El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo oficial este viernes la declaratoria de estado de conmoción interior en varias regiones del país, una medida que busca enfrentar la grave crisis de orden público destada por múltiples hechos de violencia. La misma alcanza al área metropolitana de la ciudad de Cúcuta, dos municipios del departamento de Cesar y la región de Catatumbo; ésta última azotada por la guerrilla y donde se han registrado más de 80 muertes y más de 30.000 desplazados.
El mandatario colombiano analizó la decisión durante tres dias debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. "Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica", había indicado Petro a través de un mensaje en la red social X. De esta manera, dio luz verde al Ejecutivo para tomar medidas extraordinarias como liberar recursos y restringir la movilidad de los habitantes.
Petro suspende el diálogo con el ELN por los 40 muertos en una semana
En la última semana, diferentes focos de violencia estallaron en el país, el más grave en el Catatumbo, ubicada en el noreste del departamento de Norte de Santander y una pequeña parte al suroeste del departamento del Cesar, en la frontera con Venezuela. Allí, rebeldes del ELN (Ejército de Liberación Nacional) se enfrentan a sangre y fuego contra disidentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y atacaron a la población civil.
"Han perdido la inteligencia. La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia", manifestó Petro al suspender las negociaciones de paz con el ELN, al que acusó de perpetrar "crímenes de guerra".
Este lunes, el Ministerio de Defensa informó sobre la muerte de 20 personas en el departamento amazónico del Guaviare por choques entre dos facciones disidentes de las FARC. Además, se reportaron nueve fallecimientos como resultado del choque entre el ELN y la banda narco Clan del Golfo en el departamento de Bolívar. En el Catatumbo, se desató una crisis humanitaria con más de 80 muertos, al menos 36.000 desplazados y miles de confinados.
La Constitución colombiana dicta que el Jefe de Estado puede decretar el estado de conmoción interna en "caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana". Sin embargo, no escifica medidas y da carta abierta al Ejecutivo para realizar las acciones "necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos".
Petro no dio detalles del alcance de la declaratoria, que puede durar un periodo máximo de 90 días, pero se puede prorrogar "hasta por dos periodos iguales", mientras que pidió ayuda a Venezuela para unir esfuerzos con el fin de desactivar la violencia en la zona fronteriza. En sus redes sociales, expresó que dialogó con Nicolás Maduro para "establecer un plan conjunto de erradicación de bandas armadas".
Bajo el yugo de la guerrilla: La vida en el Catatumbo
En la región en la que se ha desatado una grave crisis humanitaria, miembros de la guerrilla fuertemente armados patrullan en moto las rutas mientras los civiles circulan en autos con banderas blancas amarradas de forma visible, como gesto de paz. Los integrantes del ELN han mostrado su poder al multiplicar sus puestos de control en los accesos para evitar la entrada de los militares y de los disidentes de las FARC.
Desde su conformación en 1964, el Ejército de Liberación Nacional, que exhibe los colores rojo y negro en su bandera, es un actor del conflicto armado interno en Colombia. En el Catatumbo se extienden los cultivos de hoja de coca -materia prima para la fabricación de cocaína- en la zona de las montañas, que representa uno de los principales elementos de la discordia entre los grupos guerrilleros.
El pasado 16 de enero revivió el fantasma de las peores épocas del conflicto armado en la nación del extremo norte sudamericano. El ELN movilizó cientos de milicianos durante días desde el departamento de Arauca, operación que no fue detectada por la inteligencia. Las tropas asentadas en Catatumbo se engrosaron, lo que devino en los hechos de violencia.
Según señaló el Ejército colombiano y algunas organizaciones sociales, los rebeldes ejecutaron una operación de cacería, en la que sus víctimas eran buscadas con "lista en mano", bajo la acusación de ser funcionales a las disidencias. Entre los fallecidos se informó que hay un bebé, dos menores de edad, disidentes y dirigentes que firmaron la paz y fueron considerados como colaboradores.
En ese sentido, actualmente aún hay cinco personas desaparecidas, acorde a lo denunciado por la Defensoría del Pueblo. Además, dijeron que otros "han logrado escapar, ya sea por sus propios medios o en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales".
Además de los 80 muertos, entre los que se encuentran siete firmantes de paz de 2016 según la Defensoría, se reportan confinamientos en varios municipios. El organismo también informó que cientos de familias se desplazaron y continúan desplazándose hacia otros municipios y que en algunas comunidades de la región se empieza a reportar escasez de alimentos.
Las FARC firmaron un tratado de paz con el gobierno colombiano hace nueve años, pero distintos grupos disidentes han mantenido su pugna armada contra otras guerrillas, incluida el ELN, y fuerzas del Estado en varias regiones del país.
Los ataques en El Catatumbo rompieron una tregua incómoda entre estos grupos guerrilleros, inmersos en negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Por este motivo, las autoridades suspendieron todos los diálogos con estas organizaciones.
Estado de conmoción interior
Se estima que próximamente se emitan los decretos reglamentarios que darán precisiones de las acciones específicas a implementar. Estas medidas incluirían la redistribución de recursos y que se pongan en marcha diversos programas sociales para mitigar el impacto de la crisis en las comunidades locales.
La resolución firmada por el presidente colombiano precisa que hasta el 21 de enero de 2025, se han registrado 381 homicidios, incluyendo firmantes del acuerdo final de paz, y 36.137 personas desplazadas forzadamente. Este número contrasta con los 5.422 desplazados reportados en todo el año 2024, lo que es una muestra de la gravedad actual del problema.
También hay 16.482 personas refugiadas en albergues en municipios como Cúcuta, Ocaña y Tibú, mientras que otras 7.122 personas permanecen confinadas en zonas rurales debido a los enfrentamientos entre los grupos guerrilleros.
FP/fl
