La estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para que el potencial de crecimiento pueda materializarse. Pero atención, dicha estabilidad debe ser vista como permanente. La expectativa de transitoriedad de la actual estabilización sigue siendo elevada y conspira contra una mejora más contundente y perceptible de la confianza y de la recuperación del nivel de actividad económica.
El Gobierno, con éxito diverso, concentra sus esfuerzos, en materia de gestión y de comunicación, en varios frentes para mejorar la percepción de que la estabilización es consistente y duradera. Desde la gestión, el Gobierno aplica a fondo las políticas de la denominada fase II. El ancla fiscal y cambiaria más el cierre de las canillas de emisión que habían estado abiertas hasta mitad de año (las derivadas del cuasifiscal y de la compra de divisas), más el control de la brecha cambiaria, ejercen una presión descendiente sobre la inflación, mientras los anabólicos del blanqueo, la moratoria y el ingreso anticipado del impuesto a los bienes personales impulsan señales favorables del lado de los mercados. Señales con las que el Gobierno intenta convencer, desde lo comunicacional, que el programa tal como lo conocemos es suficiente para llegar a buen puerto (las elecciones de medio término de octubre del año que viene), que lo peor quedó atrás y que por delante solo habrá buenas noticias.
Con ese fin, no pierde oportunidad para realzar sus logros, aun cuando peque de falta de rigor o caiga en evidentes exageraciones, tanto de la herencia recibida como de los resultados de sus primeros diez meses de gestión. Y en una práctica que ya resulta cansina, acusa de ignorante (o mal intencionado) a todo aquel que formula alguna crítica o que señala algún aspecto del programa que merecería ser abordado y corregido. En particular, es evidente el esfuerzo de las máximas autoridades de la administración Milei por justificar la extensión del cepo y de los controles cambiarios. Y para ello se recurre a todo tipo de argumentaciones y ejemplos, muchas veces contradictorios.
Recientemente, el ministro de Economía volvió a justificar que se puede crecer con cepo y mencionó los casos de Chile, China y Corea del Sur. Ahora bien, una cosa es imponer controles para mantener una moneda deliberadamente débil y depreciada o para evitar ingresos de capitales (el caso de los países considerados como ejemplo) y otra cosa es hacerlo para defender una moneda apreciada o para evitar que salgan capitales. Es correcto que los ejemplos de esos países muestran que es posible crecer con controles cambiarios y de capital, pero lo hicieron en contextos muy diferentes al de Argentina:
◆ China (desde fines de los años 70 hasta la actualidad) y Corea (entre los años 60 y los 80) implementaron controles para mantener una moneda débil y competitiva, lo que permitió un crecimiento exportador sostenido. Estos países estaban en una etapa de fuerte crecimiento industrial, con una estructura económica sólida y políticas consistentes.
◆ Chile, por su parte, utilizó controles de capital de manera temporal para evitar el ingreso de capitales especulativos, pero desde fines del siglo pasado su tipo de cambio ha sido flotante, aunque intervenido ocasionalmente.
La clave está en que estos países implementaron sus controles en contextos de crecimiento sostenido, mientras que en Argentina el cepo se percibe más como una medida defensiva, en un contexto de elevada fragilidad económica y baja competitividad estructural.
También hay algo de correcto en lo que sostienen el Presidente y su equipo económico acerca de que una Argentina estable y desregulada, con un Estado más chico (menor presión tributaria) y eficiente (mejores bienes públicos), sería lo suficientemente competitiva como para desenvolverse sin problemas con una moneda apreciada, pero el tránsito a esa economía recién comienza. Y la pregunta es si con cepo y con un peso apreciado es factible transitar ese camino y llegar a esa otra Argentina.
En particular, la apreciación real del peso se ha producido con una velocidad pocas veces vista, una velocidad que supera ampliamente la velocidad de la transformación económica. Y si bien les permite al Presidente y a su equipo realizar comparaciones muy favorables, aunque de escaso rigor técnico, en materia de mejoras salariales u otros indicadores de bienestar, la expectativa de una eventual corrección cambiaria sigue condicionando la toma de decisiones y los mecanismos de formación de precios.
No es casual o caprichoso que en el centro de los porqués de la percepción de transitoriedad del programa se encuentre la actual política cambiaria, o sea la continuidad del cepo y la apreciación real del peso. La fase II implica por sí misma un bajo ritmo de acumulación de reservas, pero su extensión indefinida en el tiempo significaría que las reservas netas del BCRA permanezcan, también indefinidamente, en terreno negativo. Y en un contexto de altísima incertidumbre climática y relativamente bajos precios de nuestros productos de exportación (cereales, oleaginosas y energía), un peso fuerte y encepado no es precisamente una invitación a mayor inversión, producción y exportaciones. Esto es central respecto de la eventual duración de la fase II, léase: ¿hasta cuándo es posible mantener sin cambios la actual política cambiaria? El Gobierno habla de condiciones que hay cumplir para poder levantar los controles y establecer una nueva política (la fase III). Pero no está claro cómo o quién determinará que esas condiciones han sido reunidas (no hay parámetros objetivos establecidos) y en definitiva la decisión será tan discrecional como si dichas condiciones no hubiesen sido formuladas.
La apreciación real del peso, en las actuales circunstancias, corre el riesgo de convertirse en un factor que agrave las dificultades económicas en lugar de resolverlas. Para que la estabilización sea realmente duradera, es necesario alinear las políticas económicas con un marco que no solo busque controlar la inflación anclando el tipo de cambio, sino que además fortalezca de manera sustentable la competitividad estructural de la economía. Y si bien el Gobierno, a través de la tarea del ministro Federico Sturzenegger, avanza diariamente en esa dirección, todavía queda pendiente la discusión de cuestiones estructurales claves que requerirán de modificaciones legislativas fundamentales. Una nueva ley previsional, una reforma tributaria, una reforma laboral y un nuevo marco para las relaciones fiscales federales son parte de la agenda que terminaría de configurar la Argentina competitiva y exitosa a la que aspira el Presidente Milei. Una Argentina en la que la fortaleza del peso sea la consecuencia de dicho éxito y no el punto de partida o un insumo para su construcción. Pero, obviamente, avanzar en esos frentes requeriría de un consenso político y social que luce muy difícil de construir en el actual contexto de fragmentación y confrontación política.
En síntesis, la velocidad con la que se ha apreciado el peso en términos reales no refleja un cambio sustancial en los fundamentos estructurales de la economía, sino más bien el efecto temporal de políticas restrictivas y la introducción de medidas puntuales (como las derivadas del blanqueo y otros incentivos impositivos) que no tienen un carácter permanente. Estos factores pueden generar alivios momentáneos en ciertos indicadores, pero es improbable que puedan sostener un escenario de estabilidad prolongada.
*Economista y director de Perspectiv@s Económicas
