La Cámara de Representantes aprobó ayer una legislación para evitar un cierre del gobierno federal que estaba a solo unas horas de distancia, y los legisladores extendieron el financiamiento hasta mediados de marzo y aprobaron ayuda en casos de desastre para partes del país que aún se recuperan de las tormentas.
La votación se produjo después de que los republicanos eliminaran una disposición solicitada por el presidente electo Donald J. Trump para suspender el límite de la deuda federal y ahorrarle la tarea políticamente difícil de hacerlo cuando asuma el cargo.
La medida sobre la deuda provocó una revuelta de los republicanos el jueves y la derrota del primer intento del líder de la Cámara, Mike Johnson, de ampliar la financiación gubernamental.
El “shutdown”, o parálisis presupuestaria obligaba al cierre de decenas de agencias federales, ante el fracaso del primer acuerdo bipartidista alcanzado por los líderes republicanos y demócratas, que hubiera permitido mantener el gobierno en funcionamiento más allá de la Navidad, pero que fue saboteado por Donald Trump y Elon Musk.
La financiación de las actividades del gobierno se agotaba a la medianoche de ayer y y la Cámara de Representantes liderada por los republicanos buscó una solución a corto plazo para reemplazar un paquete de fondos que parecía un acuerdo cerrado antes de la intervención de Trump.
Como adelantó el New York Times, los republicanos acordaron un plan que mantiene el flujo de fondos federales hasta mediados de marzo y proporciona dinero para ayuda en casos de desastre y asistencia a los agricultores, uno de los temas en disputa, al tiempo que descarta la demanda de Trump de aumentar o suspender el techo de deuda.
La ley recibió 366 votos a favor y 34 en contra, todos de republicanos.
El proyecto anterior, que incluía las medidas de gasto con una suspensión de dos años del límite de endeudamiento fracasó en el pleno el jueves por la tarde después de que decenas de republicanos se negaron a aumentar el límite de endeudamiento de la nación.
Si no se hubiera llegado a un acuerdo, las agencias federales, los parques nacionales y diversos otros servicios comenzarían a cerrar hoy mientras el gobierno debería enviar a casa a 875 mil trabajadores en licencia sin sueldo.
Esto ocurre después de una semana intensa en el Congreso que comenzó con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, presentando un gigantesco proyecto de ley de financiación repleto de medidas no vinculadas que aumentaron el presupuesto.
Los conservadores expresaron inmediatamente su frustración por los añadidos en el texto de 1.547 páginas y Musk –un hombre clave del nuevo gobierno de Trump en materia de recortes del gasto federal– se dedicó a criticar el acuerdo.
“Que comience ya”. Trump asestó el golpe fatal al proyecto con una declaración en la que exigía que se renegociara el acuerdo para eliminar gran parte del gasto superfluo y adjuntar un texto que suspendiera el límite de endeudamiento autoimpuesto por el país durante dos años.
La nueva demanda –que apunta a liberar a Trump de las negociaciones de la deuda externa– tomó a los republicanos desprevenidos y sus legisladores pasaron el jueves luchando por redactar un nuevo paquete más acotado que pueda mantener contentos a los conservadores del gasto público, a Trump, a Musk y también a sus rivales demócratas.
Esto se convirtió en una tarea imposible, ya que los demócratas se sintieron traicionados por la caída del acuerdo bipartidista y no estaban dispuestos a aportar sus votos mientras docenas de integrantes de filas republicanas se rebelaban contra su propio liderazgo para hundir el último paquete.
“Si ocurre una parálisis del gobierno, que comience ya, durante (el gobierno de Joe) Biden, y no con Trump. Es un problema que Biden debe resolver, pero si los republicanos pueden ayudar lo harán”, escribió el presidente electo ayer en su red Truth Social, en un intento por evitar que se lo culpe de sembrar el caos.
