El juez del caso contra Donald Trump por la compra del silencio de la exactriz porno Stormy Daniels decidió aplazar indefinidamente el anuncio de su sentencia, lo que constituye una victoria legal para el presidente electo que regresará a la Casa Blanca en enero, cuyo equipo festejó la decisión.
En su decisión, el juez de origen colombiano Juan Merchan aplazó la sentencia, prevista para el 26 de noviembre, mientras sopesa la petición de la defensa del magnate de sobreseer el caso por completo basándose en que ahora es presidente electo.
“En una victoria decisiva para el presidente Trump, el caso Manhattan ha quedado totalmente suspendido y la sentencia se aplaza”, dijo su director de comunicación Steven Cheung en una declaración en la que denunció varias “farsas” judiciales contra Trump.
Trump fue declarado culpable en mayo pasado de 34 cargos por “falsificación contable agravada” en el pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial en 2006, que el magnate siempre ha negado.
Los fiscales arguyeron que dicho pago pretendía encubrir un eventual escándalo que empañara su campaña a la presidencia en 2016 que ganó frente a la demócrata Hillary Clinton.
La defensa de Trump ha tratado por todos los medios de evitar cualquier sentencia contra el magnate republicano antes de retornar a la Casa Blanca el 20 de enero. Su victoria en las elecciones del 5 de noviembre ha llevado a la justicia a una situación inédita.
“Se ordena estimar la solicitud conjunta de suspensión de la sentencia en la medida en que se aplaza la fecha del 26 de noviembre de 2024”, dictaminó Merchan en un auto.
Antes de las elecciones, los abogados de Trump habían pedido el sobreseimiento del caso a la luz de un fallo del Tribunal Supremo, que dictaminó que los presidentes tienen inmunidad durante el ejercicio de la presidencia en sus actos oficiales. Pero los fiscales de Manhattan arguyeron que cuando se cometieron los actos del caso Stormy Daniels, Trump no era presidente. El juez autorizó también a los abogados de Trump a presentar antes del 2 de diciembre un recurso para el sobreseimiento definitivo del caso.
“Circunstancias sin precedentes”. El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, se manifestó el martes abierto a una “suspensión” de los procedimientos ante las “circunstancias sin precedentes” que ha generado la elección de Trump a la presidencia. El magnate de 78 años ha reiterado que es víctima de una “caza de brujas” por lo que el caso debería quedar “legítimamente terminado”.
El caso de Nueva York ha sido el único de los cuatro frentes judiciales abiertos que había logrado sentar a Trump en el banquillo y convertirlo en el primer expresidente estadounidense condenado.
Otros frentes judiciales están también en el aire. Jack Smith, el fiscal especial nombrado para investigar y acusar a Trump en dos casos federales, pidió hasta el 2 de diciembre para “determinar los pasos apropiados en línea con la política del Departamento de Justicia”, que durante medio siglo ha adoptado la política de no investigar a un presidente en ejercicio.
Como consecuencia, los casos por el intento de Trump de revertir los resultados de la elección de 2020 el 6 de enero de 2021 y el del manejo de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca están por el momento a la espera de una decisión sobre su abandono definitivo o una suspensión durante los cuatro años que dure la presidencia.
Coincidiendo con los abogados de la defensa, el fiscal Bragg reconoció que debería considerarse la posibilidad de congelar todos los procesos “hasta el fin del mandato” del 47º presidente de Estados Unidos. Tras la decisión de Merchan, ahora queda pendiente otro caso a nivel estatal en Georgia, también por intentar interferir en el resultado electoral. Sin embargo, como presidente, podría intervenir para dar un carpetazo a todos esos casos.
Pam Bondi, una incondicional manejará la Justicia
Agencias
Pam Bondi, la elección de Donald Trump para ocupar el cargo de fiscal general, es una aliada cercana del expresidente. Defendió a Trump durante su primer juicio político y promovió sus falsas afirmaciones de fraude electoral mientras intentaba mantenerse en la Casa Blanca.
La exfiscal general de Florida, de 59 años, será, si es confirmada por el Senado, la principal funcionaria encargada de hacer cumplir la ley en una segunda administración de Trump.
“Durante demasiado tiempo, el Departamento de Justicia partidista ha sido usado como arma contra mí y otros republicanos. Eso se acabó”, escribió Trump en su red social Truth Social. “Pam enfocará nuevamente al DOJ en su propósito original: combatir el crimen y hacer a Estados Unidos seguro otra vez”.
La nominación de Bondi implica que los altos mandos del Departamento de Justicia estarán integrados por leales a Trump, ya que el presidente electo designó a tres abogados que lo defendieron en sus múltiples casos penales para ocupar otros cargos de alto rango.
Trump eligió a Bondi como fiscal general este jueves, después de que su primera opción, el polémico exlegislador de Florida Matt Gaetz, se retirara en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada y dudas sobre su confirmación en el Senado.
Graduada de la Universidad de Florida con un título en derecho de la Universidad Stetson, Bondi trabajó como fiscal durante 18 años antes de ser elegida fiscal general del “Estado del Sol” en 2010, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo.
Nativa de Florida, el estado adoptivo de Trump, Bondi fue reelegida para un segundo mandato en 2014.
Como fiscal general, Bondi se destacó por combatir la adicción a los opioides y el tráfico humano, además de adoptar una postura firme contra el crimen y apoyar la pena de muerte.
Demandó a BP por el derrame de petróleo de Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010 y consiguió más de 2.000 millones de dólares en alivio económico para Florida, según su biografía en Ballard Partners, una influyente firma de cabildeo donde trabajó tras dejar el cargo.
Mientras se desempeñaba como fiscal general, Bondi estuvo involucrada en una controversia relacionada con Trump cuando decidió en 2013 no unirse a un proceso judicial multilateral que acusaba de fraude a Trump University. Posteriormente, se reveló que el comité de reelección de Bondi había recibido una donación de 25.000 dólares de la Fundación Trump. Tanto Trump como Bondi negaron haber cometido irregularidades.
Bondi se unió al equipo legal de Trump durante su primer juicio político, en el que se le acusaba de presionar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que encontrara información comprometedora sobre su oponente electoral de 2020, el demócrata Joe Biden.
Trump fue acusado por la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, pero absuelto por el Senado, de mayoría republicana.
Tras las elecciones de 2020, Bondi apareció en televisión en representación de Trump, intentando deslegitimar el conteo de votos en estados clave como parte de los esfuerzos del expresidente para revertir los resultados electorales.
Bondi también ha criticado los casos penales presentados contra Trump y ha mostrado su apoyo durante el juicio en Nueva York, donde el expresidente fue condenado por falsificar registros comerciales para ocultar pagos de dinero secreto a una estrella porno.
En Ballard Partners, Bondi ha trabajado para Amazon, General Motors y Uber, además de actuar como cabildera registrada para Qatar.
