El Poder Ejecutivo Nacional presentó el 2 de agosto el proyecto de ley a través del cual propone la modificación de la Ley de Seguridad Interior. El objetivo es, bajo el paraguas del terrorismo, involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y asignar a los militares tareas de policía urbana y represión social.
Todavía resuenan las palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando sostuvo que “afuera del Congreso había terroristas”, refiriéndose a los manifestantes que se habían reunido en la Plaza de los Dos Congresos para protestar contra la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal.
La Ley de Seguridad Interior prevé actualmente tres situaciones en las que el sistema de defensa puede actuar en seguridad interior:
- El apoyo logístico a través de servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones.
- La autodefensa frente a un atentado en jurisdicción militar (por ejemplo, el copamiento del cuartel de La Tablada en 1989).
- El despliegue de tropas de combate cuando el sistema de seguridad interior resulte insuficiente “a criterio del Presidente”, previa declaración del Estado de Sitio.
Los argumentos del Gobierno. En primer lugar, el proyecto propone “una alternativa intermedia (…) para que las FF.AA. actúen en caso de acciones terroristas”. Ya existen en la Argentina –con los casos de Gendarmería y Prefectura– y en el mundo –a través de la figura de las guardias nacionales– instituciones que proporcionan alternativas intermedias, también denominadas “policías militarizadas”.
En Estados Unidos, espejo en el que se reflejan los funcionarios de Seguridad y Defensa, el terrorismo es abordado por la Homeland Security y la comunidad de inteligencia, dado que la Ley de Defensa de ese país (Posse Comitatus Act de 1878) les prohíbe a sus fuerzas armadas intervenir en seguridad interior debido a los hechos ocurridos en la ¡Guerra de Secesión (1861-1865)! Sin embargo, paradojalmente, el gobierno argentino argumenta que nuestras leyes son anacrónicas porque datan de fines del siglo XX.
Además de disponer de las fuerzas de seguridad para prevenir, conjurar, reprimir, contribuir en la investigación y realizar inteligencia criminal sobre delitos complejos como el narcotráfico y el terrorismo, nuestro país dispone de 24 policías jurisdiccionales. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad de la OEA, Argentina cuenta con 806 policías cada 100 mil habitantes, uno de los promedios más altos de las Américas.
Por otra parte, se sostiene erróneamente que el Decreto Reglamentario Nº 727/2006 desvirtuó el “espíritu” de la Ley de Defensa. Este asunto debe ser espacialmente estudiado por los legisladores radicales, que tienen el desafío de conservar el legado de Raúl Alfonsín.
Cabe recordar las exposiciones de los legisladores informantes de la UCR en 1988. Por ejemplo, el senador Antonio Berhongaray (La Pampa) afirmaba que debía entenderse como agresión exterior el “ataque de las fuerzas armadas de un Estado contra el territorio de otro Estado; el bombardeo de las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas contra el territorio de otro Estado, o el empleo de cualquier arma por un Estado contra el territorio de otro Estado”.
Por su parte, el diputado nacional por Buenos Aires Balbino Pedro Zubirí se preguntaba: “¿Cómo se combate (…) el terrorismo en otras latitudes? (…) Con fuerzas de seguridad especialmente adiestradas, posibilidad que aquí habrá que contemplar cuando tratemos la futura ley (…) de seguridad interior. Pero se trata siempre de fuerzas de seguridad: Carabineros, Gendarmería, Guardia Civil (…) no se trata nunca de las Fuerzas Armadas en operaciones”.
No cabe duda de que el terrorismo es una amenaza preocupante en diferentes lugares del mundo. Sin embargo, los propios Estados Unidos nos ofrecen una mirada diferente a la del gobierno nacional. El Worldwide Threat Assesment de 2023 –que produce la comunidad de inteligencia– sostiene que no existe una amenaza terrorista en América del Sur y la Estrategia de Defensa Nacional 2018 del Pentágono asevera que “la competencia estratégica interestatal, no el terrorismo, es la principal preocupación de seguridad nacional de Estados Unidos”. En línea con ello, este documento relegó como prioridad al quinto lugar al terrorismo y, como antes del 11S, ubica como principales amenazas a Estados nacionales como China, Rusia, Irán y Corea del Norte.
