El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su par estadounidense, Donald Trump, sellaron un millonario acuerdo carcelario que disparó la alarma en organismos de derechos humanos y el máximo tribunal del país norteamericano. En medio de un fuerte hermetismo, decenas de presuntos criminales de origen venezolano fueron deportados hacia el país centroamericano para ser alojados en la famosa megacárcel de Bukele, en una nueva versión de la cárcel de Guantánamo pero esta vez en territorio salvadoreño.
En un despliegue mediático digno de una película de acción, Bukele presentó al mundo un nuevo capítulo de su megaproyecto penitenciario para combatir el crimen organizado, el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT), un modelo admirado y reivindicado por varias figuras, inclusive la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien no solo inspiró su campaña presidencial sino que lo visitó en 2024 ya como funcionaria de Javier Milei.
En una reciente maniobra, recibió a 261 deportados provenientes de Estados Unidos, en la que fue la primera "exportación" de detenidos bajo un acuerdo secreto entre los gobiernos de Bukele y Trump. Desde sus redes sociales, el presidente salvadoreño publicó un video donde se ve a decenas de policías trasladando a varios hombres esposados, algunos de ellos rapados y vestidos con ropa carcelaria, hacia la nueva prisión de máxima seguridad.
Sin embargo, esta vez la noticia iba más allá de los pandilleros de la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18, los grupos criminales a los que, en principio, se destinó el CECOT. En este caso, también estaban presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, deportados desde los Estados Unidos bajo la figura de "terrorismo", según la versión oficial del gobierno norteamericano.
El pacto, negociado por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, implica la posibilidad de transformar el CECOT en una extensión de su sistema penitenciario. a cambio de recibir a estos deportados, Bukele acordó el pago de 20.000 dólares anuales por cada recluso, lo que significa que, en el primer envío, recibiría cerca de 6 millones de dólares. Un acuerdo que, si bien está siendo cuestionado en ambos países, parece apuntar a consolidar un modelo de privatización del sistema carcelario, transformando las cárceles salvadoreñas en un negocio lucrativo.
El acuerdo entre Bukele y Trump: de la polémica a la dudosa legalidad
Lo que parecía una acción de cooperación entre dos países en la lucha contra el crimen, pronto se convirtió en un escándalo. En los Estados Unidos, horas antes de la salida del vuelo con los deportados, un juez ordenó la detención de la operación, exigiendo el regreso de los aviones en el aire. No obstante, la administración de Trump desobedeció la orden, argumentando que la notificación había llegado cuando los aviones ya sobrevolaban aguas internacionales. Esta controversia legal podría terminar en los tribunales más altos de Estados Unidos, con el potencial de llegar a la Corte Suprema.
El presidente estadounidense, Donald Trump, un ferviente crítico de la Justicia, no dudó en atacar al juez que emitió la orden. A través de su red social Truth Social, el republicano exigió la destitución del magistrado, calificándolo de "lunático de la izquierda radical". Trump continuó su ataque contra el poder judicial afirmando que el juez no tenía el derecho de intervenir en una cuestión que consideraba crucial para la seguridad nacional.
"Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido!" sentenció, saltándose así la división de poderes. A pesar de estas declaraciones, la Corte Suprema de Estados Unidos, a través de su presidente John Roberts, le recordó que la destitución de un juez no es una respuesta apropiada ante desacuerdos judiciales, un recordatorio de los límites del Ejecutivo.
Mientras tanto, en El Salvador, los expertos legales y defensores de derechos humanos están preocupados por la falta de transparencia en los procesos judiciales que se aplicarán a los deportados. Sumado al riesgo de que no solo se deporten presuntos criminales sino también migrantes indocumentados, en el marco del programa de deportaciones masivas que implementó Trump. ¿Bajo qué leyes serán detenidos? ¿Cómo serán juzgados en El Salvador, un país cuestionado por presuntos ataques a la garantía del debido proceso legal?
El "Guantánamo" salvadoreño
En el caso del primer envío de estos 261 deportados se justifica bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de los Estados Unidos, una legislación en desuso que fue activada por Trump contra la pandilla venezolana Tren de Aragua. Hasta ahora, solo se usó tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, algunos analistas apuntan que esta ley podría representar una grave violación de los derechos humanos, dado que las personas fueron deportadas y enviadas directamente a una prisión de máxima seguridad sin haber sido juzgadas ni enfrentado un debido proceso legal.
"Bukele se está ofreciendo como una especie de Guantánamo centroamericano, porque las personas que son enviadas a los centros de detención de El Salvador pierden cualquier comunicación con el mundo exterior y no tienen ningún acceso genuino a recursos legales", denunció Juan Pappier, el subdirector de la División Américas de Humans Right Watch.
Esta situación despertó las alarmas en organizaciones internacionales de derechos humanos, sugiriendo que Bukele y Trump están creando un "Guantánamo" centroamericano, emulando la prisión militar de alta seguridad que EEUU tiene en Cuba. La metáfora resulta pertinente dado que, al igual que la prisión de la Bahía de Guantánamo, el CECOT podría convertirse en un centro de detención fuera del alcance de las normativas legales que regulan los derechos humanos.
En relación al ejercicio de los derechos humanos, es casualidad que la figura del "terrorista" sea central en este acuerdo negociado por Bukele con Marco Rubio cuando el secretario de Estado visitó el país a principios febrero. Bukele, con su discurso duro contra las pandillas y el crimen, ha cultivado una imagen de presidente "firme" en la lucha contra la violencia del crimen organizado. Sin embargo, esta política, que se ve reforzada por el apoyo de Trump, podría tener implicaciones mucho más profundas, como por ejemplo que se decida sin mayor debate quién es terrorista y quién no. Una decisión que podría dejar a miles de personas fuera del sistema judicial y, por tanto, sin derechos.
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Las ganancias millonarias de Bukele
En lo que respecta a la economía del acuerdo, Bukele no oculta sus intenciones. Según afirmó Bukele, El Salvador ganará cerca de seis millones de dólares al año solo con el primer envío de deportados, Esta cifra, sin embargo, es mínima en comparación con los 200 millones de dólares anuales que cuesta mantener el sistema penitenciario en el país. En su cuenta de X, Bukele explicó que Estados Unidos pagará una tarifa relativamente baja por cada prisionero deportado, mientras que El Salvador obtendrá una cantidad mayor por ofrecer sus instalaciones.
Sin embargo, algunos analistas aseguran que el beneficio económico para Bukele va más allá de lo financiero. Según Pappier, el presidente salvadoreño podría estar buscando, además, obtener un favor de la administración Trump, convalidar su modelo carcelario y, tal vez, obtener el silencio de los líderes de las pandillas de la MS-13.
De hecho, entre los deportados en el vuelo del vuelo que partió el pasado sábado, se encontraba una veintena de miembros de la MS-13, algunos de ellos buscados por la justicia salvadoreña. Esto ha llevado a algunos a pensar que Bukele podría estar buscando recuperar el control sobre los líderes de las pandillas que se encuentran en manos de Estados Unidos, con el fin de evitar que estos testifiquen en los tribunales sobre los presuntos acuerdos secretos entre el Gobierno y las pandillas.
El CECOT, en su papel como centro de detención, refleja una realidad mucho más oscura. Mientras Bukele promociona su "megacarcel" como una solución a la violencia y el crimen, los expertos y las organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de convertir a El Salvador en un campo de concentración de facto. Sin un debido proceso y con el potencial de someter a los deportados a condiciones inhumanas, el modelo de Bukele podría resultar en una nueva forma de abuso y explotación sistemática.
CD / Gi
