La seguridad se divide en tres: internacional, nacional y pública. La primera se subdivide en global y regional. La segunda en institucional, defensa nacional y seguridad interior. Y la tercera en seguridad de infraestructura y servicios públicos (como represas, centrales nucleares o transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre), medioambiente y ciudadana. Como puede apreciar el lector, seguridad es complejidad. A seis meses de gobierno, el presidente Javier Milei parece no percibirlo con total claridad.
En seguridad internacional, el manejo que se hizo sobre la base china en Neuquén muestra la rusticidad con que se la aborda. No es aceptable decir “son chinos, son todos iguales” para justificar que no se encontró personal militar allí en una inspección de cinco horas para determinar si se hacen actividades militares en el espacio. Todo fue muy amateur. Mucho más que la falsa actividad de pesca ilegal denunciada por el ministro Luis Petri, quien fuera objeto de burla por la Embajada china en Buenos Aires. Se desairó a Estados Unidos y a la generala Laura Richardson. ¡Cuánta paciencia hay que tenerle a la Argentina! ¿Se puede construir alianzas confiables así?
En seguridad nacional, aún no se publicó una estrategia de seguridad nacional y por ende no hay una guía para las políticas de seguridad institucional, defensa nacional y seguridad interior. No hay prioridades establecidas para los ministros del sector. Cada uno hace la suya según su parecer. Se percibe una conducta lai-ssez faire.
En seguridad institucional no hay una política. La Agencia Federal de Inteligencia no tiene un rol asignado. Se ha desatado un escándalo de inteligencia ilegal que habría tenido como protagonista al exjefe de Gabinete de ministros, Nicolás Posse, al exsecretario de Estrategia Nacional, Brigadier Jorge Antelo, y a un grupo de oficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Otra vez, ¿más de lo mismo?
En Defensa, el extravío alcanza ribetes rimbombantes. Bajo el supuesto de revalorizar a los militares, se busca transformarlos en policías. El plan pasa también por una ceremonia mensual de cambio de guardia con regimientos históricos. Todo demasiado rústico. Tanto que se pretende ser aliado global de la OTAN, sin tener en cuenta que para ingresar a ese club se requiere unanimidad de todos sus integrantes y una aptitud mínima, que la actual organización de la defensa argentina está lejísimo de alcanzar, más cuando nada se hace para cambiar creyendo que la política de defensa es solo una política militar minimizada a comprar armas sin ton ni son, desfiles y ejercicios militares para sostener desde el marketing una posible futura candidatura a gobernador en cuatro años.
En seguridad interior, el exceso de protagonismo personal (como si se estuviera en una campaña política permanente) es más grave. Defensa es una isla, su impacto en la sociedad es marginal. El Ministerio de Seguridad, no. Esto socava la aplicación de la ley en el país. La ministra Patricia Bullrich es solo una auxiliar del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal. Estos son los responsables de aplicar la ley federal. Si el auxiliar tiene más protagonismo mediático que los responsables, se genera un efecto de ocultamiento que tapa la eficacia o la ineficacia de los responsables en aplicar la ley y administrar justicia en oportunidad. Con el narcotráfico esto es determinante. En estos seis meses no hubo un solo fiscal o juez federal o nacional acusado por mal desempeño. ¿Abandonaron todos –de repente– la doctrina Zaffaroni, o ninguno de ellos interviene justo cuando sí lo hace la ministra Bullrich? ¿Tan efectivo puede ser un simple eslógan? ¿O “el que las hace las paga” se termina cuando el foco del periodismo se aleja?
Por otro lado, la falta de política y estrategia propia por falta de un sustento superior de seguridad nacional y por déficits profesionales propios genera una propensión a gastar dinero en adquisiciones para las Fuerzas Armadas, nada –por ejemplo– para el control de la frontera norte, perjudicando la seguridad interior del país. Esa frontera es un colador. Es difícil llamarla frontera. No hay muro físico ni tecnológico y se limita con el tercer productor mundial de cocaína y el primero en marihuana. Es terreno liberado por el Estado argentino. Todo en silencio. No hay el más mínimo sentido de prioridad.
Hoy la seguridad interior se redujo a donde hay cámaras de televisión. En la frontera no las hay. Entonces, cuando ellas están se aplica el protocolo antipiquetes, se envía colaboración federal ante casos resonantes y se despliegan efectivos, como en Rosario, donde (pese a las buenas intenciones y la publicidad de un cierto estilo Bukele en las cárceles federales) no se puede evitar las amenazas y muertes que provocan las bandas de narcomenudeo, mientras el narcotráfico transnacional sigue operando con total impunidad porque se enfrenta al crimen organizado con un Estado desorganizado, sin cambios orgánicos estructurales.
El termómetro aquí lo marcan Ángel Di María y Leo Messi. Una desgracia para Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro. Una vara altísima, difícil de sortear si todo se limita simplemente a seguir lo que se hizo hasta ahora en este semestre.
En este contexto aparece el Ministerio de Justicia (canibalizado por el Ministerio de Seguridad) con una acertada mirada para fortalecer la aplicación de la ley federal en el país. Casi en soledad. Sin los pilares de sostén que dan una política y una estrategia de seguridad nacional. Es la principal víctima en el reparto de recursos porque la rusticidad hace mella en lo que debería ser prioritario y por ahora no lo es, porque no se lo ve. El narcotráfico festeja.
En seguridad pública, en lo que compete al Estado nacional, hay alertas amarillas que pasan al rojo en materia de seguridad del medioambiente, de la infraestructura y del transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre (ferroviaria y vial). El estado de las rutas nacionales cobra vidas a ritmo imparable y el último accidente ferroviario nos indica que tener una mirada comprensiva de la complejidad de la seguridad es una cuestión urgente. Por ahora no hubo accidentes aéreos que conmocionan ni situaciones riesgosas de orden nuclear o de seguridad de represas. La seguridad ciudadana es un asunto de los gobernadores.
El presidente Milei es la cabeza de un gobierno aún joven. Si tan solo comparara el perfil de los funcionarios del sector seguridad de los países que integran la OTAN o la OCDE, o de los estadounidenses con los cuales él se encontró personalmente, tomaría nota del déficit de los suyos. Hoy lamentablemente muestra una gobernanza rústica. Aún puede enmendar errores. Cambiar.
*Ingeniero, magíster en Defensa Nacional.
