Argentina es el octavo país más grande del mundo. Tiene una línea de costa de 4.989 kilómetros y fronteras por 11.968 kilómetros. Para que el lector tome referencia, la frontera entre México y los Estados Unidos es de 3.169 km, mientras que la frontera argentina con el tercer productor mundial de cocaína (Bolivia) y el primero de marihuana (Paraguay) suma 2.432 km.
EE.UU. es un buen caso de comparación porque los dos países son de gran extensión territorial y tienen un Estado organizado con un formato republicano y federal. Esto implica que el sector seguridad de ambos Estados guarda conceptualmente grandes coincidencias en la distribución de funciones y responsabilidades entre el Estado nacional y los Estados subnacionales, y en la distribución de roles entre los poderes ejecutivos, judiciales y legislativos en materia de seguridad nacional (defensa, seguridad interior e institucional) y seguridad pública (en todos sus componentes y –en especial– en seguridad ciudadana).
Esto implica entender que intervienen funcionarios de distintos niveles, agencias, servicios y fuerzas del Poder Ejecutivo, con fiscales y jueces para aplicar la ley tanto en el ámbito federal como en el ordinario (a cargo de las provincias); y todos tienen un papel muy claro para aquellas amenazas tipificadas en el Código Penal de la Nación como el terrorismo y el narcotráfico.
El orden público, la aplicación de la ley y la administración de justicia para los delitos ordinarios tienen un ordenamiento establecido inconfundible si se tienen valores republicanos y federalistas, además de solvencia técnica profesional.
Diferencias ministeriales
El Ministerio de Seguridad Interior de los EE.UU. fue creado para la lucha contra el terrorismo, la seguridad fronteriza, inmigración, aduanas, seguridad cibernética y la gestión y prevención de desastres. Funciona desde 2003. Se integró sobre la base de 24 agencias que se encontraban en otras carteras y tiene una clara división de roles con el Ministerio de Justicia, que se encarga de la aplicación de la ley federal dentro del territorio norteamericano, excepto en las fronteras donde tiene jurisdicción el primero mencionado.
En cambio, el Ministerio de Seguridad (Interior) argentino fue creado en 2010. A diferencia de su par estadounidense, no posee las mismas agencias y fuerzas equivalentes bajo su jurisdicción y no tiene la misma separación de roles con el Ministerio de Justicia, que tiene funciones muy degradadas en comparación con el de los EE.UU. Hasta este momento, ocuparon cargo en el Ministerio de Seguridad Interior de los EE.UU. ocho ministros, mientras que en el de Argentina, siete. En el país norteamericano prevalecen los perfiles técnicos asociados con la aplicación de la ley o con experiencia técnica previa en seguridad y defensa, mientras que aquí prevalecen los perfiles políticos.
En EE.UU. los ministros no utilizan el cargo como un trampolín para ocupar cargos ejecutivos superiores o cargos legislativos. Ninguno ambicionó luego una carrera política como presidente, gobernador u otras posiciones políticas. El perfil mediático es ajustado a lo institucional. Los logros de la cartera no se transforman en logros políticos personales. No se autoatribuyen especialidad profesional cuando no la tienen. Nadie en la sociedad los percibe como superhéroes y ellos no se muestran como tales.
La ministra Bullrich rompe el molde norteamericano. Asume la fatal arrogancia alertada por Friedrich Hayek en su libro así titulado. Se arroga superioridad sobre el Poder Judicial y también se abalanza sobre el Poder Legislativo. No respeta las jurisdicciones de los Estados subnacionales y desconoce su actuación cuando algún éxito conjunto o combinado puede sumar a su imagen política personal.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es su principal víctima porque en ese distrito ella quiere acaparar todo el protagonismo. No es la única en Argentina con este patrón de conducta. Sergio Berni o Juan Pablo Quinteros (en la provincia de Córdoba) son otros ejemplos de igual o menor intensidad.
¿Omnipresente? Esta arrogancia lleva a la ministra Bullrich a atribuirse una supuesta drástica reducción de los piquetes en el país, ninguneando a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien, con su estrategia de cortar el fondeo a las organizaciones piqueteras, fue la gran protagonista de este éxito puntual en la CABA. Los porteños no ven cortadas calles, avenidas y puentes. Sin embargo, en el país hubo 5.996 piquetes en 2024 que fueron un 27% menor con respecto a 2023, pero mayor al promedio de los últimos 15 años, de 5.704 piquetes por año.
En 2024, Argentina registró 1.810 asesinatos que representan casi cuatro muertes cada 100 mil habitantes. La tasa de homicidios más baja desde el año 2000, 11,5% con respecto a 2023, cuando hubo 2.046. Nuestro país quedó en el segundo lugar de Latinoamérica, por detrás de El Salvador, que registró casi dos homicidios por la misma cantidad de ciudadanos. El resto está por arriba de cinco. La baja obedece a múltiples causas. Sin embargo, para la ministra Bullrich todo es obra de ella. Si un gobierno subnacional aliado u opositor logró bajar su cifra, se lo niega o se lo esconde.
Esta actitud también se vio manifestada en algunos desalojos en la Patagonia que, técnicamente, solo significaron cumplir con la decisión de un juez. También ocurrió con los presuntos terroristas encontrados. La ministra Bullrich invisibiliza a fiscales y jueces. El daño institucional que ocasiona es atroz. Subvierte el orden republicano y federal. Si Hayek no está equivocado: ¿no es esta arrogancia un error?
*Ingeniero, magíster en Defensa Nacional.
