"Hipocresía", "shock" o "absurdo" rezaron los principales medios israelíes cuando dieron a conocer el pedido de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por la ofensiva militar en Gaza.
En el marco de la investigación de la presunta comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, el mandatario de Israel se convirtió en el primer líder de una democracia liberal "occidental" en ser procesado por un tribunal internacional, en medio de un amplio rechazo de sus aliados. Especialmente Estados Unidos, donde demócratas y republicanos se unieron contra la decisión del tribunal que originariamente "no fue concebido" para "ir contra ellos", según admitió el senador Lindsey Graham recientemente.
En Israel, la furia que despertó la decisión de la CPI, el organismo de justicia penal bajo la órbita de la ONU, no discriminó filiación política. Incluso en medio de los reclamos contra el gobierno por un alto al fuego que permita liberar a los rehenes. Tampoco calmó las aguas el pedido de captura del jefe militar de Hamas, Mohamed Deif -presuntamente muerto según Tel Aviv-, para rendir cuentas por los crímenes cometidos en la masacre del 7 de octubre en el sur israelí.
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Para el fiscal de la CPI, el británico Karim Khan, "existen motivos razonables para creer que los sospechosos cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad dentro de la jurisdicción de la CPI", que incluye no solo a la Franja de Gaza sino a otros los territorios ocupados, como Cisjordania y los Altos de Golán.
Más allá del aluvión de críticas y amenazas -según denunció el propio Khan-, el jefe del primer tribunal penal internacional asegura que existen "pruebas suficientes" para llevar a Netanyahu, Gallant y Deif al estrado. La evidencia, que incluye entrevistas con sobrevivientes, videos de redes sociales e imágenes satelitales, fue revisada por un panel de expertos en derecho internacional. Del selecto grupo se destaca el juez de la CPI, Theodor Meron, un sobreviviente del Holocausto que parecería tener la clave para desatar un nudo que vincula el sangriento devenir histórico del conflicto árabe-israelí, con el ideal de justicia y el realismo en política internacional.
Profesor en derecho internacional humanitario, el destacado asesor del fiscal Karim Khan también fue testigo de otro momento clave de la historia: como exfuncionario israelí, en 1967 advirtió contra los asentamientos de colonos en territorios palestinos ocupados, una consulta que no fue tenida en cuenta y que podría haber cambiado la historia en Medio Oriente. "Nunca me arrepentí de dar esa opinión", dijo Meron en una oportunidad.
De sobreviviente del Holocausto a juez penal internacional: la historia de Theodor Meron
A sus 94 años, quien fuera un niño prisionero de los nazis forma parte del tribunal penal internacional creado en 1998 para investigar y juzgar crímenes graves cometidos por personas, incluido el genocidio. Un ciclo que se cierra con una férrea defensa del imperio de la ley en un contexto desafiante para el multilateralismo. "Mi vida es un círculo. Pasé de la Segunda Guerra a juzgar crímenes de guerra de manera justa. Es una maravilla", reflexionó Theodor Meron en 2011, ante un auditorio colmado organizado por las charlas TED, pensando en el simbolismo que esconde su historia.
Meron nació en 1930 en el seno de una familia judía de clase media en Polonia. Su infancia fue "feliz" pero abruptamente interrumpida tras la invasión de la Alemania. "Mi vida fue inevitablemente alterada por la Segunda Guerra Mundial", contó. De esta forma, a sus 9 años se convirtió en un refugiado, convirtiéndose en testigo de las políticas deshumanizantes implementadas por los nazis contra los judíos y otras minorías, culminando con su familia asesinada en campos de exterminio.
Sin embargo, Meron sobrevivió y emigró a Palestina, donde tenía algunos parientes que se habían radicado en el territorio que todavía estaba bajo mandato británico, en medio de la ola migratoria de judíos europeos refugiados. "A los 15 años, cuando la guerra terminó, me encontré sin familia, sin educación, y con la única obsesión de encontrar un sentido a todo ese dolor", contó respecto al origen de su destacada carrera.
