El decreto que Javier Milei firmó para la designación de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema es cuestionado por AMCHAM (Cámara de Comercio de los Estados Unidos y Argentina), y de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina). Dos entidades que, a su manera, acompañan la gestión del presente gobierno.
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“La designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, debilita la calidad de nuestras instituciones y contradice los valores republicanos”, titula en su comunicado IDEA, entidad cuyo coloquio es un clásico anual del establishment corporativo argentino. “Existiendo los procedimientos constitucionales (…), es responsabilidad de cada uno de los poderes de la República la presentación de candidatos con fundados antecedentes de probidad, así como su debate y aprobación oportuna. El principio de la división de los poderes, con sus mecanismos de controles y equilibrios, es la base de nuestro sistema democrático. (…) Como representantes del sector empresario, hacemos un llamado a todos los poderes y a los representantes de todo el arco político a fortalecer la institucionalidad, condición indispensable para generar la confianza que permite atraer las inversiones, tan necesarias para el desarrollo futuro del país”.
En un texto más extenso, AMCHAM resumió en que “institucionalidad y seguridad jurídica son claves para la competitividad”. Después de describir los avances que, para AMCHAM, generó el gobierno de Javier Milei, señala que “medidas como la designación extraordinaria y transitoria de los jueces a la Corte Suprema pueden afectar la previsibilidad que el país necesita para consolidar su crecimiento”.
Manuel García Mansilla ahora dice que no le importaría ser nombrado por decreto.
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos y Argentina (AMCHAM) entiende que la Constitución Nacional habilita a Javier Milei a nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla de manera transitoria hasta el 30 de noviembre de 2025, pero apunta a que esto mismo “representa un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional que debe regir en una república democrática (…), y no parece el camino más adecuado, a menos de una semana del inicio de las sesiones ordinarias de 2025”.
Desconcierto, debilitamiento de la estabilidad judicial, afectación de la confianza asó como también de la validez y legalidad de los fallos de la Corte Suprema, son los conceptos que AMCHAM utiliza para describir lo que genera Javier Milei con su decreto para el nombramiento de Ariel Lijo y Manuel Garcia Mansilla. Asimismo AMCHAM urge al Senado de la Nación que asuma su responsabilidad para aprobar o rechazar los mencionados nombramientos.
Jueces del lawfare licenciaron a Ariel Lijo para que pueda ser juez supremo.
“Desde el punto de vista del clima de negocios, la imprevisibilidad institucional y la falta de reglas claras, erosionan la confianza de los actores económicos y alejan las inversiones necesarias para el desarrollo del país”, dice el comunicado de AMCHAM. Para esta cámara debilitar la seguridad jurídica “sólo contribuye a demorar la recuperación económica y social que requiere la República Argentina”.
Manuel García Mansilla, un representante de ideas que atrasan.
Esta actitud conjunta de AMCHAM y de IDEA resulta en un punto llamativa, dado que se mantuvo en silencio cuando Mauricio Macri también quiso nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por decreto apenas asumió la presidencia en 2016. Igualmente, Macri tuvo que ajustarse a derecho y pasar los pliegos por el Senado de la Nación. También en ese momento, la Cámara Argentino de Comercio no dijo nada sobre lo que quiso hacer Macri. Consultada por PERFIL, dicha entidad –que preside Natalio Mario Grinman– dijo que no opinará sobre el decreto de Milei para convertir a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema.
cp
