En el contexto actual de crisis climática global y creciente demanda energética, la eficiencia en el uso de los recursos energéticos se ha convertido en un imperativo inaplazable para las naciones en desarrollo. ¿Somos conscientes como ciudadanos de este desafío? La Argentina, con su compleja matriz energética y sus particulares desafíos socioeconómicos, se encuentra en una coyuntura crítica que demanda una revaluación profunda de sus patrones de consumo energético, especialmente en el sector residencial.
¿Cómo está abordando nuestro país el desafío de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energético, particularmente en el ámbito residencial? En Argentina, el sector residencial es responsable del 15% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI). El consumo energético en los hogares se reparte principalmente entre tres fuentes: gas natural, electricidad y, en menor medida, gas licuado de petróleo (GLP). El gas natural predomina en áreas urbanas, utilizado para calefacción, agua caliente y cocina. La calefacción de espacios impulsa el consumo energético en los hogares (48% del total), seguida por la calefacción de agua (21%) y la cocina (15%). Los electrodomésticos como refrigeradores y freezers representan una gran parte del consumo eléctrico, especialmente en hogares de bajos ingresos. Las diferencias climáticas geográficas afectan los patrones de consumo energético, con mayor consumo per cápita en las áreas más frías del país.
Nuestra calidad de vida depende del acondicionamiento térmico: del uso de hornallas, el agua caliente en las duchas y la preservación de los alimentos. Por cada una de estas actividades, emitimos CO2 a la atmósfera. La ineficiencia energética es un problema grave, con una alta prevalencia de electrodomésticos antiguos que consumen más energía que los modelos modernos y eficientes.
El costo de la energía afecta de manera desigual a los hogares según sus ingresos y la variabilidad climática. La segmentación de consumidores en niveles de ingresos (bajos, medios y altos) es una estrategia de buena práctica para ajustar las tarifas y subsidios de energía eléctrica, focalizando los subsidios en los sectores más vulnerables y reduciendo las subvenciones para los consumidores de mayores ingresos. Pero esto no debería ser todo. Instrumentos efectivos que fomenten el uso racional de la energía pueden disminuir las emisiones de GEI y generar ahorros generalizados. En conjunto, con estas políticas, la Argentina podría cumplir con los compromisos de emisiones bajo las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), alineadas con los objetivos del Acuerdo de París.
Los impactos pueden ser considerables: medidas como la sustitución de refrigeradores antiguos por modelos de alta eficiencia (etiqueta A+ o superior) reducen el consumo eléctrico en hasta un 70%. Seamos claros, este tipo de intervenciones no solo disminuye el consumo de energía en cada hogar, sino que también reduce la demanda general de energía, minimizando la dependencia de combustibles fósiles. De este modo, el ahorro energético se traduce en un beneficio económico directo e importantísimo para los hogares, especialmente para los más vulnerables. Pero, además, alivia la carga de los subsidios energéticos, liberando recursos para otras áreas prioritarias. Sumado a ello, la eficiencia energética también mejora la calidad del aire y reduce los riesgos asociados a la contaminación al disminuir el uso de combustibles fósiles. Junto con la renovación de los electrodomésticos, hay un importante camino a recorrer para mejorar la calidad constructiva de las viviendas y adaptarlas para lograr una mayor eficiencia térmica. Esto aplica para todos los hogares, pero aún más para aquellos segmentos vulnerables que viven en barrios populares o con viviendas autoconstruidas.
La inversión en infraestructura sostenible puede ser un catalizador para la creación de empleo y la mejora de las condiciones del mercado laboral. En particular, en términos de creación de empleos verdes, la construcción sostenible, principalmente vinculada a la construcción, instalaciones y terminaciones no solo de nuevos edificios sino también reparaciones, adiciones y alteraciones para mejorar las construcciones existentes desde una perspectiva ambiental, muestra un alto potencial. La OECD estima que la creación adicional de empleo neto en el sector podría alcanzar el 14,3% para 2030 en América Latina y el Caribe.
¿Qué pueden hacer las políticas públicas para fomentar la asequibilidad del consumo energético y la adopción de artefactos eficientes? Argentina ha implementado programas específicos como el Programa de Etiquetado de Eficiencia Energética y el Programa Renovate, que facilitan la adquisición de electrodomésticos eficientes mediante subsidios y financiamiento. También se han lanzado iniciativas para mejorar el aislamiento térmico de viviendas y promover el uso de energías renovables, como calentadores solares de agua. Proyectos de renovación de bajo costo que mejoren el aislamiento y la eficiencia de los sistemas de calefacción y refrigeración pueden disminuir significativamente el gasto energético. Propiciar el acceso a microcréditos o esquemas de financiamiento flexible podría ayudar a las familias a invertir en mejoras que generen ahorros a largo plazo.
En términos de generación energética, Argentina tiene oportunidades para expandir las energías renovables, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y fomentar la generación distribuida. Los programas de eficiencia energética son coherentes con una política macroeconómica centrada en el control del déficit fiscal. Mejorar la eficiencia energética en los hogares reduce la necesidad de subsidios, libera recursos fiscales y, a nivel micro, genera nuevas oportunidades de empleo en sectores como la construcción, la manufactura de electrodomésticos eficientes y la instalación de tecnologías renovables.
La implementación de estas iniciativas enfrenta desafíos, especialmente en el contexto actual. Se requiere un Estado con acceso al financiamiento y una visión de sostenibilidad futura. Mejorar los mecanismos de coordinación entre el Gobierno, las empresas de servicios públicos, la sociedad civil y los organismos internacionales es clave para asegurar la efectividad de estos programas. Un marco regulatorio claro y firme, que incentive la participación activa en la mejora de la eficiencia energética, será fundamental para el éxito a largo plazo. La falta de concientización energética, que limita la efectividad de estos programas, requiere de iniciativas de educación ciudadana que promuevan prácticas de eficiencia energética y empoderen a las familias para reducir su consumo.
El sector académico y los centros de investigación aplicada estamos comprometidos a apoyar el diseño y evaluación de programas que orienten al país hacia servicios de electricidad asequibles, sostenibles y sustentables para los próximos años.
*Directora de la maestría en Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella y directora fundadora del Centro de Investigación en Políticas Urbanas y Vivienda de UTDT. **Director ejecutivo del Centro de Políticas Basadas en la Evidencia de la Universidad Torcuato Di Tella.