La tragedia de su infancia y el vacío educacional que sufrió, cuenta, lo llevó a una vida de estudio y reflexión profunda sobre el sufrimiento humano. También lo enfrentó a una causa que sería el hilo conductor de su vida: hacer que los responsables de crímenes contra la humanidad rindan cuentas. Desde entonces, Meron se dedicó a estudiar, especializándose en derecho internacional, derechos humanos y derecho humanitario.
A lo largo de su vida, Meron reconvirtió su destino marcado por el Holocausto, el genocidio que sentó las bases del sistema internacional posterior a 1944 y que se dedicó a defender. Asimismo, también dio lugar al tribunal ad hoc de Nuremberg que juzgó a los criminales de guerra nazi, un antecedente de los tribunales penales que él integraría posteriormente, como el de Yugoslavia o, en la actualidad, la Corte Penal Internacional, un organismo permanente de la ONU.
"Es importante llamar a los crímenes por su nombre. Las palabras y los juicios creíbles tienen resonancia. El Holocausto no podría haber sido llevado a cabo sin la colaboración de tantos que aplicaron esas políticas de varias maneras", puntualizó en la charla publicada en YouTube, en un intento de alzar la voz por el respeto al derecho internacional que busca prevenir este tipo de crímenes contra la humanidad.
El "bautismo de fuego" en la Cancillería israelí y la advertencia contra los asentamientos
Un punto crucial en la historia de Meron fue es su paso por la Cancillería israelí, donde protagonizó un momento que podría haber cambiado la historia reciente entre Israel y Palestina. En 1967, el gobierno de Levi Eshkol había derrotado a la coalición árabe en la Guerra de los Seis Días que redefinió el mapa en Medio Oriente: Israel había ocupado los territorios que la ONU había asignado al futuro estado palestino en 1948, incluida la Franja de Gaza y Cisjordania; pero también los Altos de Golán sirios y la península del Sinaí, que fue luego devuelta a Egipto en un acuerdo de paz.
En ese momento Meron tenía apenas 37 años, un currículum destacado y se había convertido en la autoridad del gobierno en materia de derecho internacional. Según un archivo secreto gubernamental revelado por el historiador y periodista israelí, Gershom Gorenberg, Meron fue consultado por el primer ministro acerca de si existía un vacío legal internacional que permitiera llevar adelante la colonización de los territorios palestinos y sirios ocupados, mediante una política consistente de asentamientos de colonos ultraortodoxos que ya despojaban a los árabes palestinos de esas tierras.
"Tuve mi bautismo de fuego rápidamente con un pedido del primer ministro de Israel para una opinión legal del establecimiento, bajo el derecho internacional, de colonias en Cisjordania, Gaza y los Altos de Golán. Escribí que esas colonias violaban la Cuarta Convención de Ginebra y los derechos de propiedad de los habitantes árabes de Palestina", contó Meron, verificando el texto citado por el periodista israelí.
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En tanto, la Convención de Ginebra de 1949 sobre la protección de los civiles en tiempo de guerra prohibía a una potencia ocupante trasladar parte de su población a territorio ocupado, explicó Meron en aquel entonces. La normativa internacional, agregó, buscaba "impedir la colonización" por parte del Estado conquistador.
Recordando aquel emblemático momento histórico, Meron también recordó que fue más allá y le dijo a los altos mandos israelíes que proceder de esa forma constituiría un "impedimento para la paz" en la región. No obstante, el consejo de Meron fue desestimado y la política de asentamientos en los territorios ocupados avanzó. "Mi opinión no fue tenida en cuenta y una ola de colonias siguió, haciendo mas difícil la posibilidad de un acuerdo de paz en el futuro", dijo.
"Los archivos de la oficina testimonian dos cosas. La primera: a mediados de septiembre de 1967, Eshkol sabía que el asentamiento de civiles en tierras ocupadas, incluida Cisjordania, violaba el derecho internacional. La segunda: a principios de septiembre, después de casi tres meses de sopesar el futuro de Cisjordania, Eshkol estaba explorando activamente asentamientos en la región", escribió Gorenberg en su libro "El imperio accidental: Israel y la política de asentamientos 1967-1977".