Este énfasis en los desafíos interestatales contrasta con la postura del gobierno argentino, que desconoce la afectación a nuestra soberanía que realiza sistemáticamente Gran Bretaña.
Adicionalmente, es importante señalar que las Fuerzas Armadas no están preparadas para realizar tareas de seguridad. Mas allá de la capacidad contribuyente para la interdicción de espacios marítimos y aeroespaciales, su adiestramiento está orientado a que los militares sean letales en el uso de la fuerza y no para hacer un empleo gradual y diferenciado. En consecuencia, a partir de viejos argumentos desprofesionalizantes, el Poder Ejecutivo Nacional amplía en el proyecto lo dispuesto en el artículo 27 de la ley actual, para que cuando se produzca “un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal en el marco del artículo 41 quinquies del Código Penal - Ley 11.179”, las Fuerzas Armadas puedan realizar: “a) patrullaje; b) control de personas y vehículos; c) operaciones de control en puestos fijos o móviles; d) control y vigilancia de instalaciones inmuebles, y e) aprehensión en flagrancia”.
Resulta preocupante esta modificación porque el proyecto no define qué se entenderá por terrorismo. Las declaraciones del vocero Adorni exhiben en toda su dimensión la complejidad de lo que se busca significar. En este marco, el Gobierno interpreta sorprendentemente que al terrorismo o al narcotráfico se los combate con las Fuerzas Armadas haciendo tareas de policía urbana, en lugar de poner el énfasis en un sistema de inteligencia nacional profesionalizado y en fuerzas policiales y de seguridad eficientes en materia de inteligencia criminal y asistencia a la Justicia.
La experiencia comparada –con los casos de Colombia y México a la cabeza–merece ser estudiada. En el primero de estos países, el expresidente Juan Manuel Santos, al recibir el Premio Nobel de la Paz, admitió autocríticamente “el fracaso de la guerra contra las drogas”. La misma estrategia en México llevó la tasa de homicidio cada 100 mil habitantes a cifras por fuera de cualquier escala (con 200 periodistas asesinados y 100 mil desaparecidos). Para no hablar de la corrupción fenomenal en que cayeron las fuerzas armadas con carteles como Los Zetas, conducidos por antiguos uniformados. Por ello, el actual presidente López Obrador creó una fuerza intermedia, la Guardia Nacional, para desandar el camino iniciado en los 90.
También es preocupante que el Gobierno sostenga, en el articulado del proyecto, que los militares quedarán eximidos de lo dispuesto en el artículo 34 del Código Penal. Debe tenerse presente que el artículo 184 del Código Procesal Penal solo les otorga el poder de policía a las fuerzas policiales y de seguridad. De esta manera, de prosperar el proyecto oficial, las actuaciones que realicen los militares serán no solo invalidadas legalmente, sino también sometidas –como fija la ley– a procesos penales ordinarios.
Retroceso democrático. La propuesta enviada procura desmontar el “consenso básico” de la democracia argentina, erigido a través de las leyes de Defensa Nacional (1988, Alfonsín), Seguridad Interior (1992, Menem) e Inteligencia Nacional (2001, De la Rúa) y su modificatoria (2015, CFK). Este desmantelamiento tuvo su puntapié inicial con el DNU Nº 614/2024, que modificó la Ley de Inteligencia sin el debido debate parlamentario.
Estas iniciativas son fisuras a todo lo que hemos aprendido de la experiencia de policialización y desprofesionalización de las Fuerzas Armadas resultado del autoritarismo político del siglo XX (1930-1983). Pero, además, se agregan nuevas fisuras que resquebrajan los consensos construidos en democracia.
Los diputados y senadores tienen la oportunidad de preservar una de las pocas políticas de Estado de los últimos cuarenta años. Raúl Alfonsín se merece que su partido lo ubique en un lugar diferente al maniquí de boxeo en que lo colocaba Javier Milei en sus prácticas deportivas. El rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Interior es una buena oportunidad para ello.
*Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Magíster en Estudios Internacionales (UTDT). **Doctor en Ciencia Política. Especialista en Defensa y seguridad nacional.
