El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela "no cumplió" las medidas básicas de "transparencia e integridad" en las presidenciales del 28 de julio, que la oposición denuncia como un fraude, concluyó un informe preliminar de un panel de expertos de la ONU publicado este martes.
El CNE "no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y todos los plazos establecidos fueron incumplidos", señala el reporte de los cuatro especialistas electorales desplegados en el país suramericano por las Naciones Unidas.
El CNE, sin mostrar desde entonces las actas electorales, proclamó reelecto con el 52% de los votos al presidente Nicolás Maduro para un tercer periodo de seis años. Pero la oposición liderada por María Corina Machado reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, y ha denunciado un fraude. Los resultados desataron, además, protestas que dejaron 25 muertos, 192 heridos y más de 2.400 detenidos.
"El anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas", agregaron los expertos de la ONU, que estuvieron en Venezuela desde finales de junio hasta el 2 de agosto.
El documento señala que las autoridades venezolanas "cooperaron y apoyaron el despliegue del panel", pero que después del cierre de las urnas, "lamentablemente, y a pesar de una solicitud enviada por nota verbal, no pudo reunirse con la Junta Directiva del CNE antes de su partida".
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también expresó este martes su preocupación por las detenciones arbitrarias en Venezuela durante las protestas poselectorales y el uso desproporcionado de la fuerza que alimentan el "clima de miedo" desde las presidenciales.
El chavismo tildó a los especialistas de "basura" y propuso prohibir la observación de "extranjeros" en futuros comicios
Al cuestionar críticas del Centro Carter y previo a la publicación del informe de la ONU, el presidente del Parlamento venezolano, el dirigente chavista Jorge Rodríguez, propuso reformar la ley para que "nunca más" enviados extranjeros participen como observadores o acudan al país "a tomar posición" durante los comicios del país.
"Venezuela rechaza de manera categórica" el informe, "el cual difunde una serie de mentiras", respondió la cancillería en un comunicado. "Representa un absoluto acto imprudente que mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica", agregó.
"Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabra, porque firmaron (un acuerdo) diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el poder electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas (Antonio Guterres)", rechazó Rodríguez en una sesión de la unicameral Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno.
El legislador planteó "una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición" sobre comicios. "¿Por qué tienen que venir?, ¿a cuenta de qué?", continuó.
Las palabras de Jorge Rodríguez se produjeron en una sesión en la que el Parlamento abordaba un controversial paquete de leyes para reforzar penas por "delitos de odio" y regular el funcionamiento de las ONGs y de las redes sociales, iniciativas que activistas temen que limiten los derechos civiles.
El paquete incluye, además, una ley contra el "fascismo", término con el que el gobierno suele referirse a sus detractores, que a partir del miércoles entra en fase de consulta pública. Ese proyecto de ley plantea la ilegalización de partidos políticos y multas de hasta 100.000 dólares para empresas, organizaciones o medios que financien actividades o difundan información que "incite al fascismo".
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"Si usted no es fascista no se preocupe", dijo el poderoso parlamentario chavista Diosdado Cabello. La ley de ONGs obligaría a estas organizaciones a inscribirse en un registro local y hacer una "relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros".
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) estimó en X que "esta ley restringiría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública". La primera discusión de este proyecto se remonta a 2023 y está pendiente la segunda. Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia tienen normas similares en la región.
ML