Mapas: archivo de la ONU sobre los asentamientos en Cisjordania (izq) y Google Maps.
"Nunca me arrepentí de dar esa opinión. Los asesores legales deben ser fieles a las leyes", agregó Meron en otra oportunidad.
Con el correr de las décadas, esta política arraigada en los gobiernos israelíes devino en un espiral de violencia creciente contra los residentes de los territorios ocupados que no cesó desde entonces, con cientos de asesinatos y despojos de viviendas, entre otros crímenes realizados por colonos y denunciados por organizaciones como la ONU o Human Rights Watch, que contaron con la complicidad del Ejército israelí. En la actualidad, la impulsa abiertamente la coalición gobernante a través del ministro de finanzas, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad nacional, el extremista y colono Itamar Ben Gvir.
La vida como jurista internacional y el caso Israel-Hamas
Posteriormente Meron se radicó en Estados Unidos y emprendió una larga carrera académica combinada con su labor de jurista por la que fue premiado en múltiples oportunidades. Además, fue un protagonista de la jurisprudencia penal internacional, al ser convocado como juez de los tribunales que juzgaron a los responsables del genocidio yugoslavo (1991-1994) y ruandés (1995). Entrados los 2000, fue convocado para integrar la Corte Penal Internacional, una iniciativa de 1998 ratificada por 194 países de la ONU y que constituyó el primer tribunal penal permanente.
Actualmente es profesor de la Universidad de Oxford y asesor del fiscal de la CPI en el reciente caso contra los líderes de Israel y Hamas, casualmente el lugar al que emigró después de sobrevivir al Holocausto. Cumpliendo su función y reivindicando al derecho para promover una sociedad global más justa, Meron intenta dar claridad desde el imperio de la ley y aclara: no tiene en cuenta en su análisis "reivindicaciones históricas o religiosas" de ningún bando.
Esto quiere decir, explica Meron, que la CPI "no avanza sobre los motivos o las razones" del último capítulo del conflicto palestino-israelí (y que abarca desde la política de asentamientos desde hace casi 60 años hasta la masacre del 7 de octubre), sino en el modo en que ambos bandos libraron la guerra actual en Gaza.
La orden de arresto contra Netanyahu permitió que quedara en la lista negra de otros líderes investigados por este tipo de delitos, como el ruso Vladimir Putin el sirio Bachar Al Asad. La Corte, en tanto, instruyó la investigación al corroborar que Israel actualmente no lleva a cabo investigaciones propias con las garantías de un debido proceso legal, según destacó el diario israelí Haaretz; y que hubieran evitado la persecución internacional (según el principio de complementariedad). Se lo acusa, junto a Gallant, de atacar directamente a la población civil de Gaza y usar el hambre como arma, entre otros crímenes de guerra.
A pesar de que la CPI presume inocente a Netanyahu hasta que dicte sentencia -al igual que ocurre con los sistemas penales de los Estados-, el primer ministro israelí reaccionó con dureza al pedido de captura. Como era de esperarse, la tildó de "una decisión antisemita" y acusó a la CPI, a la que pertenece Meron, de ser un "organismo político parcial y discriminatorio". "Sugerir que Meron está persiguiendo a Israel parece ridículo. Afirmar que es antisemita es obsceno", analizó Gorenberg en un artículo de opinión publicado en la revista Foreign Policy.
En otro intento de defender el debido proceso en función de los derechos humanos, y enfrentando a sus críticos, Theodor Meron, el chico que sobrevivió al genocidio nazi contra el pueblo judío y que se convirtió en un luchador por la rendición de cuentas de criminales de guerra, concluyó:
"No se trata de intentar redefinir la historia sino de aplicar la ley. En una sociedad ordenada, el imperio de la ley requiere que aceptemos todas las decisiones, incluso aquellas con las que estamos en desacuerdo".
