En un contexto atípico y sin clases presenciales por 80 días, las condiciones del proceso de aprendizaje y enseñanza necesitan ser medidos para conocer no sólo cómo se desarrolla esa continuidad pedagógica durante el aislamiento social y obligatorio sino también cómo será esa vuelta a las aulas cuando las escuelas vuelvan a abrir sus puertas a los alumnos y docentes.
Para ello, el Ministerio de Educación nacional lanzó este lunes una evaluación que alcanzará a 30 mil docentes y directivos de escuelas de todo el país, y a 2.800 familias para saber cómo llevan adelante las actividades y tareas desde sus casas en este período sin presencialidad. La encuesta se realizará durante los meses de junio y julio -con datos preliminares que se conocerán entonces- y los resultados finales se publicarán en octubre.
Si bien algunas provincias -Jujuy ya lo presentó formalmente y en esta semana se sumarán al menos Catamarca y San Juan- ya tienen listos sus protocolos y planean tener alumnos en las aulas (en áreas remotas, primero; en la zona urbana después) en forma escalonada a partir del 15 de este mes, el organismo nacional busca evidencias para tomar decisiones y poder “planficar el retorno a clases y la reorganización de las actividades educativas en el marco de la responsabilidad del Estado nacional y jurisdiccional para garantizar el derecho a la educación”, explicaron desde ese ministerio.
Tres provincias buscan reabrir escuelas a partir de junio
En el estudio, que lleva el nombre de Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, participarán docentes, directivos y familias. En esta última instancia participará Unicef. Este lunes, el ministro Nicolás Trotta dijo que el proceso “fue aprobado por unanimidad en el último Consejo Federal de Educación, con el acompañamiento de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el aval de los sindicatos docentes y del Consejo Interuniversitario Nacional. El diálogo y el consenso con todos los actores de nuestro sistema educativo también es central para llevar tranquilidad”.
Parte de lo que se busca detectar es la deserción escolar durante la pandemia, para buscar y acompañar a esos alumnos en la reinserción al sistema escolar y evitar que pierdan el ciclo lectivo que, se aclaró, estará integrado con el de 2021 y, de ser necesario, con el de 2022.
“Evaluaremos tanto las condiciones en las que se aprende como en las que se está pudiendo enseñar”, explicó Gabriela Diker, secretaria de Evaluación e Información Educativa. “Lo que nos preocupa es cómo se está garantizando a través de las políticas estatales ese acceso a la educación”. La encuesta, en tanto, será en línea, con preguntas abiertas y cerradas, además de entrevistas en profundidad, de las que participarán 5 mil directivos y 25 mil docentes de nivel inicial, primario y secundario de todo el país. El programa de Educación de Unicef preguntará a las familias sobre sus realidades y necesidades a la hora de acompañar el proceso de aprendizaje en casa.
“Tanto las escuelas como los docentes vienen haciendo un gran esfuerzo para mantener la comunicación con los estudiantes y sus familias y hacer llegar actividades educativas, mediante vías muy variadas. Para ello se desarrollará una sistematización de experiencias y propuestas educativas de distintos países frente a la pandemia”, agregaron desde el ministerio nacional.
Según datos provistos por el Ejecutivo nacional, sólo tres de cada diez alumnos y maestros tiene acceso a Internet de alta velocidad. Y la conectividad, que llega al 80%, se da mayormente a través de un teléfono celular. Por ello, los contenidos de Seguimos Educando, el programa oficial del Ministerio de Educación que incluye contenidos de los niveles inicial, primario y secundario -con 14 horas de televisión y siete de radio por día, y cuadernillos repartidos en las 24 jurisdicciones- no utilizan datos para ser accedidos.
Para tratar de facilitar y unificar ese acceso a la información y los contenidos, el ministerio anunció que trabaja en una plataforma -como la que ya utilizan muchos de los 52 mil establecimientos educativos públicos y privados que hay en el país- pero de carácter nacional y gratuito, para unificar criterios jurisdiccionales, y permita un intercambio entre maestros y estudiantes de todos los niveles, incluido el universitario.
“En contextos de crisis como el actual, las posibilidades de aprovechamiento de los recursos educativos disponibles, de sostenimiento de las interacciones y sus efectos sobre el aprendizaje, no sólo serán heterogéneos, sino que pueden llegar a ampliar las brechas de desigualdad preexistentes. Por lo tanto, poder obtener información rigurosa es fundamental para tomar decisiones”, agregó Trotta.
CFE / DS