“Durante décadas, el Partido Republicano ha dado lecciones a Estados Unidos sobre la responsabilidad fiscal, la deuda y el déficit. Siempre ha sido una farsa”, sentenció el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en el plenario.
El vicepresidente electo JD Vance culpó a los demócratas, argumentando que habían “votado para cerrar el gobierno” en un intento de frustrar la agenda de Trump, a pesar de que los republicanos son mayoría.
La falta de aprobación marcó la primera derrota importante para Trump un mes antes de que asuma el cargo, ya que tanto él como Musk habían apoyado el plan revisado. Trump ya dejó claro que se debe llevar a cabo un cierre si su versión preferida de la normativa de presupuesto no logra aprobación en el Congreso.
La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca ya había comenzado a comunicar a las agencias federales sobre un posible cierre, y los republicanos no parecen tener un camino claro para elaborar un nuevo proyecto de ley.
La aprobación de la financiación del gobierno federal siempre es complicada, pero los legisladores están bajo presión esta vez porque no lograron ponerse de acuerdo sobre los presupuestos para todo el año 2025, a pesar de meses de negociaciones.
Mike Johnson ha enfrentado críticas de todas partes por su manejo de las negociaciones y su cargo parece pender de un hilo para presentarse a la reelección en enero.
El congresista proveniente de Luisiana fue señalado por evaluar mal la tolerancia que tendrían sus propios correligionarios ante los costos aumentados del parche de financiación original, y por permitir que Musk y Trump lo tomaran por sorpresa con sus posturas.
Los demócratas, que controlan el Senado, tienen pocos incentivos políticos para ayudar a los republicanos y Jeffries ha insistido en que solo votarán por el paquete aprobado en el acuerdo bipartidista, lo que significaba que la fuerza de Trump debía contar con su propio esfuerzo para destrabar el asunto.
Miles de empleados hubieran tenido que trabajar gratis
El gobierno federal de Estados Unidos ha sufrido al menos veinte cierres de distinta gravedad desde 1976. Durante el primer mandato de Donald Trump como presidente, aproximadamente 800 mil de los más de dos millones de empleados del gobierno federal debieron quedarse en sus casas durante más de un mes a partir de diciembre de 2018 y la economía sufrió un duro golpe.
Ante las difíciles negociaciones para evitar el nuevo “shutdown”, Washington y los miles de funcionarios federales se preparaban para una temporada navideña potencialmente perturbadora. La mayoría de los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte y los controladores de tráfico aéreo seguirían trabajando, pero al igual que durante el cierre de finales de 2018, los viajeros podrían sufrir retrasos en los aeropuertos en una época intensa como pocos, con al menos 40 millones de pasajeros.
Al menos 59 mil de los 62 mil empleados de la agencia son considerados “esenciales”, lo que significa que continuarían trabajando sin paga durante un cierre. “Si bien nuestro personal se ha preparado para manejar grandes volúmenes de viajeros y garantizar viajes seguros, un cierre prolongado podría significar tiempos de espera más prolongados en los aeropuertos”, dijo Langston al New York Times.
¿Cómo se prepara el gobierno federal? La Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca tiene un conjunto de planes que las agencias federales han desarrollado en caso de un cierre. Otras instituciones de Washington, como la Galería Nacional de Arte. Las agencias federales organizan a sus empleados según la urgencia de su trabajo en un cierre, utilizando categorías como “necesario para realizar actividades expresamente autorizadas por la ley”; “necesario para el desempeño de los deberes y poderes constitucionales del presidente”; y “necesario para proteger la vida y la propiedad”. Los departamentos proporcionan estimaciones de cuántos empleados de esas categorías probablemente trabajarían durante un cierre.
El Departamento de Salud mantendría a unos 50 mil de sus empleados trabajando sin paga tras un cierre, en las áreas más urgentes. Y la mitad de los trabajadores de Seguridad Interior también seguirían en sus puestos por ser “necesario para proteger la vida y la propiedad”.
