Argentina y otros diez países del continente rechazaron la convalidación de la victoria electoral de Nicolás Maduro y exigieron una auditoría independiente de las actas de votación. La declaración siguió a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, luego de que determinara que en Venezuela no hubo fraude electoral, a pesar de los cuestionamientos de la oposición y de la comunidad internacional.
Los firmantes son Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, cuyos gobiernos manifestaron su rechazo categórico a la decisión del máximo tribunal de justicia venezolano por la "falta de transparencia y legitimidad" del proceso electoral.
La publicación de la declaración, que busca presionar al régimen de Maduro, ocurrió después de la oleada de protestas desencadenadas tras las elecciones del pasado 28 de julio, luego de que el CNE proclamara a Maduro con el 52% de los votos sin presentar el detalle del escrutinio alegando un supuesto hackeo del sistema de votación.
Qué dice el comunicado sobre Venezuela
El comunicado, emitido desde Quito, destaca la preocupación de los países de la región por la falta de transparencia y legitimidad en el proceso electoral venezolano.
En el texto, los países condenaron la validación de los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), señalando que la decisión "carece de un sustento real" y no aborda las irregularidades del proceso. "Rechazamos de manera firme el anuncio del TSJ de Venezuela, que pretende validar resultados sin un fundamento sólido del CNE,” indica el comunicado.
Los países firmantes destacaron que ya habían expresado previamente su desconfianza hacia el CNE, debido a la falta de acceso para los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la negativa a realizar una auditoría imparcial.
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La comunidad internacional pide una auditoría independiente en Venezuela
Por otro lado, los once países firmantes de la declaración enfatizaron que solo una revisión exhaustiva y objetiva puede asegurar el respeto a la voluntad soberana del pueblo venezolano y a los principios democráticos.
En ese sentido, se plegaron al llamado de la comunidad internacional a una auditoría imparcial e independiente de los votos para garantizar la transparencia y la legitimidad de los resultados electorales.
Entre los actores internacionales que se pronunciaron al respecto estuvo la Unión Europea, que también mostró su postura crítica hacia las instituciones venezolanas. El alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, declaró que la UE no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente hasta que se verifiquen las actas electorales. Borrell, en tanto, subrayó que la falta de pruebas y el acceso limitado a las actas han minado la credibilidad del proceso electoral.
Entretelones de la decisión de la Corte Suprema chavista
Luego de que la CNE proclamara a Maduro presidente con el 52% de los votos, frente al 43% de su principal rival, Edmundo González Urrutia. La oposición, representada por María Corina Machado, denunció fraude y sostiene tener pruebas que demuestran su triunfo.
La tensión escaló cuando miles de manifestantes se volcaron a las calles de Caracas y otros puntos de país para reclamar por un supuesto fraude electoral mientras otros migrantes venezolanos hacían lo propio en otras ciudades del mundo. Las protestas dejaron un saldo de 200 heridos y más de 2.400 detenidos, en medio de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Los cuestionamientos tanto internos como externos llevaron a Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de tinte chavista, para dirimir las denuncias.
La presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, indicó que, tras la comparecencia de los actores convocados y recolectados los instrumentos electorales, los magistrados de la sala electoral del tribunal certificaron "de manera irrestricta e inequívoca" los resultados electorales, convalidando su reelección para un tercer mandato de seis años, hasta 2031.
La decisión del TSJ no sorprendió a los observadores internacionales, dado el control que el chavismo ejerce sobre la máxima institución judicial en Venezuela. El TSJ, encabezado por Rodríguez, exmilitante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), validó los resultados electorales sin dar acceso a las actas de votación.
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La misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas había advertido previamente sobre la falta de independencia e imparcialidad del TSJ y del CNE. Esta falta de independencia fue un tema recurrente, ya que el TSJ ha estado bajo el control chavista durante más de dos décadas.
Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, el régimen implementó reformas que aseguraron su dominio sobre el sistema judicial. En 2004, la Ley Orgánica del TSJ, aprobada por un parlamento de mayoría chavista, facilitó aún más la consolidación del control del oficialismo sobre el tribunal.
Cabe destacar que Rodríguez y los otros miembros de la Sala Electoral del TSJ, Fanny Márquez e Inocencio Figueroa, están sancionados por Canadá por su rol en el deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela.
cd cp
