La censura es otra de las armas que utiliza la campaña de Jair Bolsonaro para evitar impactos negativos en su imagen. El senador Flavio, uno de los hijos presidenciales, reclamó a la justicia de Brasilia (el distrito federal) que impida la publicación de casos de corrupción contra su familia en medios brasileños. El caso afecta al portal UOL, del grupo Folha de San Pablo, que reveló la compra de 51 propiedades por parte del clan con dinero de origen dudoso. Un juez del tribunal del Distrito Federal, de segunda instancia, aceptó la demanda.
“Esto es una violación sin precedentes en el sistema jurídico brasileño” declaró la abogada Monica Filgueiras, defensora del medio. “Pretende sustraer del debate público, en vísperas de las elecciones, aquellas informaciones relevantes sobre el patrimonio de funcionarios públicos”.
El primer artículo de UOL apareció el 30 de agosto y en él se notificaba la adquisición de inmuebles por los Bolsonaro por un valor del orden de los 5 millones de dólares, en dinero efectivo. Hubo una segunda nota, del 9 de septiembre pasado, que profundizó las revelaciones al señalar que 17 residencias fueron compradas por dos de los hijos del jefe de Estado, el senador Flavio y el concejal Carlos. Y sugirió que ese dinero podría proceder de un esquema ilegal de apropiación de salarios, pagos a personal falsamente empleado en las oficinas parlamentarias de ambos legisladores.
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Aliados del presidente brasileño elogiaron la decisión judicial que obligó al portal a retirar los artículos de circulación. “Es fake news que Bolsonaro haya comprado todo eso. Por primera vez, el presidente es responsable por las decisiones de sus familiares, todos mayores (de edad)” argumentó el diputado Giovani Cherini, del mismo partido que el actual gobernante. “Esos artículos tenían como objetivo perjudicar la reelección”.
A su vez, Flavio Bolsonaro escribió en un Twitter: “Victoria. La justicia entiende que lulistas inventaron el enredo mentiroso y criminal para atacar a Bolsonaro en las elecciones”. Para la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación “preocupa mucho una decisión de la Justicia de obligar al retiro de contenidos basados en hechos y documentos”. La presidenta de esa asociación, Katia Brembatti, juzgó que “no hay ninguna falsa información en esos artículos".
En simultáneo, los grandes medios publicaron el rechazo a las decisiones judiciales por entender que estas impiden “esclarecer” al público, “un hecho fundamental en vísperas de una elección”. Según el columnista Valdo Cruz de Globo News, “sería bueno que ellos (los miembros de la familia Bolsonaro) explicaran cómo hicieron esas compras”.
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La Asociación Nacional de Diarios (ANJ) cuestionó el “acto de censura contra la prensa en el país”. Subrayó que espera que la decisión tomada por la justicia de Brasilia sea rápidamente revisada pues está “en total desacuerdo con lo que determina la Constitución, privando a los ciudadanos de ser libremente informados”. La Federación Nacional de Periodistas (FENAJ) se expresó en término semejantes al señalar que lo ocurrido configura “un atentado a la libertad de prensa, que debe ser condenado por toda la sociedad”.
No es el primer caso en que instancias judiciales se pronuncian contra las divulgaciones de hechos sospechados de corrupción en el gobierno. Hace un mes, un juez de Río Grande del Sur, Jorge Alberto Schreiner Pestana, obligó al diario Estado de San Pablo a excluir de su página Web una denuncia sobre un préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) a un club de tiro de ese estado provincial; un subsidio típico de la era bolsonarista a los entrenadores y los poseedores y de armas de fuego.
*Autora de Brasil 7 días. Desde San Pablo, Brasil.