En distintos estudios durante los últimos cuarenta años hemos defendido el modelo de una universidad como agente de desarrollo. No la universidad credencialista que se convierte en un “enseñadero”. No la universidad como “aparato ideológico” que atrae a los operadores del clientelismo político. No la universidad como cofradía de grupos corporativos. Ante todo debemos pensar en la “universidad nacional” y en la “cultura del conocimiento”.
En Argentina la Reforma Universitaria de 1918 tuvo también estos objetivos. En los últimos cuarenta años varias corrientes en América Latina expresaron las mismas ideas con Darcy Ribeiro, Jorge Sábato, J.J. Brunner, Carlos Tunnermann, Claudio Rama y otros.
Ante todo, en este cuarto del siglo XXI debemos reconocer los nuevos contextos frente a la globalización académica; la informatización de la sociedad; la centralidad de la economía del conocimiento; la generalización del acceso a la educación superior; la necesidad de un modelo de desarrollo inteligente, solidario, sustentable; los impactos de la inteligencia artificial en la enseñanza; los nuevos perfiles laborales en el mercado. Y no olvidar, sobre todo, la necesidad de asegurar la integración social de los jóvenes a través de la educación.
No podemos afrontar estos desafíos sin un pensamiento complejo. Cada uno de estos aspectos ha tenido impactos diferentes. Por eso el mundo universitario se ha diversificado. Hay universidades profesionalistas y universidades de investigación, hay universidades formativas y universidades monodisciplinarias.
Antecedentes necesarios. En la Unión Europea desde 1999, ante los cambios del mundo, se acordó en Bolonia un programa de reformas que llevó diez años consensuar e implementar. Las universidades actuaron con mucha autonomía pensando ante todo en la construcción de un “espacio europeo del conocimiento” en medio de los cambios mundiales.
Se redujeron las cargas de los programas de estudio pensando que había que contar con las tecnologías de la información. Se adoptó un currículo flexible para permitir que todos pudieran salir de un esquema monodisciplinario y encerrado territorialmente, y se puso énfasis en la formación básica y en la necesidad de preparar individuos para aprender toda la vida. Esta estrategia fue adoptada por 54 países, seis de ellos en África y Medio Oriente.
Este antecedente es importante para pensar en un proceso de reconstrucción universitaria donde, al mismo tiempo que se acuerdan pautas y objetivos comunes, se promueve un currículo flexible que va a permitir introducir todo tipo de innovaciones.
Desafíos de las universidades argentinas. En la experiencia del Mercosur Universitario ya se habían acordado procedimientos de acreditación de carreras y la adopción de estándares comunes en distintas carreras profesionales. Esto nos permitiría crear el Espacio Sudamericano del Conocimiento. De modo que se pueden combinar políticas nacionales con proyectos diversificados. Esto sería algo muy diferente a la atomización universitaria que tenemos. Pero una estrategia semejante exige un trabajo de convergencia y de acuerdos entre las diversas instituciones. Es algo que se puede intentar sin el peso de los gobiernos respectivos.
Si pasamos de las estrategias institucionales a los proyectos particulares de las universidades, vamos a encontrar que algunas privilegian las carreras de grado. En este caso resulta muy importante abordar el acortamiento de los planes de estudio para llegar a una oferta promedio de carreras de grado de cuatro años. Pero también debemos facilitar los estudios de posgrado (que no tienen un estatus institucional en la Ley de Educación Superior). Resulta ineludible, además, la alfabetización informática para aprovechar las inmensas capacidades de la inteligencia artificial.
Si pensamos en términos pedagógicos, tenemos que contar con la inteligencia artificial para facilitar la personalización de los aprendizajes y para reforzar el apoyo a los estudiantes a fin de evitar los fracasos académicos. Inteligencia pedagógica e inteligencia artificial deben operar como aliadas para mejorar drásticamente los rendimientos académicos de las universidades nacionales. Si no asumimos este escenario, vamos a reproducir los fracasos y también la fuga de estudiantes hacia las ofertas de las redes.
La cuestión del gasto. Muchos piensan que la cuestión del financiamiento es crucial, y lo es. Sin duda se requiere por lo menos duplicar los presupuestos actuales, pero bajo nuevas condiciones, respetando criterios racionales de la asignación de recursos. En este sentido, consideramos que, en la asignación de recursos del presupuesto de cada universidad nacional, solo el 15% debería emplearse en gastos de gobierno y administración, mientras que el gasto académico (salarios docentes) debería alcanzar en promedio el 55%. La actividad científica debería absorber en promedio el 5%, mientras que el equipamiento y el sistema de información podría llegar al 10%. Finalmente, los gastos de bienestar estudiantil (becas, residencias, comedor) requerirían otro 10%. Sugerencias como esta ya fueron discutidas en el Consejo Interuniversitario Nacional, pero sin llegar a ningún acuerdo.
En la actualidad encontramos que, al mismo tiempo que tenemos una mayoría de docentes con bajos salarios de dedicación simple, y algunos miles como ad honorem, los gastos de gobierno y administración pueden trepar al 40%. Universidades que mantienen actividades no esenciales no tienen programas de bienestar estudiantil. En algunos casos, el rectorado gasta más que toda la actividad científica. Una racionalización del gasto permitiría incrementar los cargos docentes exclusivos y los beneficios del bienestar estudiantil.
Las fuentes de financiamiento. Ahora bien, para incrementar el presupuesto también es necesario ampliar las fuentes de financiamiento. Todas, o casi todas, las universidades nacionales tienen convenios o contratos con organismos públicos, con empresas y organizaciones sociales. En algunos casos se han creado sociedades anónimas, fundaciones y cooperativas para asegurar la viabilidad de los proyectos.
Las posibilidades para realizar emprendimientos son amplísimas. Las modalidades de estos contratos varían y a veces permiten crear un sistema paralelo al de la universidad. La gestión del financiamiento universitario debería formar parte de un sistema coordinado en cada universidad para evitar los usos privados o corporativos de los proyectos universitarios.
Las universidades pueden favorecer la creación de empresas. Las universidades nacionales crearon unas veinte incubadoras de compañías. En Brasil, las universidades públicas han creado 400. En Chile, las universidades públicas generan cerca del 20% de sus presupuestos con recursos propios. Pero lo esencial es la conversión de las universidades en agentes de desarrollo con capacidades para atender los problemas de la sociedad.
En el nuevo escenario de reconstruir es preciso reestructurar la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación (Coneau), a través de la reducción del número de su directorio a seis especialistas con el máximo grado académico (el modelo francés). Debería funcionar en el ámbito de la Secretaría de Políticas Universitarias con un estatuto de autonomía académica. O sea: menos funcionarios políticos, menos burocracia, más énfasis en los aspectos pedagógicos y organizacionales del sistema nacional.
Sería un grave error pensar que el mejoramiento de las universidades se logrará simplemente incrementando los presupuestos y retomando las prácticas tradicionales. Sin una verdadera renovación, los cambios de contextos pueden provocar una desescolarización masiva y un crecimiento de las ofertas de carreras en las redes de información.
Las universidades pueden crear autónomamente un consenso para una nueva política universitaria. Para esto deberían centrarse en las políticas de conocimiento, la inteligencia pedagógica y la responsabilidad social.
*Profesor del doctorado en Política y Gestión Universitaria de la Untref y de la maestría en Gestión Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
