Será a todo o nada. Como le gusta a Javier Milei. Se aproxima la batalla legislativa más importante su mandato, superadora incluso de la no aprobación de Bases I y la aprobación de Bases II. El gobierno aplicara un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para cerrar las negociaciones para el próximo Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y le consultará al Congreso Nacional la aplicación en el tiempo de ese acuerdo vía rechazo o no de esa iniciativa. Se la jugará Javier Milei a que en Diputados, donde en teoría tendría los votos suficientes como para enfrentar cualquier embestida opositora de rechazo del DNU, ese decreto quede vigente; y, en consecuencia, el acuerdo con el Fondo Monetario quedaría vigente. Saltaria así la instancia obligatoria de aplicación de la la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que pasará a la historia como "Ley Guzmán", sancionada en marzo del 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, a instancias de su ministro de Economía Martín Guzmán. Esta legislación establece que cualquier acuerdo de financiamiento o crédito público con el FMI, así como cualquier ampliación de los montos de endeudamiento de esos programas, debe ser aprobado expresamente por el Congreso Nacional. El DNU apunta precisamente a salvar este escollo, con un mecanismo constitucional. En teoría, superior a una legislación.
Un DNU es una norma amparada por la Constitución Nacional, que puede emitir el Poder Legislativo (Milei) cuando se considera que hacen imposible seguir el procedimiento legislativo ordinario. Los DNU tienen fuerza de ley, pero uso limitado por la Constitución Nacional bajo ciertos requisitos puntuales:
- Solo pueden utilizarse en situaciones donde no sea posible esperar el trámite legislativo normal.
- No pueden regular ciertas materias como cuestiones penales, tributarias, electorales o del régimen de los partidos políticos.
- Una vez emitido un DNU, el Poder Ejecutivo debe enviarlo a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional para su análisis. Luego, ambas cámaras (Diputados y Senadores) deben decidir si aprueban o rechazan el decreto. Debe ser rechazado por las dos cámaras. Una sóla que no lo haga, implica que el DNU queda vigente.
El Gobierno emitirá un DNU sobre el acuerdo con el FMI y lo enviará al Congreso
Para el gobierno, obviamente, el acuerdo con el FMI tiene carácter de urgente. Lo muestra la propia economía argentina, con un dato inquietante que ya circula firmemente por todas las mesas de dinero donde se deciden inversiones a favor y en contra de los títulos públicos argentinos. Saben en el ministerio de Economía, y así fue transmitido al propio Presidente, que si para la última semana de abril 2025 no hay un acuerdo con el FMI presentado en sociedad, comenzarán las ordenes de ventas de posiciones en pesos. Y un seguro traspaso a dólares. No es una amenaza sin fundamento. En las gateras hay unos U$S 20.000 millones en pesos a la espera del nuevo Facilidades Extendidas. Dinero que si no hubiera novedades, se volcarían, de manera rápida o gradual, a la compra de dólares en cualquiera de las versiones posibles. En definitiva, el tiempo corre, y la urgencia es real. Muy real. Tan real que para la Casa Rosada amerita la necesidad de acelerar los tiempos y adelantarse al Congreso Nacional y a la aplicación obligatoria de la “Ley Guzmán”.
La segunda característica del DNU son las prohibiciones. Y un acuerdo con el FMI no implica cuestiones penales o electorales. De hecho, reflexionan en el gobierno, sólo un acuerdo, el de Alberto Fernández de marzo del 2022, se aprobó por ley. El resto de los más de 30 acuerdos con el FMI, fueron negociados y firmados con el organismo, sin molestas intervenciones parlamentarias. Situación que también se replica en el mundo. En realidad son pocos los estados que firman acuerdos con el FMI que deban recurrir al Congreso. También es cierto que no todos los países tienen el pésimo incumplimiento ante el organismo como la Argentina.
Finalmente, el DNU debe obedecer a los controles parlamentarios; siguiendo estos pasos.
- Una vez emitido, el DNU debe ser enviado a esta comisión dentro de los 10 días hábiles. La comisión analiza su validez y emite un dictamen.
- El Congreso puede rechazar un DNU con el voto mayoritario en cada una de las cámaras. Si sólo una de ellas lo aprueba, el decreto es válido, al igual que si no es tratado por alguna. Mientras esto ocurre, un DNU tiene vigencia.
Lo fundamental en la estrategia de Milei, está en este último punto. Descarta el gobierno que habrá problemas en el Senado. Y que el DNU tiene serios riesgos de ser votado en contra y rechazado. La jugada de Milei está en que sea la Cámara de Diputados la que o lo apruebe o no lo trate. Y así que el DNU mantenga su vigencia, y salte los controles de la “Ley Guzmán”.
