Colombia es un país profundamente marcado por más de cincuenta años de conflicto armado, cuyas heridas han dejado cicatrices imborrables. Aunque muchos colombianos creímos que la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) representaría el fin de este conflicto, la realidad es que la guerra continuó y diversos acontecimientos a lo largo de 2024 y en lo que va de 2025 han evidenciado un alarmante recrudecimiento de la violencia.
Los grupos armados ilegales, impulsados por economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, han expandido su presencia en diversas regiones del país. Entre estos grupos se destacan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC surgidas tras su desmovilización en 2017, y el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que se originó en la desmovilización de grupos paramilitares en la década de 2000.
En su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo 2025, Human Rights Watch (HRW) advirtió sobre el grave impacto de estos grupos armados en la población civil, destacando que, entre enero y julio de 2024, unas 34 mil personas fueron desplazadas forzosamente según cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA). Investigaciones de HRW revelaron que, para junio de 2024, el Clan del Golfo tenía presencia en 392 municipios, el ELN en 232 y las disidencias de las FARC en 299, representando un incremento del 55%, 23% y 30%, respectivamente, en comparación con 2022.
En este contexto de violencia persistente, el sector artístico y cultural no ha sido ajeno a los estragos del conflicto, especialmente en departamentos históricamente golpeados por el conflicto armado, como el del Cauca, donde artistas y líderes culturales han quedado atrapados en medio del fuego cruzado entre grupos ilegales que buscan imponer su control territorial.
La persecución a quienes promueven el arte y la cultura en estos territorios se ha traducido en censura, amenazas, ataques y asesinatos que han silenciado voces fundamentales para la identidad y el tejido social en esta zona del país. Uno de los casos más alarmantes ocurrió el 2 de agosto de 2024, cuando Edgar Eduardo Victoria Segura, artista y docente del Resguardo Indígena de Vitoncó, fue asesinado mientras viajaba junto a otros dos profesores en la vía que conecta Belalcázar, Cauca, con La Plata, Huila. Presuntas disidencias de las FARC serían responsables del crimen.
El asesinato de Victoria Segura no fue un hecho aislado. Apenas dos meses después, el 5 de octubre, la violencia volvió a golpear al sector cultural en el mismo departamento con el homicidio de Andrés Erazo, reconocido gestor cultural y fundador del grupo folclórico Soles de Micay. Erazo, promotor de la danza y el teatro en el municipio de Argelia, fue asesinado en la plaza central, en un crimen que, aunque aún no ha sido esclarecido, ocurrió en una zona con fuerte presencia de grupos armados ilegales como el Frente Carlos Patiño y el Frente Diomer Cortés; ambos pertenecientes a las disidencias de las FARC, así como el ELN, estructuras que han sembrado terror y zozobra en la región.
La situación se tornó aún más tensa en noviembre de 2024, cuando las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco, emitieron un comunicado intimidante contra los artistas invitados al Festival Cultural y Artístico organizado por el Ministerio de Defensa en el corregimiento de El Plateado, ubicado en el municipio de Argelia, Cauca.
En su mensaje, calificaron el evento como “el concierto de la guerra” y lanzaron amenazas directas contra artistas de la música popular como Arelys Henao y el Grupo Fuego Internacional, advirtiendo que, si se presentaban en el festival, serían considerados objetivo militar en futuras presentaciones en territorios bajo influencia de estas disidencias. Las intimidaciones se materializaron el 8 de noviembre, cuando un artefacto explosivo oculto en una motocicleta fue detonado en el sitio donde se realizaría el evento, dejando varios soldados heridos y obligando al Ministerio de Defensa a cancelar el concierto por falta de garantías en materia de seguridad.
Esta oleada de violencia no cesó con la llegada del nuevo año. En lo que va de este 2025, Cauca continúa siendo epicentro de una intensa confrontación entre las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN. En este escenario de conflicto, el 1º de enero, Dávinson Gaviria, un reconocido cantante de música popular, fue asesinado tras finalizar un concierto privado en el estadero Linda Pradera, ubicado en la vereda La Esperanza, corregimiento de El Estrecho.
El evento había sido organizado por un grupo de comerciantes de la zona y, según testigos, los atacantes ingresaron al establecimiento y, en el momento en que Gaviria se disponía a abordar su vehículo para dirigirse a otro evento, le dispararon en reiteradas ocasiones. Aunque fue trasladado con vida a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.
Sobre la posible identidad de los responsables, testimonios anónimos de artistas de la región han denunciado que las disidencias de las FARC, en reiteradas ocasiones, han amenazado a músicos que intentan presentarse en distintas zonas rurales del departamento. Según estos relatos, los artistas quedan en una situación de extrema vulnerabilidad: si se presentan en zonas controladas por las disidencias de las FARC, se les prohíbe actuar en territorios bajo influencia del ELN.
El 28 de enero, la violencia volvió a golpear al Cauca cuando un carro bomba explotó nuevamente en El Plateado durante el cierre del Festival de Negros y Blancos, una de las celebraciones culturales más importantes de este corregimiento. Según las autoridades, las disidencias de las FARC serían responsables del atentado, que una vez más evidenció cómo la imposición del miedo y el control armado afectan directamente la vida cultural del territorio.
Esta cronología de hechos evidencia no solo el control territorial que ejercen los grupos armados ilegales, sino también cómo su presencia afecta directamente la vida artística y cultural de las comunidades en las zonas más vulnerables al conflicto, limitando el derecho a la libertad de expresión de artistas y audiencias. La falta de garantías de seguridad ha convertido la violencia en un mecanismo de censura y control territorial, reflejando la incapacidad del Estado para proteger a quienes habitan estos territorios.
Según la Comisión de la Verdad, en Colombia el arte y la cultura han sido herramientas de resistencia, denuncia y testimonio, permitiendo visibilizar realidades complejas del país. Sin embargo, en lugar de ser protegidos, artistas y líderes culturales siguen expuestos a la violencia de grupos armados que buscan silenciarlos. En estos territorios, la cultura y el arte son sinónimos de esperanza y se convierten en un refugio frente a una realidad marcada por el miedo y la incertidumbre que deja la guerra. Mientras no existan garantías reales de protección, la violencia seguirá imponiendo el silencio, afectando tanto a quienes crean arte como a quienes lo disfrutan y lo reconocen como una forma de expresión, identidad y memoria histórica.
*Consultora e investigadora en libertad de expresión artística y derechos culturales en América Latina y consejera consultiva de Cadal.
