La decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de apoyar la posición argentina esta semana en el juicio contra YPF no fue casual. Los fondos buitres que compraron las demandas contra el Estado exigían se le quiten las acciones que hoy tiene el soberano para que con eso se financie un resarcimiento por la nacionalización de la petrolera. Quienes siguen el caso hace años anticipaban que el gobierno norteamericano no iba a querer establecer un peligroso antecedente que se le volvería en contra de sus propias compañías.
La fecha para la posición, 6 de noviembre, había sido incorporada al calendario con suficiente antelación como para saber que sería el día posterior al de las elecciones. Pese al triunfo de Donald Trump, fue la gestión de Joe Biden la que garantizó el mantenimiento del status quo estadounidense, antes de la cesión del poder a los republicanos.
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El equivalente a un ministerio de Justicia del país del norte hizo presentaciones idénticas en dos juicios ante la Corte de Distrito de Nueva York en los que Argentina se encuentra en el banquillo. El primero, "Petersen/Eton Park vs. Argentina", se originó en la expropiación de YPF. El segundo es el de "Bainbridge vs. Argentina", que se relaciona con bonos emitidos con anterioridad a la crisis del 2001, que sus tenedores eligieron no canjear en las reestructuraciones ofrecidas tanto en 2005, 2010 y 2016.
En ambos casos, los fondos buitre demandantes (Burford -por Petersen y Eton Park- y Bainbridge) pidieron a la Justicia que ordene a Argentina a trasladar al estado de Nueva York las acciones de YPF S.A., que son propiedad de la Nación. De esta forma planeaban proceder luego a su venta forzada y usar ese monto para satisfacer las sentencias, sea esto en todo o parte.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos le expresó a la Corte de Distrito que hacer lugar al pedido de las demandantes sería contrario a la ley americana y tendría repercusiones adversas para la política exterior del propio gobierno. Según esta presentación, bajo la ley estadounidense, la regla general es que la propiedad de un soberano ubicada fuera de su nación goza de inmunidad absoluta.
Además, sostuvo que hacer lugar al pedido de las demandantes generaría un riesgo de reciprocidad por gobiernos y cortes extranjeras. Esto generaría serias repercusiones para la política exterior de los Estados Unidos.
“La manifestación clara y contundente del Departamento de Justicia respalda la oposición de la República Argentina a las medidas pedidas por las demandantes”, analizaron desde el Gobierno. El Ejecutivo “continuará ejercitando sus derechos de defensa para revertir la decisión de la Corte de Distrito sobre el fondo de la cuestión”, enfatizaron desde Casa Rosada.
Algunas de las declaraciones de Milei no le jugaron a favor a Argentina. Entre las pruebas presentadas por Burford para demostrar que YPF es un alter ego (extensión) del Estado estuvo la definición de que la planta de GNL de la petrolera no se iba a ubicar en Bahía Blanca porque el Presidente considera que el gobernador Axel Kicillof es “comunista”, detalló un abogado que sigue el caso de cerca. “Milei abonaba a la teoría del fondo con sus dichos”, explicó.
La opinión del gobierno de Biden se acota a la liquidación de las acciones de YPF, pero no la cuestión de fondo. Argentina ya fue condenada por la jueza Loretta Preska a abonar el monto con intereses reclamado por los buitres, que asciende a cerca de US$ 16.000 millones de indemnización.
“Es una excelente señal. Preska seguramente va a seguir la línea del Ejecutivo y va a rechazar el plateo de los fondos. No había grandes probabilidades de que prospere”, coincidieron especialistas de la industria a PERFIL. “No quieren crear un antecedente que se les vuelva en contra a sus propias empresas”. “Si se ratifica esta sentencia, el Estado argentino quedará condenado, pero con YPF afuera. Por lo tanto, se tendrán que sentar a negociar con Nación, lo que les da posibilidades de sacar muchísimo menos dinero que si pudieran rematar Vaca Muerta”, explicó un ex directivo de la compañía.
Las acciones de YPF aumentaron más de 5% desde el miércoles. El jueves cerraron en $ 339,75 el papel en la Bolsa local. Esto también se vincula a que durante el tercer trimestre, la producción de petróleo shale promedió los 126 mil barriles día, un crecimiento del 36% respecto al mismo período del año anterior y un 11% respecto al segundo trimestre de este año. Hoy, representa el 49% de la producción de petróleo total de la empresa.
Sus ganancias antes de impuestos y amortizaciones (EBITDA) crecieron 47% a US$ 1.366 millones, de acuerdo a la presentación del último balance. En un comunicado, la petrolera le adjudicó esto a la “recuperación en el precio local de combustibles, y el crecimiento en la producción shale y los niveles de procesamiento de las refinerías, parcialmente compensados por mayores costos en moneda local y menor producción convencional”.
Una obra pública fundamental que podría haber llegado antes
El lunes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el presidente de la empresa SACDE, Damián Mindlin, inauguraron las obras del Gasoducto de Integración Federal Tío Pujio-La Carlota, que unen el Gasoducto del Centro con el Gasoducto del Norte. Este trabajo de US$ 740 millones ya inyecta gas de Vaca Muerta al norte del país.
La obra permite revertir el sentido del flujo de gas. Con esto logra transportar hasta 15 millones de metros cúbicos de gas para cubrir la demanda de la región centro y norte y reemplazar el gas que se importaba desde Bolivia.
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Gracias a la reversión del Gasoducto Norte, Argentina se ahorrará la compra del equivalente a US$ 1.000 millones anuales. En una gacetilla, desde el Gobierno enumeraron que “se potenciará el desarrollo nuevas actividades industriales como la minería de litio y, en una segunda etapa, se podrá exportar el gas nacional hacia otros países de la región”.
Pese a que los funcionarios destacaron el valor del trabajo de infraestructura realizado por Nación en momentos de supuesta paralización total de la obra pública, no se realizó mención a que el proyecto fue heredado de la gestión anterior. El proyecto fue planificado por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa. El origen se dio en noviembre del 2022. En tiempo récord, la CAF le asignó los US$ 540 millones pedidos y en febrero en 2023 en Chile obtuvo la financiación tras la defensa que realizó ante el directorio del organismo.
La administración del Frente Renovador dejó la firma de los contratos listos. Sin embargo, no dieron los tiempos para que la obra se empiece a ejecutar. Cuando se realizó la transición con Milei, los funcionarios salientes contaban que les ofrecieron a los libertarios firmar los contratos. Estos se negaron y se tomaron hasta pasado el primer trimestre de este año para que continuar con el proyecto. Si no se hubiese discontinuado, la fecha estimada de finalización en junio hubiese permitido afrontar el invierno en lugar de recurrir a la adquisición de GNL, un recurso cuantiosamente más caro.
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