Obviamente si esto sucede comenzarán a cataratas las críticas contra la institucionalidad de la jugada libertaria. Nada de esto importa a Javier Milei, al ministro de Economía Luiz “Toto” Caputo y al resto del gabinete. Para el gobierno, lo importante es que el DNU quede firme, y que el acuerdo con el FMI sea una realidad con algún matiz de legalidad. Aunque sea tenue. Lavado.
Descartan en las filas mileístas, que el Facilidades Extendidas versión DNU no tendrá mayores cuestionamientos desde el FMI. Y consideran en el Palacio de Hacienda que las declaraciones del jueves de la vocera del organismo, la economista Julie Kozack, sobre que la obligación de aprobación del acuerdo por ley es una cuestión criolla y que no es vinculante para la legalidad con el organismo; son un aval para avanzar con el DNU. Y que en el momento clave será la aprobación del Board del FMI. No el Congreso Nacional.
Es en realidad una posición poco prudente. Tanto la de Kozack como la de Buenos Aires. Existe una antecedente que apunta hacia otro costado. Se menciona el tema en el informe del propio FMI de diciembre del 2022, llamado “Evaluación Ex Post del Stand By otorgado a la Argentina en 2019”, un documento elaborado por “asuntos internos” del FMI durante el 2022 y que evalúa que falló en el acuerdo cerrado bajo el gobierno de Mauricio Macri. Una especie de “autocrítica” del FMI. En ese documento se menciona lo siguiente: “el foco debería estar en defender una noción de participación más exigente que incluya el apoyo al programa del Congreso, la sociedad civil, los sindicatos, los partidos políticos y la sociedad en general. Las autoridades actuales han contribuido a fortalecer la participación en el futuro tras presentar en el Congreso Nacional la denominada "Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública", que fue aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de febrero de 2021 y que implicó que será obligatorio que el Congreso apruebe todo acuerdo futuro entre la República Argentina y el FMI respecto de programas apoyados por la institución multilateral. Este es un logro importante para la sociedad argentina, ya que evitará que, en el futuro, cualquier gobierno avance a su discreción con la firma de acuerdos que tienen el potencial de provocar consecuencias dramáticas para las futuras generaciones (tal como lo hizo el SBA de 2018), y establece condiciones que fortalecerán la noción de participación de la nación en sus acuerdos con la institución multilateral.
Por otro lado, garantizará que el apoyo que brinde la comunidad internacional a través del FMI no sea un apoyo político a un gobierno en ejercicio, sino a una nación miembro en su conjunto, lo que promoverá un multilateralismo más respetado y confiable”.
En definitiva, para el FMI uno de los errores del fallido Stand By firmado durante el gobierno de Mauricio Macri, fue no haberlo aprobado por el Congreso. Ese Stand By firmado en junio del 2018 tuvo en realidad poca vida. Terminó su vida útil en diciembre del 2019, cuando asumió la presidencia Alberto Fernández. Milei tiene, obviamente, otra visión. Nunca habrá un informe del tipo “Evaluación Ex Post”, porque, asegura, su acuerdo sí funcionará y se aplicará por años. Quizá 10.
El gobierno se convenció además de la estrategia del DNU por una visión más pragmática de la realidad. Sabe Milei que los mercados avalarán la estrategia, ya que los “Money Makers” no están en estos tiempos muy alertas a las institucionalidades. Sólo quieren conocer el momento de la firma del acuerdo en Washington, algo que ocurrirá, probablemente (y tal como anticipó este medio) en la tercera semana de abril, durante la Asamblea de Primavera del FMI. Unos días antes de la fecha límite que se autoimpuso el mercado local para el fin de la paciencia en el sostenimiento de la deuda en pesos.
¿Cómo termina la estrategia de Javier Milei? El Presidente cree que todo cambiará luego de las legislativas de este año; donde, descarta, triunfará, y comenzará una nueva etapa de su gestión, con un Congreso más amigable.
Será ese el tiempo en el que el acuerdo con el FMI tenga su aval legislativo. Ese momento nacerá cuando con cámaras de senadores y diputados renovadas, y, se supone, con mayores votantes positivos, se apruebe el proyecto de ley de Presupuesto 2026, que incluirá todos los lineamientos (y el nuevo endeudamiento) que se negocie con el FMI en el nuevo Facilidades Extendidas.
Como se ve, una jugada riesgosa. A todo o nada. Como es Milei, quién, además, está dispuesto a que lo critiquen por la artimaña del DNU.
LT
