Durante el último año, Bolivia empezó a sufrir, de manera cada vez más frecuente, problemas por la escasez de combustible. El Gobierno de Luis Arce había negado la existencia de una crisis, afirmando qye el suministro era irregular como consecuencia de factores externos, o por la especulación o el exceso de demanda, pero una y otra vez relativizó el tema señalando que "la provisión estaba asegurada".
Después de varios meses repitiendo estos argumentos, esta semana, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, y el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, admitieron finalmente, en una conferencia de prensa, que el problema real de la falta de combustible es que el país no tiene los dólares necesarios para las importaciones, razón por la cual no se puede cubrir la demanda local..
En ese contexto, el presidente Arce autorizó a la petrolera estatal a comprar dólares y activos virtuales para costear la importación de combustibles; además, dictó diez medidas para reducir el consumo local (incluyendo el dictado de clases virtuales, cambios de horarios para los funcionarios públicos y la priorización de distribución de combustibles entre el sector agropecuario).
El Presidente, además, lamentó que la Asamblea Legislativa Plurinacional no apruebe créditos externos y definió este retraso como un “boicot” económico. Muchos expertos salieron a cuestionarlo, asegurando que los créditos no son de libre disponibilidad y que, a pesar de que permitirían el ingreso de dólares, solo permitirían cubrir la demanda de unos cuantos meses, por lo que no resolvería el problema central.
Ante las voces de gremios y políticos que pidieron su renuncia en los últimos días, el referente del oficialismo señaló que no piensa hacerlo. "No vamos a renunciar", aseguró.
La realidad es que las filas de autos frente a las estaciones de servicio son cada vez más largas y provocan graves problemas de tráfico en las principales ciudades del país, con choferes que denuncian que deben esperar desde cinco horas hasta días enteros para poder conseguir diésel.
Ante esta situación, surgió un mercado negro de combustible que se vende en las carreteras y a través de redes sociales a un precio tres veces mayor al oficial. Ante las crecientes quejas de los ciudadanos, las autoridades expresaron que están trabajando para resolver el problema, pero todavía no han detallado cómo ni cuánto tiempo durará el desabastecimiento. El plan del gobierno sería aumentar el volumen de compra a través de cripto activos, ofrecer combustible a un precio más alto para los sectores estratégicos, insistir con la aprobación de los créditos y realizar exploraciones para aumentar la producción de hidrocarburos y agrocombustibles.
Mientras tanto, según la radio boliviana Panamericana, hay bloqueos de rutas en diferentes puntos del país y exigencias de que renuncien las autoridades aduaneras.
El 60 por ciento del transporte no estaría operando por falta de combustible, lo que afecta la distribución de alimentos y servicios esenciales. Por ese motivo, ciudadanos de Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, protestaron el pasado jueves 13 de marzo llevando cacerolas vacías.
“Santa Cruz y Bolivia viven días de angustia, de zozobra, nuestras familias están demostrando que no hay qué echarle a la olla, no podemos ya mantener a nuestros hogares, a nuestras familias”, dijo a la agencia EFE el presidente de la Federación Departamental de Juntas de Vecinos de Santa Cruz, Omar Rivera. Y añadió: “La angustia es grande y el futuro es incierto, es por eso que salimos a las calles”.
Cómo empezó la crisis
Bolivia tuvo una década de crecimiento económico gracias a la venta de hidrocarburos, pero, desde el 2014 hubo un descenso sostenido en la producción gasífera y en las exportaciones, lo que comenzó la crisis de la industria petrolera local. En el primer trimestre de 2023, esta situación empezó a sentirse en las calles, cuando se restringieron las transacciones en dólares implementándose un “corralito” que limita el retiro de ahorros en la divisa norteamericana, hacer giros internacionales, usar tarjetas de crédito en el exterior y realizar pagos por Internet.
Cómo suele suceder en estos casos, la falta de dólares generó el surgimiento de un mercado paralelo, donde la moneda estadounidense vale casi el doble que el tipo de cambio oficial.
En ese contexto, la dotación de combustibles se vio afectada por dos factores íntimamente relacionados: la caída en la producción local y la falta de dólares que complica la importación de diésel y nafta.
Es importante recordar que el mercado interno de Bolivia depende de las importaciones de combustible. Según datos oficiales, el Estado compra el 86% del diésel y el 56% de la nafta que necesita para abastecer la demanda local, esto permite entender por qué el desabastecimiento de diésel suele ser siempre más drástico.
En el año 2024, Bolivia gastó 3349 millones de dólares para la importación, y en esta gestión se presupuestaron 56 millones de dólares semanales.
Al gasto que representa comprar carburantes se suma otro detalle: el Estado boliviano subvenciona el producto, lo que quiere decir que lo vende a un precio inferior al que lo compra. Esto queda muy claro al verse las cifras: el litro de nafta y diésel se comercializa a 0,53 dólares, aproximadamente, cuando, según las estimaciones realizadas por el Gobierno a fines de noviembre del 2024, el precio debería ser de 1,20 o 1,25 dólares. Esta situación provocó el nacimiento de redes de contrabando que operan dentro y fuera del país. Se calcula que Bolivia pierde 600 millones de dólares anuales por la venta ilegal en las fronteras.
HM
