El Gobierno impulsa una reforma laboral con el argumento de que es necesario modernizar la legislación para adaptarla a la nueva realidad del mercado de trabajo. Ese objetivo se plasmó primero en el capítulo suspendido del DNU y ahora, recortado, en la ley Bases. Prometen que, de aplicarse esta reglamentación, se resolverán los problemas de empleo en el país, se crearían nuevos puestos, porque no habría temor para tomar personal, disminuiría el trabajo en negro y aumentarían los salarios. Sin embargo, no existe evidencia de que la desregulación que proponen tenga efectos positivos sobre el mercado de trabajo. Las consecuencias sobre el mercado de trabajo, lejos de ser las prometidas, van a ser devastadoras.
Habilitación del trabajo no registrado. Hace varias décadas que en el país el trabajo en negro se consolidó en niveles superiores al 30% y se acercan al 40%. El principal y casi exclusivo foco del empleo no registrado son las pequeñas y medianas empresas. El mundo del trabajo en negro es el paraíso liberal. Se trata de un espacio libre de toda regulación, donde las condiciones laborales son peores que las del trabajo registrado.
Todos los gobiernos emprendieron una política de promoción del empleo registrado, principalmente mediante la reducción de aportes para pymes. Ello no produjo ningún efecto. No obstante, La Libertad Avanza insiste con esta estrategia, y otras que ya se probaron inútiles. Por ejemplo, en la ley Bases que se aprobó en el Senado, se suplantan los aportes patronales por un importe único para empresas hasta doce empleados. Se trata de un sistema que ya se aplica en actividades agrarias, que tienen niveles de trabajo en negro muy altos. Por otro lado, la eliminación de sanciones y multas por trabajo mal o no registrado implica un aval al trabajo en negro y al fraude laboral. Se busca desincentivar la litigiosidad, de forma que a los empresarios les salga barato no cumplir la ley. Así se ahorran dinero por no pagar lo que corresponde por cada empleado y luego, al estar exentos de sanciones económicas. Esta legislación, en lugar de desincentivar el trabajo en negro, lo va a promover.
Promoción de la precarización y fraude laboral. Las últimas décadas se caracterizaron por el crecimiento exponencial de formas precarias de contratación, muchas de las cuales encubren la relación de dependencia y permiten evadir la contratación por tiempo indeterminado. Hoy constituye una porción importante del mercado formal, gracias a que la legislación fue habilitando estas modalidades. Aunque se presenten como “modernas”, se trata de formas que perjudican al trabajador porque lo colocan en una situación más inestable, con menor capacidad para negociar su salario y sus condiciones laborales, que suele ser peor que quienes están encuadrados en una relación de dependencia con contrato por tiempo indeterminado, y bajo algún convenio colectivo de trabajo. Por supuesto, los libertarios no ven un problema allí, sino una posibilidad de avanzar hacia formas más desreguladas de contrato laboral. Por eso las promueven.
Como ejemplo de esta política, en la versión aprobada en el Senado de la ley Bases, el período de prueba pasa de tres a seis meses, ampliable a ocho en las empresas de entre seis y cien trabajadores, y hasta un año en las de menos de cinco. También se favorece la tercerización laboral, mediante la modificación de la responsabilidad solidaria: se establece que los tercerizados son empleados de la empresa que los contrata y no de la que usa sus servicios.
Los contratos a término y el monotributo, formas de fraude laboral, también son alentados. Por un lado, se excluyen los contratos de obra, servicios y agencia del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo. A su vez, se elimina la presunción de la existencia de un contrato laboral cuando se contraten servicios profesionales donde se emitan facturas. Finalmente, la creación de la figura de “trabajador independiente”, que puede contratar hasta otros tres “trabajadores independientes”, desliga de toda responsabilidad como empleador a dueños de las empresas más pequeñas.
Avance del desempleo. Una de las principales demandas empresarias es el costo del despido. Desde los 90 que los sucesivos gobiernos redujeron el cálculo indemnizatorio, y Milei quiso hacer lo mismo en el DNU. En la ley Bases, incorpora la posibilidad de pactar por convenio colectivo el fondo de cese laboral. Se trata de una figura que ya existe en la industria de la construcción gracias a un decreto de Onganía. Consiste en que mensualmente se le descuenta al trabajador un porcentaje de su salario, que se acumula y se cobra al extinguirse la relación laboral. Por supuesto, se trata de un monto menor que el que correspondería a una indemnización, y cuya actualización por inflación no está prevista en el texto de la ley. Ello facilitaría los despidos sin causa.
En el ámbito público, el Gobierno busca ampliar los despidos. Las cesantías comenzaron por el personal contratado, cuyos convenios se renuevan cada tres meses. Ahora Milei quiere avanzar sobre trabajadores de planta permanente, minando la estabilidad laboral en ese sector. De aprobarse tal como está la ley Bases, el Gobierno podrá reestructurar o suprimir organismos y el personal afectado por estas medidas pasará a disponibilidad por doce meses, tras los cuales será desvinculado.
En un contexto de depresión económica como el actual, estas medidas van a favorecer la destrucción de puestos de trabajo y el aumento del desempleo.
Mayor represión a la protesta laboral. El capítulo laboral del DNU que fue suspendido mostraba la voluntad represiva hacia la actividad sindical. La ley Bases solo dejó en pie que las acciones de protesta como el bloqueo serán consideradas como causa de despido justo, o sea sin indemnización. También se mantiene que, en caso de un despedido por discriminación, luego del pago de una indemnización agravada, la relación laboral se considerará extinta, es decir que no se podrá reinstalar en su puesto al trabajador despedido. Esto es algo que suele suceder en los juicios de despido de empleados que son echados por su actividad gremial.
La degradación laboral avanza. La reforma laboral que propone Milei es un ataque a la clase obrera a medida de los empresarios. No es novedosa, porque profundiza las reformas previas, cuyos resultados estuvieron lejos de mejorar el empleo. Ya contamos con reformas similares que no revirtieron el aumento del desempleo, como la de Menem. Tampoco implica modernización alguna. Su propuesta es la vuelta a un pasado donde la legislación laboral era inexistente y los trabajadores vivían en condiciones aún más miserables. Hoy en día tenemos casi un 40% del mercado de trabajo que funciona sin regulaciones laborales, y los trabajadores en esa situación cobran salarios más bajos y tienen peores condiciones laborales.
Estas medidas constituyen falsas soluciones a problemas cuyo origen no es la legislación laboral, sino la dinámica de la economía argentina, marcada por las crisis recurrentes. La reforma libertaria va a favorecer la tendencia al aumento de la desocupación, del empleo en negro y del fraude laboral. Con este nuevo giro a la tuerca de la explotación, los trabajadores vamos a descender un nuevo escalón en la escalera de la degradación de nuestras condiciones de vida y trabajo.
*Doctora en Historia. Investigadora del Conicet y docente de la UBA. Autora de A media máquina, El Cordobazo y del podcast “La fuerza que mueve al mundo”.
