Lejos del griterío de la discusión política –que, de tanto ruido inconducente, más que información, es censura– las dinámicas y tendencias de la realidad siguen adelante, sin importar las palabras, deseos y pronósticos. Mientras nos distraemos con fuegos de artificio en su mayoría vacíos, tendencias de la vida social y económica se siguen consolidando lentamente, sin ser atendidas. Las propuestas más divulgadas respecto a políticas laborales parten del supuesto de que la actual estructura económica se encuentra prácticamente consolidada y es irreversible. Predomina la exhortación a la buena voluntad de los efectivos beneficiarios de los cambios introducidos en el país desde el año 1975 a la fecha, para que contribuyan a disminuir los efectos negativos de los cambios. Pero en el transcurso de las últimas décadas, salvo breves lapsos excepcionales, dichos beneficiarios demostraron, en general, no estar interesados en el desarrollo nacional.
Parecería que las propuestas para superar la desocupación estuvieran dadas en un marco en el que la contribución de los diversos actores sociales que participan en la actividad económica no admitiera discusión. Este rígido marco se asume como un fenómeno natural, sin ser debatido, por una importante porción tanto de la dirigencia política como de miembros de círculos académicos, científicos y tecnológicos. Solo así se explica la repetición de propuestas de escasa o nula eficiencia.
Nos interesa contribuir con un aporte concreto y prestar atención a un sector en donde existe un muy pobre debate: el sector agropecuario. Ese aporte, de larga trayectoria, antecedentes, experiencias piloto exitosas e incluso un paso por el Congreso de la Nación, llamado Programa Nacional La Marcha al Campo. El proyecto aborda varios aspectos. No solamente lo productivo y, por consecuencia, lo laboral y lo social, sino que apunta a una nueva geografía económica, al necesario repoblamiento del interior productivo, a la necesidad imperiosa de recrear un sector chacarero fuerte y la necesidad de poblar equilibradamente nuestro territorio, fomentando una inmigración inversa: de las urbes superpobladas, hacinadas, sin destino productivo y en proceso de guetificación, al sector rural, necesitado de empleo, población, desarrollo tecnológico y producción, a la par de un eficaz impulso del Estado sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología en el manejo de la naturaleza, no sólo en lo concerniente al uso de la tierra en la producción agropecuaria y al aprovechamiento de la masa forestal nativa, sino también en el correcto uso de las aguas continentales, la fauna y la flora nativa y el resto de los factores naturales.
El programa propone la utilización de tierra fiscal con bosque nativo (alrededor de doce millones de hectáreas, según estimaciones conservadoras) para el aprovechamiento de sus múltiples productos en un plan de manejo sustentable, compatible además, con la actividad pecuaria, con manejo de las existencias mediante el uso de alambradas eléctricas.
Los recursos financieros necesarios para el programa son importantes, pero no imposibles de obtener y parte de ellos pueden provenir de los recursos disponibles de programas en ejecución. No se trata de un “revoleo” al azar, ni del reparto indiscriminado de tierras, ni menos aún del traslado de la pobreza de un lado a otro. Sería aprovechar la larga tradición nacional cooperativista y la necesidad de un desarrollo territorial federal y productivo. Que se dirija a frenar la tendencia de hacinamiento en los conurbanos mediante una estrategia tanto productiva, como de movilización de fuerza de trabajo ociosa, que puede en un primer plazo de 48 meses contener a la población rural que migra y atraer a ciertos perfiles que ya emigraron y organizarla como productores, sin subsidios permanentes del Estado, con un libre desarrollo de sus actividades y afincados en todo el territorio nacional.
El programa cuenta con un detallado cronograma, trabajado en el marco del Consejo Nacional del Desarrollo en los años 60 y con experiencias exitosas llevadas adelante en provincias como Buenos Aires, Salta, Santa Cruz y Córdoba. Experiencias de funcionamiento similares se pueden ver en el modelo agropecuario francés, donde existe un fuerte desarrollo de regiones con denominación de origen, un poblamiento más adecuado del territorio y un involucramiento de productores y organizaciones profesionales para aportar investigaciones aplicadas que sirvan a las necesidades de los productores.
La Marcha al Campo es, además, la herramienta más eficaz para construir un federalismo equilibrado, al provocar una desconcentración de las grandes urbes y la cobertura de una demanda creciente de alimentos de calidad, y con denominación de origen en las provincias, mejorando no sólo la calidad de vida de los directamente involucrados, sino también generando desarrollo derivado en los territorios en las que se implemente.
El programa encuentra sus orígenes en los gobiernos de Perón y fue impulsado por décadas bajo distintas iniciativas y formas, más notablemente bajo el liderazgo del exministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Oscar Bidegain (1973-74), Guillermo Gallo Mendoza. Más recientemente (en 2020) tuvo un breve, pero trunco paso por instancias legislativas, donde fue cajoneado por la desidia o ponderación de intereses mezquinos.
Con los alarmantes índices de pobreza, es hora de retomar esta propuesta estratégica y asequible para recuperar la esperanza, generar empleo genuino, aportar al desarrollo territorial y productivo, reducir drásticamente el desempleo y trazar un horizonte de esperanza para millones de argentinos que se encuentran en la angustiante situación de desempleo y pobreza estructural. No hay tiempo que perder.
*Campaña Nacional
La Marcha al Campo.
