El empresario Alfredo Etchegaray, quien puso en marcha la operación para rescatar el águila de popa del acorazado alemán Admiral Graf Spee, demandó al Estado uruguayo por 25 millones de dólares. En ese sentido, presentó la semana pasada un escrito por compensación, daños y perjuicios, lucro cesante y daño moral.
En la denuncia, Etchegaray alegó un “arbitrario comportamiento estatal” en torno a los derechos sobre los objetos recuperados del naufragio que se encontraba frente a la costa uruguaya desde 1939. Según informó El País, la demanda fue presentada el18 de diciembre y también participan la viuda y las hijas del buzo Héctor Ernesto Bado, que rescató el águila. La presentación se basa en lo establecido en el artículo 24 de la Constitución, que indica que el Estado será civilmente responsable por el daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos.
El monto reclamado se entiende como una “justa compensación” y se trata del equivalente al 50% del valor bruto de los objetos extraídos. Para fijar esa cifra se recurrió a las tasaciones efectuadas por dos rematadores de plaza. El primero de ellos es Sebastián Zorrilla de San Martín, quien estimó que el valor del águila podría superar hoy los 50 millones dólares. Por su parte, Luis Ignacio Gomensoro coincidió con el número, indicando que en una subasta internacional en la que participen Estados, museos o coleccionistas de reconocida trayectoria, el objeto podría llegar a venderse por un monto que va desde 40 millones a 50 millones de dólares.
El 5 de agosto de 1997, Etchegaray pidió ante la Prefectura Nacional Naval permiso de búsqueda del Graf Spee, el buque de guerra nazi que fue dinamitado por capitán Hans Landsgroff frente a las costas de Montevideo. Seis años después, el 18 de febrero de 2003, la autorización fue concedida. Según lo citado por el empresario, se acordó que el costo de la búsqueda correría por su exclusiva cuenta y que el beneficio se dividiría al 50% con el Estado.
En febrero de 2005 se logró extraer el telémetro del acorazado y, un año más tarde, el águila imperial. A partir de los descubrimientos, el empresario pidió poder llevar adelante la venta de los objetos rescatados. En el caso del águila, se solicitó su traslado al exterior para su exhibición y comercialización en subasta pública internacional. A eso le siguieron varios años de negociaciones e instancias judiciales que tuvieron marchas y contramarchas.
En tanto, Etchegaray sostiene que siembre hubo acuerdo entre las partes en que le correspondía un 50%. La diferencia estaba en cómo, cuándo y en qué condiciones proceder a la comercialización de estos objetos. Sin embargo, desde junio de 2006 el águila permanece, encajonada y lacrada, en la base del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) de la Armada.
“Se trata de dos piezas icónicas del régimen nazi, que cualquier museo del mundo estaría deseoso de obtener para exhibir”, argumenta el empresario en su demanda. “A pesar de ellos, el Estado ha decidido ir por el camino de oponerse a la venta de estas piezas, utilizando para ello lo más absurdos y contradictorios argumentos”, agrega, a la par que afirma que el Ejecutivo Nacional determinó no abonar ninguna contraprestación, compensación o indemnización.
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El documento también señala que, a pesar de conocer “la postura” y el “interés” de Alemania y del Comité Central Israelita del Uruguay, que entre 2004 y 2006 manifestaron al gobierno de Tabaré Vázquez su oposición al rescate de “objetos nazis” con fines comerciales, el Estado siguió extendiendo las prórrogas del permiso de investigación hasta 2009, con el objetivo de “maximizar el resultado económico”.
Asimismo, detalla múltiples gestiones y reuniones con representantes de diferentes gobiernos en busca de una solución para la venta del águila o de una compensación económica. Según el empresario, entre 2022 y 2023 se llevaron a cabo encuentros con el presidente Luis Lacalle Pou y el entonces prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés. En dichas reuniones, asegura, se alcanzó un acuerdo transaccional “verbal” que contemplaba el pago de 5 millones de dólares por parte del Estado y que llegó a formalizarse en un documento.
Como parte de su demanda, Etchegaray presentó informes de varios expertos en Derecho Constitucional. Entre ellos, Martín Risso señala: “Resulta absolutamente claro que negar el derecho a la reparación de los daños de los permisarios rescatistas iría, en forma clara y grosera, en contra del valor de justicia, del principio de responsabilidad, del principio de buena fe, e implicaría un beneficio desmedido y desproporcionado para el Estado que, aprovechándose ilegítimamente de las inversiones de los particulares, recibe en forma exclusiva todo el beneficio de dichas inversiones”.
Risso también argumenta que “el Estado no invirtió nada y el solo hecho de que pueda quedarse con el águila sin abonar nada a quienes la extrajeron es inadmisible e incompatible con el valor Justicia”. Según el catedrático, si el Estado deseaba conservar el águila como su propiedad, debía haber llevado a cabo por sí mismo su extracción en lugar de autorizar a un tercero para realizarla.
La demanda acusa al Estado de “enriquecimiento ilícito” al haberse “apropiado”, según el reclamante, del total del rescate del naufragio del Graf Spee. En tanto, Etchegaray solicitó al juzgado que se cite a declarar a unas 15 personas, incluido el actual mandatario.
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