaciones judiciales que buscaron esclarecer las actividades de este grupo y su posible conexión con campañas de desinformación, amenazas y ataques a través de las redes sociales contra figuras públicas, periodistas, y miembros del Poder Judicial.
Una de las principales acciones de Moraes fue la apertura de una causa sobre fake news, en 2019, se centró en identificar y detener la propagación de información falsa y ofensivas en línea que atacaban a las instituciones democráticas de Brasil. A lo largo de esta investigación, se descubrieron vínculos entre miembros del gobierno de Bolsonaro y un grupo organizado que estaría detrás de la difusión de estas noticias y ataques.
El juez Moraes ordenó varias medidas judiciales en este contexto, como el allanamiento de propiedades, la suspensión de cuentas en redes sociales de personas involucradas y la toma de declaraciones de figuras clave del entorno de Bolsonaro. Estas acciones judiciales fueron ampliamente controvertidas y generaron tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en Brasil, con acusaciones cruzadas de abuso de poder y amenazas a la libertad de expresión. Desde entonces la relación de Moraes con Musk, que se negó a cerrar o suspender cuentas, es tensa.
Las actividades del “gabinete del odio” fueron objeto de gran controversia y contribuyeron a un ambiente político polarizado en Brasil durante el mandato de Bolsonaro, en el que la desinformación y los ataques personales se convirtieron en herramientas recurrentes en el debate político.
La prohibición suma al país a una lista polémica
Agencias
Más allá de las loables intenciones anunciadas por el juez Alexandre Moraes para bloquear X, lo cierto es que la decisión suma a Brasil a una lista de países con muy bajas credenciales democráticas, como Rusia, China, Venezuela o Irán, que en su momento han tomado medidas para regular o controlar las redes sociales. Es que esta red demostró ser eficaz para difundir información sobre la protesta política, como en Egipto durante la Primavera Árabe en 2011, Turquía en 2014 y 2023 y en Uzbekistán antes y después de las elecciones presidenciales de 2021.
En China, por ejemplo, Twitter (el antiguo nombre de X) era poco conocido en el mundo cuando el régimen de Beijing lo prohibió en junio de 2009, dos días antes del 20º aniversario de la represión de las manifestaciones prodemocracia en la plaza de Tiananmén. Los chinos aprendieron a vivir sin él y utilizan ampliamente Weibo y WeChat, redes populares en el gigantes asiático.
Por su parte, Rusia comenzó a dificultar el acceso a Twitter desde 2021, acusándolo de difundir “contenidos ilegales” hasta que en marzo de 2022, pocos días después de que sus tropas invadieran Ucrania, lo bloqueó por completo. Y también el régimen de los ayatolás iraníes prohibió Twitter ya en 2009, aunque la aplicación sirvió para divulgar a finales de 2022 las marchas contra la represión a las mujeres. Y Nicolás Maduro prohibió X el 8 de agosto.
