La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela alertó ayer sobre el riesgo de “la desintegración del Estado de derecho” en el país por el agravamiento de la situación de los derechos humanos y la reactivación “de la maquinaria represiva” del gobierno de Nicolás Maduro, tras las elecciones del 28 de julio.
“Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión: un plan para desalentar, silenciar y anular la oposición política y las voces críticas al gobierno del presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia de los resultados electorales”, dijo en el Consejo de Derechos Humanos la presidenta de la Misión, la portuguesa Marta Valiñas.
La Misión presentó ayer su último informe, en el que constata que los recientes abusos de los derechos humanos que ha podido documentar –como detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual– son una continuación de las violaciones que en el pasado consideró que constituían crímenes de lesa humanidad.
Valiñas enfatizó que durante la campaña electoral, entre el 4 y el 25 de julio, la Misión documentó hasta 121 detenciones de personas que fueron arrestadas simplemente por haber prestado algún servicio en los actos de campaña de la oposición.
Las detenciones investigadas por el equipo de la ONU fueron arbitrarias y en algunos casos “seguidas de actos de tortura y de desapariciones forzadas de corta duración”, se informó en el reporte.
A pesar de las advertencias del gobierno sobre la posibilidad de un estallido de violencia si Maduro no ganaba las elecciones, entre el 29 y 31 de julio hubo 915 protestas en todo el país, en las que se ha podido confirmar la muerte de 25 personas, que –con una excepción– fallecieron por disparos de arma de fuego”, según el informe.
“La Misión no tiene aún evidencia suficiente para atribuir autoría en estos casos, pero en varios se ha documentado la presencia de efectivos de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas”, indicó Valiñas.
También denunció “una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico” entre otros.
La comunidad internacional “enfrenta una gran responsabilidad para detener esta persecución, para que las violaciones y delitos que se han cometido y que continúan cometiéndose no queden impunes y para dar aliento a las víctimas asegurando que podrán obtener justicia”, añadió.
El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Alexander Yáñez, rechazó con vehemencia las denuncias de la Misión y afirmó que la ola de violencia poselectoral ha sido generada “por la derecha fascista de Venezuela” que “empleó bandas criminales para atacar personas y quemar y destruir instituciones públicas”.
“No fueron protestas pacíficas”, señaló el diplomático.
La líder opositora María Corina Machado intervino ayer en la sesión del Consejo de la ONU.
“Agradezco a los expertos de la Misión por la presentación este valioso y urgente informe”, dijo Machado sobre este documento al exponer su discurso online. “Hoy les hablo desde un resguardo obligado”, dijo.
“Después de la avasallante victoria de las fuerzas democráticas en las elecciones presidenciales del 28 de julio, el régimen desató una bruta ola de represión a través de fuerzas civiles, militares y paramilitares”, apuntó al recalcar que hay cientos de detenidos entre ellos “niños acusados de terrorismo y mujeres abusadas sexualmente” (como recoge el informe).
“Todos quienes tuvimos responsabilidad directa en la defensa del voto hoy estamos en la clandestinidad, exiliados, bajo asilo o presos. Nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia fue forzado a exilio bajo terrible hostigamiento y amenazas”, completó Machado.
“Los venezolanos necesitamos su apoyo. Escuchen nuestro llamado y hagan valer el mandato de las normas internacionales que ustedes protegen”, completó.
Desde Caracas, el gobierno de Maduro rechazó “de manera categórica” el informe de Ginebra. La cancillería divulgó un comunicado en el que lo calificó de “vulgar y panfletario, redactado por una misión ilegítima, politizada e ideologizada”, cuyo único objetivo es “cumplir órdenes emanadas desde Washington, para aplicar la política estadounidense de cambio de régimen”.
