El 71% de los niños y niñas de Argentina son pobres, lo que equivale a 8,6 millones de menores. Este es uno de los datos que halló la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en su reciente informe sobre la pobreza que sufren los más pequeños en Argentina.
Entre datos recopilados y otros de elaboración propia, los resultados son terriblemente alarmantes. “La inversión pública en políticas que aseguren el bienestar de las infancias, especialmente en contextos de vulnerabilidad, es indispensable para su desarrollo integral. Este documento muestra cómo la reducción del presupuesto afecta negativamente a niños, niñas y adolescentes”, presenta la institución.
El 34% de los menores (4,2 millones) en Argentina crecen en condiciones de pobreza extrema; es decir que no logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria (Unicef). Las cifras de 2024 implican un aumento considerable respecto de 2023, cuando la pobreza infantil en la segunda parte del año era del 58% y la indigencia un 19%. “En otras palabras, en los primeros seis meses del año más de 1,5 millones de menores se convirtieron en pobres y casi 1,9 millones en indigentes”, concluye ACIJ.
“La falta de dinero para la alimentación genera inseguridad alimentaria, entendida como la reducción involuntaria de la porción de comida o experiencias de hambre por problemas económicos”, alerta la asociación. Unicef advirtió que, en casi 3,3 millones de hogares, en donde viven más de siete millones de niños y niñas, se dejó de comprar leche, carne y otros lácteos. Además, indica ACIJ en su informe: “(La organización) avisó que en al menos seis de cada diez hogares donde chicas y chicos se saltean comidas, las familias pidieron dinero prestado a familiares, dejaron de comprar medicamentos y dejaron de ir al médico; todo para comprar comida”.
Una tendencia preocupante. “La pobreza infantil es una de las principales deudas de la Argentina. La preocupación central en este 2024 y, para los próximos años, es el aumento de la pobreza extrema y las repercusiones que eso tiene en la capacidad de alimentarse de niñas y niños”, expresa ACIJ.
En los últimos cinco años, la pobreza infantil en Argentina marcó una tendencia preocupante. En 2018, el 41,6% de los niños vivían en condiciones de pobreza, lo que representaba a 5.082.896 menores. Al año siguiente, en 2019, esta cifra aumentó al 52,5%, y abarcó a 6.414.713. El incremento continuó en 2020 y alcanzó el 57,2%, con un total de 6.988.982 menores en situación de pobreza.
Aunque se observó una ligera baja en 2021, cuando el 54,9% eran pobres, esto aún representaba a 6.707.957 menores. En 2022, la tasa siguió bajando hasta el 51,5% con 6.292.528 niños y niñas. En 2023, la situación empeoró, con un 57% de pobreza infantil, lo que equivale a 6.964.545 menores en condiciones de pobreza.
A pesar de que el informe no va más atrás en lo que se refiere a años, la búsqueda en el pasado no sería positiva. “La pobreza infantil es un problema estructural. Desde que existen mediciones sobre el tema en Argentina, que empiezan luego del retorno de la democracia, la pobreza infantil nunca fue menor del 30%. Una de las grandes deudas de la democracia es la posibilidad de que los menores crezcan en condiciones de dinero suficientes para acceder a sus derechos, que son los servicios básicos, la educación, la salud. Son derechos constitucionales que el Estado argentino debe garantizar”, dice Francisco Rodríguez Abinal, abogado del programa Derechos Sociales de la Niñez de la ACIJ, y quien estuvo a cargo del informe.
Si bien el porcentaje infantil aumentó un 40% en los últimos años, en lo que se puede asegurar como una responsabilidad compartida entre los gobernantes del país, desde el retorno a la democracia el piso de pobreza infantil siempre fue considerable.
Hambre extrema. El porcentaje de pobreza infantil extrema también mostró un crecimiento terrible en los últimos años. Para 2018 era del 8,1% (989.699 niños). En 2019, el porcentaje escaló al 13%, afectando a 1.588.405 de menores. En 2020 se notó un crecimiento que alcanzó el 15,7%; 1.918.305 niños en total. Para 2021, el crecimiento fue de menos de un punto, de 16,8%, y perjudicó a 2.052.708. En 2022, aumentó la pobreza general, pero se redujo la pobreza extrema. En ese año el valor fue de 13,2%; con 1.612.842 niños.
En 2023 fue de 14,3% (1.747.246) en la primera parte del año, pero aumentó 4 puntos en la segunda mitad del año, con 18,9%, agraviando a 2.309.297 niños. Finalmente, en la primera parte del 2024 el porcentaje escaló a 34,4%: 4.203.164 niños viven en la pobreza extrema. Los datos fueron brindados por el Indec.
