El informe “Las voces de las y los adolescentes privados de libertad en Argentina”, elaborado por UNICEF, demuestra empírica, fundada y metodológicamente la situación de este particular colectivo. Y, lo que es más novedoso y central, es que lo hace desde las experiencias personales de las y los protagonistas. Sus voces son las que (nos) hablan. No hay adultos que moldeen sus decires. La voz adolescente nos interpela –sin mediaciones contaminantes– a quienes de una u otra forma intervenimos en sus vidas. A veces, colonizando su voz; otras, sencillamente ignorándola.
Hipótesis confirmadas. El relevamiento confirma lo que constatamos cotidianamente en cada una de las funciones que ejercemos. Sin embargo, mientras obtenemos esa información en cada caso concreto –y por ende, recortada a nuestra intervención–, el informe la recaba y aborda de manera integral, en cada una de las regiones que abarca y permite –en definitiva– conocer el estado de la cuestión a nivel país.
Con la solidez de sus datos, el informe acredita que las y los adolescentes privados de su libertad constituyen uno de los colectivos más olvidados y vulnerables del orden social imperante. Por sus orígenes, por sus azares siempre desaventajados, por sus infancias tan poco infantiles, por sus ingresos a la adolescencia sin redes de contención, por los contextos de diversas violencias en los que viven y los/las atraviesan (familiares, comunitarias y, en especial, institucionales). Y además, porque, en líneas generales, esos índices de vulnerabilidad se agravan marcadamente en sus experiencias de privación de libertad. A sus cursos de vida caracterizados por sus fragilidades subjetivas y tramas de exclusión social se adosa esa huella estigmatizante que imprime todo encierro punitivo.
Derechos y garantías. Estas voces que el relevamiento amplifica cristalizan y ponen en acto el derecho a ser oído de las y los adolescentes, reconocido hace tiempo en la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero ese derecho impone un correlato obligatorio para el mundo adulto, también por expreso mandato de la Convención. Esas voces deben ser tenidas en cuenta para pensar, abordar y resolver las problemáticas que enuncian. Esas palabras tienen que ser recepcionadas por una escucha activa de las y los adultos. Queda obturada toda posibilidad de desecharlas como meras manifestaciones quejosas y previsibles de un colectivo siempre sospechoso.
Esas voces configuran un insumo imprescindible para la elaboración de un diagnóstico preciso y urgente que permita ajustar, redefinir y autocriticar nuestras propias prácticas.
El relevamiento también pone de manifiesto algo que, de alguna manera, algunos intuíamos. Es imposible caracterizar de manera homogénea cómo funciona el sistema penal juvenil en la Argentina. Esas voces demuestran con elocuencia la existencia de tantos sistemas penales adolescentes como jurisdicciones. Incluso, en cada jurisdicción esas divergencias se multiplican por cada operador judicial. Estas marcadas diferencias (con frecuencia, abiertas contradicciones en la aplicación de la misma normativa) surgen de la desagregada lectura de cada una de las regiones relevadas.
Una particular preocupación me genera, en lo personal, el capítulo vinculado a la relación de las y los adolescentes privados de libertad con el sistema de administración de justicia.
Silencio. Así, en lo referido al contacto con sus defensores/as, se desprende que un 15,3 % manifestó no haber mantenido ninguna entrevista. En la región Norte, ese número alcanza el 37,7 % de los/las consultados/as.
Por su parte, un 54,4% informó que nunca tuvo contacto con el/la juez/a de su causa. Este número llega al 60,7 y 68,4 % en las regiones Centro y Norte, respectivamente. Del universo que tuvo posibilidad de entrevistarse con su juez/a, se destaca muy especialmente la inexistencia de un lenguaje claro, sencillo y acorde a sus edades, lo que impide una cabal comprensión sus situaciones procesales.
Resulta claro que facilitar y garantizar estas entrevistas así como celebrarlas en un marco amigable y comprensible constituye un presupuesto imprescindible para introducir esas voces en las actuaciones judiciales y, de esta manera, mejorar sus condiciones de detención.
En definitiva, el informe es de lectura obligatoria. Y para que, después de su atenta lectura, puedan evaluar honestamente la conveniencia de extender esta situación a las y los adolescentes de catorce y quince años. En otras palabras, para que puedan advertir que sus pretensiones no harían más que duplicar este fracaso. Tan contraproducente en lo social como ineficiente en la responsabilización subjetiva.
Vigilar, castigar y, además, estigmatizar.
El informe presentado por Unicef junto con el Centro de Estudios de Población (Cenep) está formado por más de 500 entrevistas. Si tomamos en cuenta que en 2015 la cantidad de adolescentes en conflicto con la ley en el país era casi de más de 7 mil jóvenes y entre ellos 1.300 están detenidos, la muestra presentada esta última semana es por demás significativa. Por eso, vale la pena tener en cuenta algunos de los números resultantes de la encuesta para comprender en qué cuadro de situación está el país.
El primer dato es que casi todos los entrevistados y encuestados son de una población de que resulta social e individualmente vulnerable.
La muestra fue realizada por regiones geográficas: Buenos Aires (Provincia y Ciudad Autónoma), Centro, Cuyo y Norte del país. En total fueron relevados 22 centros cerrados. A través de las encuestas se obtuvo información sobre las trayectorias biográficas de los chicos, su educación, sus experiencias con el trabajo, sus recuerdos sobre los lugares en donde se criaron y sus familias, el acceso a derechos básicos durante la privación de libertad.
Datos. Algunos de los números que presenta el informe ayudan a comprender el cuadro de situación. El 28% de los chicos encerrados vivió en la calle. El 14% lo hizo en “hogares de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales” porque sufrió violencia y maltrato en su casa, abandono, abuso sexual, entre otros factores. Casi el 40% manifestó haber sido maltratado por las “fuerzas de seguridad” antes del encierro. Tres de cada 10 sufrió algún tipo de violencia en la institución. La mayoría no pudo realizar la denuncia.
Es evidente que la situación legal argentina es compleja. Que el tema aparece ante un caso de resonancia. Ante esta irrupción, es probable que se reclame la baja de la edad de imputabilidad. El estudio demuestra que se requiere otro tipo de medidas. Y atención a los adolescentes.
*Cotitular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación.
