La deuda corresponde a los fondos establecidos por el artículo 83 de la Ley N° 27701 de Presupuesto Nacional ejercicio 2023, reconducido para el ejercicio de este año, que a la fecha asciende a 40.632 millones de pesos a valores históricos, con lo cual a ello deben adicionarse los montos correspondientes a actualizaciones por inflación e intereses. La deuda del gobierno nacional impacta de lleno en la provincia especialmente si se tiene en cuenta el proceso inflacionario y la megadevaluación del 118 % en diciembre de 2023 más el crawling peg mensual registrado hasta la fecha.
La Rioja viene reclamando el pago que legal y legítimamente le corresponde, incluso habiendo iniciado acciones judiciales por los períodos del 2023. “La Rioja no está en default, el que está en default es el Estado nacional con La Rioja y por una cuestión de transitiva, La Rioja no puede cumplir con sus compromisos”, explicó el gobernador riojano.
La Rioja enfrenta desafíos sin precedentes. La contracción de la economía Argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio han tenido un efecto directo en la economía riojana, resultando en un grave descenso en la recaudación fiscal a nivel provincial, pero además, y lo más importante, es la falta de envío del gobierno nacional de los fondos que por ley le corresponden a la provincia. El apretón presupuestario que “derramó” desde la Nación por el ajuste a las transferencias discrecionales y la caída de la coparticipación por la menor recaudación de impuestos relacionados a la actividad, pusieron presión sobre las cuentas de las provincias.
La deuda de la provincia con los acreedores internacionales es de 66 millones de dólares, por lo tanto, si el gobierno de Milei enviará los recursos que todos los presidentes anteriores respetaron sobre el punto de coparticipación que le corresponde a la provincia, la deuda ya se habría cancelado dentro de los términos formales. Sin embargo, el gobierno riojano ratifica, una vez más, que se encuentra en plena negociación para obtener el mejor de los acuerdos sin afectar la calidad de vida de los ciudadanos.
La deuda Bono Verde PLR se está negociando de buena fe desde el mes de febrero con la intención de resolver capital e intereses, siempre y cuando se ajuste a las posibilidades de la provincia, lo que incluye la presentación judicial realizada en los tribunales de Nueva York.
El gobernador Ricardo Quintela dijo recientemente ante los medios que los bonos verdes “es una deuda que la queremos pagar como se debe y como se puede. No voy a cumplir a rajatabla un esquema que armaron para dejar a la gente sin cobrar su sueldo. La prioridad está en la gente de mi provincia”.
Aseguró que “el Gobierno Provincial viene buscando negociar condiciones más favorables para garantizar, además, la prestación de servicios esenciales y de calidad para la ciudadanía; y garantizar que el movimiento económico en la provincia no caiga, lo haga lo menos posible o se mantenga”.
Respuesta a CAMESSA
También, Quintela se refirió a la intimación que CAMMESA le hizo a la empresa estatal Edelar por deudas acumuladas sobre lo que afirmó que “entre CAMMESA y los riojanos, me quedo con los riojanos” sosteniendo así su decisión política de no trasladar los aumentos a la energía eléctrica dispuestos por el gobierno de Milei, evitando un golpe al ya castigado bolsillo de las familias.
“CAMMESA bastante plata ganó y gana cobrando a las otras provincias abultadas e injustificadas subas de los servicios que hace imposible el acceso a la gente común y que obliga a los comercios a cerrar o modificar su esquema de actividad económica porque no les alcanza para pagar, mientras los recursos de todos los argentinos siguen concentrados en pocas manos”, señaló el gobernador de La Rioja, provincia que tras la reciente sanción de su Constitución, el agua, la energía y la conectividad pasan a ser servicios esenciales.
