La representación de los abusos de niños y niñas por parte de sacerdotes católicos como un problema público es un fenómeno reciente, considerando lo que son los tiempos eclesiásticos. Durante las décadas de los 80 y 90 hubo casos ampliamente difundidos por la prensa de abuso de chicos y adolescentes por parte de sacerdotes, pero en enero del 2002 una serie de notas en el diario Boston Globe desentramó el encubrimiento por parte de la Conferencia Episcopal de ese país sobre más de 130 casos de abuso sexual contra niños. A partir de ese momento comenzaron a darse a conocer más denuncias y las víctimas empezaron a accionar judicialmente de manera masiva. Juan Pablo II expresó a las víctimas y sus familiares su solidaridad y preocupación, pero al mismo tiempo consideró que los abusos constituían un síntoma de “una crisis que no sólo afecta a la Iglesia sino también a la sociedad entera”. En diciembre de ese año el cardenal Bernard Law (arzobispo de Boston) renunció al magisterio aunque siguió siendo cardenal. Juan Pablo II no dio respuestas concretas tales como un plan de acción para investigar los casos y prevenirlos por parte de la institución más allá de aclarar que la historia de la Iglesia probaba que “no puede haber una reforma eficaz sin renovación interior”. En suma, este papa abordó el problema de los abusos como un problema espiritual, una suerte de crisis moral que afectaba a toda la sociedad. No lo trató como un problema de la institución eclesiástica; no lo trató ni siquiera como un problema de las instituciones concretas en las que se perpetraron los abusos.
Con Joseph Ratzinger aparecieron algunos matices, al menos en lo discursivo. Benedicto XVI le dio mucha más relevancia a este problema, probablemente por la mayor presión social y mediática. En 2006, en una audiencia regular con los obispos, el problema de los abusos fue el único tema que se trató. Allí el papa dijo que los obispos irlandeses debían responder por los abusos y apareció en el discurso papal la idea de que los delitos debían ser investigados, por un lado, y la idea de que los obispos o autoridades eran responsables por esos abusos y no debían encubrirlos, por otro. Dos años después, en una conferencia de prensa que dio en el avión que lo trasladaba hacia Estados Unidos en un viaje apostólico, Ratzinger afirmó que le daba “vergüenza” lo que había ocurrido y que harían todo lo posible para garantizar que ningún caso de abuso volviera a repetirse en el futuro y que para ello deberían cooperar con los poderes judiciales locales y los gobiernos para promover la acción judicial, “excluir a los pederastas de los ministerios” y “ayudar a las víctimas de todos los modos posibles” desde un nivel pastoral. Estas definiciones también constituyeron un cambio en relación a los posicionamientos de Juan Pablo II: apareció una (matizada) autocrítica institucional y la idea de que quienes cometieron los abusos deben ser excluidos de la Iglesia católica. Pocos meses después, en Australia, reiteró la cuestión de la “vergüenza” y dijo que los perpetradores de los abusos debían ser “llevados ante la Justicia”. En este punto aparece otro matiz en relación a Juan Pablo II, dado que Ratzinger empezó a hablar del rol de la justicia secular. En 2009, luego de que el Gobierno irlandés publicara un extenso informe sobre los casos de abuso perpetrados por sacerdotes contra niños y niñas que pasaron al menos parte de su infancia en orfanatos y escuelas administrados por religiosos entre 1930 y la década del 90, Ratzinger publicó una carta pastoral sobre el tema. En el caso irlandés el papa responsabilizó explícitamente a los obispos por sus reacciones ante el problema: los acusó de convalidar los abusos con silencio. Sin embargo, la secularización y la rápida transformación de la sociedad irlandesa también fueron mencionadas en la carta como motivos del ineficiente tratamiento que, desde la Iglesia, se dio a los abusos de chicos. “En particular, hubo una tendencia, motivada por buenas intenciones, pero equivocada, a evitar los enfoques penales de las situaciones canónicamente irregulares”, dijo en ese momento. Es decir que si bien hubo algunos cambios, con Benedicto XVI se mantuvo cierto enfoque espiritual sobre el problema.
Jorge Mario Bergoglio llegó al papado de una Iglesia católica fuertemente atravesada por una crisis de legitimidad en la cuestión de los abusos de niños juega un rol central. La postura de “tolerancia cero” que enuncia Francisco ante los abusos contrasta con lo que fue su posicionamiento como arzobispo y como papa ante los casos del padre Julio César Grassi, quien sigue siendo sacerdote, y de los abusos en Chile. Respecto al caso Grassi, es importante tener en cuenta que en 2010, Bergoglio encomendó al jurista y abogado Marcelo Sancinetti elaborar un extenso informe (de cuatro tomos) sobre el expediente, en el que se refutan testimonios de tres víctimas. Sobre los abusos en Chile, es importante recordar que en su viaje del año pasado, si bien Francisco ofreció un pedido de disculpas por los abusos, este gesto que resultó insuficiente para la mayoría de los chilenos: el obispo Juan Barros, a quien las víctimas de los abusos acusan de cómplice, y que fue nombrado por Francisco en la diócesis de Osorno, estuvo presente en las misas de Parque O’Higgins e Iquique. La presencia de Barros fue una segunda decepción: en su momento, cuando el papa fue consultado sobre la designación de Barros, respondió duramente que Osorno sufría “por tonta”. “No se dejen llevar de las narices de todos los zurdos que son los que armaron la cosa; la única acusación que hubo contra ese obispo fue desacreditada por la Corte judicial. ¿Osorno sufre? Sí, por tonta, porque se deja llevar por las macanas que dice toda esa gente”, dijo en aquél entonces.
Las expectativas puestas en los resultados de la “cumbre sobre abusos” son elevadas, pero el documento de 21 puntos creado para prevenir y frenar el problema de los abusos por parte de sacerdotes fue criticado por las organizaciones de víctimas principalmente porque no incluye medidas como la expulsión inmediata del sacerdocio, no prevé políticas de rendición de cuentas, y no incluye la obligación de denunciar inmediatamente los casos a la policía.
En general, los abusos (sexuales, pero también psicológicos, de fuerza y de poder) en las instituciones conocidas como “totales” (cárceles, hospitales, algunas escuelas, orfanatos, etc.) se explican a partir de las relaciones jerárquicas que existen dentro de estos establecimientos y su aislamiento respecto de la sociedad y sobre todo de aquellos agentes encargados de controlar estos abusos (abogados, trabajadores sociales, etcétera). Incluso si se analizan los hechos fuera de este tipo de instituciones, las teorías feministas vienen marcando una y otra vez desde hace décadas que los abusos de este tipo se originan en las relaciones de poder. Si la Iglesia católica no adopta una mirada secularizada y coordinada con la Justicia secular y otros dispositivos estatales, parece difícil que la cumbre no se convierta en otra decepción.
*Becaria Posdoctoral (CEIL-Conicet).