Programas sociales en caída. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar cubrieron el 77% de una Canasta Básica Alimentaria en los primeros seis meses de 2024. El porcentaje mejoró con respecto a 2023. La AUH, que alcanza a más de cuatro millones de niños, cubre el 46% de lo que necesita un niño o una niña para comer. Para quienes tienen hasta 14 años, si se junta el programa con la Prestación Alimentaria se alcanza un 77% de la Canasta Básica. “En 2021, cubrían un 49% y un 98% respectivamente. Por eso, todavía se encuentran lejos de asegurar que niños y niñas coman lo necesario”, dice ACIJ.
¿Cómo se sabe si la AUH y la prestación alimentaria alcanzan para cubrir una alimentación mínima? Se compara su valor con la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total que son los valores que determinan la pobreza y la pobreza extrema.
¿Dónde se observan, entonces, los principales recortes? “Los recursos ejecutados por el Estado a junio de 2024 (4.484.688 millones de pesos) son un 26,3% menor que para junio de 2023 ($ 6.082.245 millones)”, asegura ACIJ. La Prestación Alimentar muestra una disminución del 20% respecto del año pasado. La Secretaría de Educación tiene un presupuesto 43,7% menor que en 2023. “Esto ocurre en un contexto en donde el recorte presupuestario fue altísimo en todos los programas, con el objetivo del Gobierno de reducir el gasto público”, dice el representante de ACIJ.
Sin embargo, aclara la asociación: “La AUH tiene un crédito vigente para 2024 de $ 3.321.574 millones, el más alto desde el año 2021. Equivale a un 48% más que lo ejecutado en 2023. Es una de las principales líneas presupuestarias dirigidas a niños –casi el 35% de los recursos destinados a este grupo– y explica, en buena medida, que la inversión no haya caído en mayor porcentaje”.
“El resto de los recortes se explican en el desfinanciamiento del Programa Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones Educativas”, dice ACIJ. “En particular, señalamos que se han ejecutado 0 pesos para actividades de gestión del nivel inicial y secundario, educación sexual integral, reinserción escolar y acompañamiento a trayectorias. Se han disminuido considerablemente los programas de Becas Progresar (-54,7%), y los presupuestos para construcción de jardines infantiles (-43%) e infraestructura escolar (-63,5%)”, agregan.
Con respecto a los programas de salud destinados a la niñez, como el mil días, vinculado a la nutrición y al embarazo, se notan algunos cambios. Entre ellos, explica la asociación: “El programa Abordaje del Curso de Vida tiene un presupuesto que es doce veces inferior a lo ejecutado en 2021 y un 50% menor que lo ejecutado en 2023. Además de la subejecución: durante los primeros seis meses del año se utilizaron solamente el 13% de los recursos disponibles ($ 810 millones de los $ 6.251 millones vigentes)”.
“Con las políticas de AUH o Prestación Alimentar el Estado le transfiere dinero a niñas y niños a través de sus familias; en definitiva, a niños que crecen en situación de pobreza y que tienen dificultades, por su contexto familiar y demás, para acceder a sus derechos. Uno lo puede pensar como un parche o lo puede pensar como un rol del Estado”, expresa Rodríguez Abinal.
“El Estado está obligado a asegurar una protección social, entendida como una protección de ingresos, como una forma de asegurar que los menores accedan a condiciones mínimas de vida. Eso abarca comida, la posibilidad de comprar útiles escolares, vestimenta, etcétera. Y de eso es responsable la familia de los niños, pero también el Estado. Entonces, al final, no creo que sean políticas de parche”, opina el letrado. “Si uno quisiera sacar a la población de la pobreza, deberían realizarse otro tipo de medidas”, aclara.
“La Constitución Nacional y la Ley 26.601 (Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes) implican invertir recursos económicos en los derechos de los menores. La Oficina Nacional de Presupuesto identifica, desde el año 2021, un conjunto de programas presupuestarios y actividades que benefician a este grupo. Desde protección social, hasta salud, educación, entre otros. Incluyen casi cuarenta programas pertenecientes al Poder Legislativo y Poder Ejecutivo dividido en más de diez ministerios”, explica ACIJ. “En un contexto de profunda crisis económica, es urgente que el Poder Ejecutivo tome medidas para aumentar los recursos que garantizan los derechos de este grupo y que puedan crecer y vivir en condiciones dignas”, exigen.
