La durísima campaña del presidente Nayib Bukele encabeza contra el delito en general y los "pandilleros" de las llamadas "maras" en El Salvador sumó en las últimas horas condenas impactantes: tres integrantes de la Mara Salvatrucha" recibieron entre 300 y 400 años de cárcel, sumando entre ellos la insólita cifra de 1.029 años de prisión, según indicó la Fiscalía General, destacando que los sujetos "cometieron diversos delitos, fundamentalmente extorsión agravada y otras acciones de terrorismo".
El informe oficial que José Alfredo Canales fue condenado a 384 años de prisión, en su caso por "extorsión agravada y conspiración para homicidio agravado, además de pertenecer a organizaciones terroristas", mientras que Eduardo Ramírez y Yoni Lobo, que recibieron 325 y 320 años de cárcel, respectivamente, en sus casos condenados por "extorsión y tenencias y manejo irresponsable de armas de fuego".
A Canales, Ramírez y Lobo se los procesó por "crímenes cometidos en 2017 y 2018 en la zona este del país", y la Fiscalía precisó que la actuación de la mafias que los condenados integraban "tenía como víctimas a comerciantes, que debían pagar hasta 200 dólares mensuales bajo amenazas de que sus comercios serían saqueados o destruídos".
La administración de Bukele afronta algunos cuestionamientos internaciones, en el marco del durísimo "régimen de excepción" que ampara la implacable política carcelaria, cuyas fotos con miles de detenidos, en su mayoría jóvenes, han dado a Bukele fama mundial. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos cuestionan muchas de esas condenas o el marco de aquellas detenciones, indicando que se han basado en situaciones de torturas o al menos afectando derechos humanos, pero la administración Bukele rechaza esos cargos y los califica de "acusaciones infundadas".
Así se señala que en los últimos dos años y medio, hubo más de 80 mil detenciones bajo el régimen de excepción, y pero defensores de los DD.HH. dicen haber recibido 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, básicamente por torturas, al tiempo que dan cuentan de "más de 300 muertes que se habrían producido en las cárceles, con casi todas las víctimas mostrando signos de violencia".
La respuesta de los ministros y funcionarios del gobierno de Bukele es invariable: "Denuncias infundadas de organizaciones que solo trabajan intentando proteger a los delincuentes".
Cero Ocio: el plan para reducir algo las condenas
En tanto, como contrapartida, el régimen carcelario de Bukele muestra que miles de los detenidos "trabajan en diferentes oficios en el Centro Penal La Esperanza, situado en la periferia de San Salvador, en un programa reservado a presos comunes y colaboradores de pandillas", pero no a los delincuentes considerados más peligrosos".
"Para nosotros es bienvenido [cualquier pedido de costura], porque nos da una oportunidad para poder estar entretenidos y evitar el ocio", indica Raúl López, de 32 años, quien con su trabajo en el taller ya ha logrado reducir ocho años de su condena a 40 años de prisión.
La mayoría de los 256 internos del centro de confección visten un chaleco celeste mientras trabajan en sus máquinas de coser. Según López, la mayoría que mostraba la prenda azul corresponde a colaboradores de pandillas, menos él. Los 29.073 reclusos de La Esperanza participan en el plan "Cero Ocio", entre los que hay unos 6.000 presos por delitos comunes.
Los restantes 23.000 presos eran colaboradores de pandillas detenidos en el marco de la "guerra" contra esas bandas criminales que el presidente Nayib Bukele lanzó en marzo de 2022 al amparo de un régimen de excepción.
"A los pandilleros no se los puede reinsertar..."
"Los [presos] que tenemos aquí, muchos de ellos han sido colaboradores de las pandillas, pero aquí en nuestros cantones y caseríos era un medio de supervivencia", explica el director del presidio, Juan José Montano, durante una visita de periodistas, entre ellos un equipo de la AFP. El funcionario aclaró que a diferencia de los colaboradores, "a los pandilleros no se los puede reinsertar porque forman parte del crimen organizado y la única forma de salir de esas bandas es muerto".
"Mucha de esta gente se vio involucrada en crímenes por temor [a los pandilleros], por instinto de supervivencia. Esa es la gente que estamos tratando de recuperar y se le está dando como una oportunidad", subraya Montano.
Uno de los talleres que más actividad muestra es el centro de formación industrial textil, donde los internos confeccionan uniformes para el ejército, deportistas o para la misma población reclusa.
De la prisión a diario salen unos 2.000 internos en "fase de confianza" a trabajar en apoyo a comunidades, en la construcción de dos hospitales o en un plan de fumigación para prevenir el dengue. En La Esperanza también hay diversión, pues disponen de una orquesta integrada por 25 internos que actúa en actos culturales.
En la periferia de la ciudad de Santa Ana, unos 70 km al oeste de San Salvador, funciona además una extensa granja y un gigantesco taller de estructuras metálicas donde trabajan 5.000 presos comunes.
El Salvador tiene 81.900 presuntos pandilleros detenidos bajo el régimen de excepción, que sumados a los recluidos por delitos comunes suman más de 100.000 reclusos.
AFP/HB
