Ali Yerlikaya, ministro de Interior de Turquía, indicó este martes 25 de marzo que las fuerzas de seguridad han arrestado a 1418 personas desde el comienzo de las protestas la semana pasada. Actualmente, hay 979 personas bajo custodia y 478 serán remitidas a las autoridades judiciales, explicó el funcionario a través de su cuenta en la red social X.
Las movilizaciones en Turquía comenzaron tras el arresto del alcalde socialdemócrata de Estambul, Ekrem Imamoglu, bajo cargos de corrupción, una medida que los partidarios de la oposición vieron como una violación del estado de derecho y una persecución política por parte de su principal rival, el presidente de derecha Recep Tayyip Erdogan.
Las autoridades han respondido a las protestas con una represión que generó alarma en los grupos de derechos humanos, especialmente luego de que siete periodistas que cubrieron las marchas fueron puestos bajo custodia por un tribunal de Estambul el martes 25 de marzo. Entre ellos se encontraba el fotógrafo de la AFP Yasin Akgul, lo que generó un fuerte mensaje por parte de la agencia de noticias con sede en París. “Su encarcelamiento es inaceptable. Por eso les pido que intervengan lo antes posible para lograr la pronta liberación de nuestro periodista”, exigió el director general y presidente de la agencia, Fabrice Fries, en una carta enviada directamente a la presidencia turca.
El tribunal acusó a Akgul, de 35 años, y a los demás periodistas de “participar en manifestaciones y marchas ilegales”, pero Fries remarcó que Akgul no participó en la protesta, sino que solo la cubrió como fotógrafo. La organización defensora de la libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF) también denunció estos arrestos como “escandalosos” y su representante en Turquía, Erol Onderoglu, aseguró que “reflejan una situación muy grave en Turquía”.
El ministro del Interior había advertido que “no habrá concesiones para aquellos que intenten aterrorizar a la población o que intenten atacar nuestros valores nacionales y morales, así como a nuestra policía”. Sin embargo, grandes multitudes han desafiado explícitamente esta prohibición oficial y han salido a las calles diariamente desde el arresto de Imamoglu, el 19 de marzo, extendiendo los disturbios por toda Turquía y provocando graves enfrentamientos nocturnos con las fuerzas de seguridad.
Frente a esta crisis, el presidente Erdogan definió a las manifestaciones como “terrorismo callejero”: “Quienes siembran el terror en las calles y quieren incendiar este país no tienen adónde ir. El camino que han tomado es un callejón sin salida”. Mientras el mandatario hacía estas declaraciones, miles de estudiantes marchaban por el distrito Sisli de Estambul gritando: “Gobierno, dimisión”. Los vecinos de edificios de la zona hicieron un cacerolazo.
Muchos manifestantes han decidido cubrirse la cara con máscaras o bufandas para no ser identificados por la policía. “No podemos expresarnos libremente”, declaró a la AFP una estudiante que se identificó como Nisa, y añadió que se unió a la protesta “para defender la democracia”. Por su parte, otro joven explicó su postura: “Al igual que la gente salió a la calle para apoyar a Erdogan durante el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, estamos en la calle para apoyar a Imamoglu. No somos enemigos del Estado, pero lo que está ocurriendo es ilegal”.
Miles de personas también se manifestaron este martes 25 de marzo en una protesta organizada por el Partido Republicano del Pueblo (CHP), en el distrito de Sarachane, sede del ayuntamiento de Estambul, donde el líder del CHP, Ozgur Ozel, convocó una manifestación multitudinaria para el próximo sábado 29 de marzo: "¿Están listos para una gran manifestación en una gran plaza de Estambul el sábado para apoyar a Imamoglu, oponerse a su arresto, exigir juicios transparentes y abiertos, y decir basta y que queremos elecciones anticipadas?”, invitó.
Preocupación internacional por uso "desproporcionado" de la fuerza
La policía antidisturbios usa cañones de agua, gas pimienta y balas de goma contra los manifestantes. Por ese motivo, el Consejo de Europa denunció un uso “desproporcionado” de la fuerza, mientras que Human Rights Watch remarcó que es un “momento oscuro para la democracia” en Turquía.
La Organización de las Naciones Unidas también mostró su preocupación por las detenciones masivas ordenadas por el Gobierno de Turquía y su “prohibición general ilegal de las protestas”, pidiendo investigar "cualquier uso ilegal de la fuerza". En Washington, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó “preocupaciones” tras una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan.
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