La vicepresidenta suspendida de Ecuador, Verónica Abad, denunció que el presidente del país, Daniel Noboa, pretende dar un golpe de Estado impidiendo la sucesión presidencial y en contra de la Constitución y las leyes vigentes.
Abad divulgó ayer un video en sus redes sociales en el que afirma que hoy asumirá la presidencia, tal como estipula la Constitución, ya que Noboa debe tomar licencia para dedicarse a la campaña electoral de febrero próximo, una interpretación que el oficialismo cuestiona.
Antes, en una conferencia organizada por diversas fuerzas políticas, Abad, duramente enfrentada a Noboa, aseguró que “el día domingo 5 de enero tiene que darse la sucesión presidencial o estaríamos frente a un golpe de Estado, ante una persona que únicamente por su autoritarismo, por el no cumplimiento de la ley, mal usando decretos, mal usando recursos, mal usando la función pública, con el único motivo de desordenar, ante tan solamente un capricho, hasta este momento no nos ha dado razón a los ecuatorianos de por qué lo hace”.
Noboa y Abad entraron en cortocircuito poco después de las elecciones, antes aún de la asunción del poder de parte del actual presidente que, poco después de asumir, en noviembre de 2023, la designó “embajadora en Israel”. Poco después, otro decreto la suspendió, por supuesto “abandono de funciones” en la Embajada de Israel. Luego de que la Justicia dejara sin efecto esa suspensión, Noboa le asignó nuevas funciones a Abad, en este caso como consejera en la legación en Turquía, donde no se presentó. Ante eso, un nuevo decreto la declaró ausente en el cargo y nombró “vicepresidenta interina” a la ministra Sariha Moya.
Además, el gobierno acusó a Abad de “desacato” por ignorar el decreto, como sostuvo el ministro de Gobierno, José de la Gasca. “Hasta el día de hoy, no se ha presentado a cumplir en Ankara” con las funciones encomendadas, dijo el ministro. “Es un hecho grave que atañe y golpea la institucionalidad de la función ejecutiva, que supone además un desacato”.
“Eso tiene graves consecuencias, pero sobre todo deja un vacío en la vicepresidencia que es preciso llenar”, manifestó al justificar la designación de la ministra Moya como “vicepresidenta interina”.
Ayer, Abad dijo que ese decreto era una “herejía jurídica, inconstitucional, arbitrario e inválido”.
La ley. El Artículo 93 del Código de la Democracia ecuatoriano establece que si el presidente aspira a la reelección debe tomar licencia sin sueldo desde el inicio de la campaña electoral. Desde el partido de Noboa, Acción Democrática Nacional (ADN), advierten de un posible delito de usurpación y simulación de funciones públicas si se fuerza a que el presidente tome licencia para hacer campaña electoral.
La decisión de Noboa de relevar a Abad de su cargo impediría que ella asumiera hoy la presidencia si debe tomar esa licencia para los comicios del próximo 9 de febrero, en los que hay inscriptos 16 candidatos.
Sin embargo, para su administración, Noboa no está obligado a tomar a una licencia, porque para efectos de la ley no estaría participando en una “reelección” porque completó el período presidencial de Guillermo Lasso, interrumpido tras decretarse la llamada “muerte cruzada”, un mecanismo por el cual un presidente acorta su mandato y disuelve la Asamblea.
Narco. Toda esta tensión política se da en el marco de la guerra que el país vive contra las bandas del narcotráfico, que llevó a que Noboa decretara un nuevo estado de excepción en Quito y siete de sus 24 provincias son consideradas las más violentas.
La medida por sesenta días suspendió los derechos a la inviolabilidad del domicilio y correspondencia en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro, y las amazónicas de Orellana y Sucumbíos.
El actual estado de excepción está en vigencia desde el jueves y fue implantado por la grave conmoción interna y el conflicto armado interno, declarados el año pasado por la violencia narco.
Noboa ha recurrido a esa facultad de forma permanente ante una arremetida de grupos narcos que se disputan el poder a sangre y fuego en las calles y las prisiones. “Esta declaratoria se fundamenta en el incremento de índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados”, señala el decreto difundido en el portal electrónico de la Presidencia.
La medida fue tomada en medio de fuertes críticas de organizaciones sociales contra Noboa por atentados a los derechos humanos registrados en 2024 con los militares movilizados en las calles para la lucha contra el crimen organizado. El 8 de diciembre, cuatro adolescentes fueron aprehendidos en un operativo militar y luego sus cuerpos hallados incinerados cerca de una base de la Fuerza Aérea, por lo que 16 soldados están en prisión preventiva, acusados en principio por el delito de desaparición forzada, castigado con hasta 26 años de cárcel.
