Cuando un gobierno envía un proyecto de Presupuesto al Congreso para su consideración y aprobación, aparte de los números, hay intensiones y prioridades que permiten sacar conclusiones sobre el rumbo de la gestión para el año venidero. El proyecto de Presupuesto 2025 es el primero elaborado por el presidente Javier Milei y sus ministros. No hay otros a quién culpar o felicitar.
Este análisis se enfocará entendiendo por sector seguridad de un Estado federal a aquel relacionado con la seguridad nacional (Defensa, Seguridad institucional y Seguridad interior) y con la seguridad internacional. Los Estados federales tienen delegada la seguridad pública en sus Estados subnacionales. En Argentina, el sector seguridad del Estado nacional está integrado por organismos ubicados en los Ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia, Relaciones Internacionales, Economía y Jefatura de Gabinete de ministros.
Esta dispersión se debe porque el sector seguridad argentino no tuvo un diseño estable compatible con la de aquellos Estados federales que son paradigma. Desde 1995, los gobiernos distorsionaron su estructura muchas veces. Esta distorsión aún continúa y tiene su impacto en este proyecto presupuestario.
Además, el proyecto demuestra que el gobierno no tuvo una Política ni una Estrategia de Seguridad Nacional, a diferencia de los Estados Unidos, país que el Presidente dice tener como referencia. Hasta ahora, Milei ha sido incapaz de mostrar un avance concreto de orden institucional que siga el correlato organizacional estadounidense. Lo hecho con la SIDE no puede tomarse como tal. El Presidente quiere insertar a la Argentina en la OTAN, entre otras iniciativas de seguridad, pero se apoya en pies de barro. Este proyecto muestra que ese barro es chirlo y sobre él no se puede construir sólidamente lo que el Presidente anuncia.
En este sentido, ni el Ministerio de Justicia ni el Ministerio de Seguridad se han puesto a tono con las funciones y ámbitos de competencia que tienen sus pares estadounidenses, es decir el Justice Department y el Homeland Security Department. Esto implicaría muchas modificaciones en estos ministerios. Entre ellas, por ejemplo, una reforma compleja de la Policía Federal Argentina para adaptar sus funciones a las que presta el FBI haciéndola depender del Ministerio de Justicia, como así también debiera el Servicio Penitenciario Federal y la Unidad de Información Financiera, eliminando muchos de los actuales organismos que aún posee, a efectos de ajustarlo exclusivamente a la aplicación de la ley federal en el territorio, excepto en la frontera.
Para tener gobernanza en la frontera, donde debería tener su competencia principal el actual Ministerio de Seguridad, la Aduana debería habérsele traspasado transformándola como su par estadounidense en un organismo de seguridad, como así también Migraciones y el Registro de las Personas. Por ser redundante, la Policía de Seguridad Aeroportuaria debería ser eliminada. Sus funciones asumidas por la Gendarmería Nacional. Los aeropuertos son parte de la frontera terrestre. La PSA es una fuerza que no tiene par en el mundo. Una excentricidad argentina. Para el manejo de catástrofes debería crearse una agencia como la FEMA. Nada de esto figura en el proyecto.
Se supone que si Milei dice ser trumpista y dado que Argentina limita con el tercer productor mundial de cocaína (Bolivia) y el primero de marihuana (Paraguay) la idea de “muro” debería haber sido prioritario en alguien que se referencia en un promotor de este tipo de política. Más aun si se suma el ejemplo de Israel. Nada de eso está previsto. Las compras planeadas para el Ministerio de Patricia Bullrich son limitadísimas, a diferencia de Defensa.
En defensa, existen inconsistencias. Por ejemplo, mientras por un lado se busca cielos abiertos y la privatización de Aerolíneas Argentinas, Luis Petri fortalece Líneas Aéreas del Estado. ¿Cómo puede Federico Sturzenegger explicar esto?
En materia de compras, muchas no obedecen a ninguna prioridad, ni a un criterio de razonabilidad que pueda ajustarse a la percepción que cualquier argentino pueda tener como amenazas y riesgos: narcotráfico, pesca ilegal, terrorismo, incendios e inundaciones. Es el problema de las capacidades militares que el Presidente parece no entender. Por ejemplo, se prefiere controlar el mar con aviones y no con drones. Se pretende hacer esta tarea con submarinos y no con medios más eficientes. Por ahora, esa obtención no está contemplada en este proyecto. Es una clara prioridad secundaria para la seguridad nacional.
Hay además curiosidades. Por ejemplo, se ha comprado aviones F-16, pero lo dispuesto indica que no hay previsión para su operación en el 2025. Cuando se dice intentar privatizar empresas estatales como FAdeA, en vez de darle volumen de negocio para conseguir ese objetivo, el mantenimiento mayor de los F-16 se lo prevé en el Área Material Río Cuarto, es decir no se promueve capitalismo. ¿Un estatismo libertario? Inexplicable. No surge tampoco ninguna política de mejora de la calidad del gasto. Hay previsto una continuidad de la cantidad de personal y un crecimiento de la masa salarial asignada.
Por lo expuesto se puede concluir que desde el sector seguridad el proyecto de Presupuesto 2025 arroja la sensación de haber sido confeccionado para cumplir, como si se hubiera estimado que no será aprobado, porque para gestionar habrá discrecionalidad. Esto es un error que afectará la gobernanza del sector y sus resultados esperados.
* Ingeniero, Magister en Defensa Nacional.
