“Toda la vida fui monotributista. Cobro una jubilación mínima, lo que me obliga a seguir trabajando hasta morir”, cuenta a PERFIL Rosa, de 73 años, cuyos ingresos no le alcanzaron, en agosto, para pagar los $100 mil que le demandó la compra de medicamentos. Eso sin contar que, hasta ahora, tiene algunos con cobertura del 100%. Para solventar esos gastos tuvo que recurrir al pago en cuotas en una farmacia que se lo permite, y adquirir alimentos con tarjeta de crédito. Según los últimos cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad, el gasto en farmacia y medicamentos insume hasta la cuarta parte de la canasta de un jubilado, que estiman ronda los $800 mil.
El veto a la reforma previsional aprobada en el Congreso y la quita de la cobertura del 100% para 44 medicamentos son las últimas dos medidas de una larga lista de las que desde hace algún tiempo vienen castigando a los jubilados, de los cuales al menos 5 millones se encuentran en condiciones de pobreza. El mismo día en el que se conoció el veto total a la ley aprobada en el Congreso, que otorgaba un mínimo aumento en los haberes, el PAMI anunció nuevos requisitos para acceder a más de cuatro decenas de drogas que hasta ahora tenían cobertura del 100%. Algunos de estos medicamentos, como la aspirina, encabezan el ranking de los más consumidos por los jubilados, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
“La pérdida de beneficios es objetiva, más allá del nombre que le quieran poner. Es bizarra la exigencia de este tipo de requisitos”, explicó Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, a PERFIL.
La cobertura del 100% en los 44 medicamentos que el PAMI sacó del listado se puede mantener en caso de que la persona “acredite su pobreza”, agregó Semino. Entre esas pruebas se exige que el jubilado tenga un ingreso menor o igual a 1,5 haberes mínimos y no posea un auto de menos de 15 años de antigüedad. “Suponen que una persona que tiene un auto viejo tiene que vender el carburador para comprar el medicamento”, opinó el gerontólogo.
Esta quita, agregó, “está justificada a partir de suponer que se evita la polifarmacia o la automedicación, una mentira para que pierdan beneficios. A partir de ahora deberán pedir un subsidio para comprar un paracetamol”.
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Pero la automedicación, si bien existe, “en ningún caso puede ser imputable al paciente”. La falta de médicos de cabecera en PAMI hace que obtener una receta para una dolencia común implique una espera de al menos 15 días. “Es imposible que la persona que está con dolor, que no puede caminar, que no puede mover el brazo, vaya al PAMI a hacer un expediente o tenga que esperar que su médico de cabecera le dé turno”.
El problema es que PAMI, por las bajas remuneraciones, tiene cada vez menos profesionales. Los especialistas recién recibidos prefieren dedicarse a las guardias que a la atención de los cientos de pacientes que les pueden ser asignados, porque esa elección implica menos desgaste y más ingresos, explicó Semino.
“El médico de cabecera es la puerta de entrada al sistema, y es la puerta que no se abre”, sintetizó.
A Rosa le tocó esperar hasta tres meses por un turno con un especialista. Ante la gran demanda, “los médicos se convirtieron prácticamente en pedidores de estudios y expendedores de recetas”, explicó.
María Dolores tiene 71 años, cobra un poco más que la mínima y también consume algunos medicamentos con el 100% de cobertura. Pero en los últimos meses la entrega registró demoras: “No tengo las recetas electrónicas subidas al sistema y no responden a los correos que mandé hace 15 días. Cada tres meses teníamos cargadas las recetas de los remedios que tomamos, que son para enfermedades crónicas”, comentó a este medio. La falta de médicos se nota. “A veces estás esperando un turno dos o tres meses y, cuando llega, el profesional no está más y te lo cambian”, detalló a este medio.
“Era muy significativo el aporte de PAMI. Sacarnos eso, además de todos los aumentos en las boletas de luz, de gas, del boleto, y lo que cuesta en general la subsistencia, es una crueldad”.
Según CEPA, de noviembre a julio los medicamentos más consumidos por los jubilados subieron un 188,2%.
“Esta poda va a incidir en el cálculo de la canasta de un jubilado, aunque es muy poco probable que lo haga en la próxima medición, que se publica en octubre”, explicó Semino.
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“Lo que sí vemos todos los días es que la gente ya viene pagando medicamentos con menos descuento que lo que pagaban hace una semana, y que cada vez hay más dificultades para tramitarlos”, agregó.
Las dificultades para conseguir un turno no solamente se presentan en el caso de los médicos. Para iniciar el trámite de una moratoria, por ejemplo, el promedio de espera es de entre 45 y 60 días. El ajuste a través del cierre de oficinas del interior del país empeoró la situación. “Mi consejo, a los que tienen la edad requerida, es que inicien el trámite rápido, porque en marzo se termina”, afirmó a PERFIL el abogado previsional Christian D’Alessandro. “Cada vez hay menos cantidad de iniciadores, menos cantidad de trabajadores para iniciar expedientes, más demanda de turnos y los turnos lo están dando para 45 días promedio, puede ser más también”.
El abogado recomienda que “quienes hayan cumplido la edad junten los papeles y los lleven al ANSES para que les calculen cuánto les falta con todos los aportes que tienen y les hagan el plan de moratoria”, concluyó.
“Es un plazo muy largo porque el beneficiario todos esos días está sin cobrar, aunque después le paguen el retroactivo, tienen que vivir esos 60 días”, afirmó en el mismo sentido el defensor de la Tercera Edad.
Con las posibilidades de atender su salud y sus necesidades básicas “vetadas”, y frente a lo que el gerontólogo considera es “un destrato generalizado”, la Defensoría estudia presentar un amparo colectivo por el veto a la ley que aprobó el Congreso. “Si bien es una facultad del Ejecutivo, es un resabio monárquico”, opinó.
Mientras tanto, en su día a día, Rosa asegura que “patea para adelante” todos los gastos que puede. Aunque no sabe si en ese “adelante” tendrá la posibilidad de afrontarlos.
