En una entrevista el presidente Javier Milei afirmó que "no le preocupa" que no se apruebe el presupuesto de 2025. "Gobernaré con el de 2023. No es mi problema, es un problema del Congreso si no lo quiere aprobar", declaró el mandatario. La posibilidad de que esto suceda es vista con preocupación por instituciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), que señaló en un informe que la prórroga de esta ley y el uso discrecional de los recursos es una práctica que viene en aumento en Argentina. Sin embargo, durante esta gestión, la brecha entre el presupuesto aprobado por el Congreso para 2023 y el que se está ejecutando en 2024 es histórica: del 134%.
“La ley de Administración Financiera (LAF) permite continuar con el presupuesto vigente del año anterior si al comienzo del año el Gobierno no cuenta con uno aprobado por el Congreso. En este caso, el Poder Ejecutivo está autorizado a hacer algunos ajustes de recursos y gastos de manera unilateral”, explican en el documento.
Si se toma en cuenta el presupuesto previsto para 2023 ($ 40 billones) y el vigente en 2024 ($ 95 billones), son más de $ 55 billones los que el Gobierno pudo asignar a diferentes áreas sin tener que pasar por el Congreso en 2024.
Las prórrogas del presupuesto son una práctica cada vez más común: en los últimos cinco años esto ocurrió tres veces. Pero, si esto vuelve a suceder en 2025, sería la primera vez que se da en dos periodos consecutivos. “En términos institucionales implicaría un deterioro en muchos sentidos. Por un lado, sobre la forma representativa y republicana que constitucionalmente estructura la interacción entre los distintos poderes del Estado, y que da fundamento a la división de funciones de cada órgano”, explicó a PERFIL Sofía Pasquini, abogada del programa Justicia Fiscal de Acij.
“Se entiende (y queda expresamente previsto) que son los representantes del pueblo los que deben decidir sobre el destino de los fondos públicos. Además, el mecanismo de prórroga está dispuesto en nuestro sistema como una excepción a la regla de que todos los años se apruebe un presupuesto que rige el año entrante”, agregó. Convertir a ese mecanismo excepcional en algo usual otorgaría “un amplio marco de discrecionalidad que no se contempla en las normas y que es peligroso, porque no solo lo usa el Ejecutivo de turno, sino que marca una suerte de precedente para los gobiernos sobrevinientes”.
La especialista agregó que, en contextos de altos índices de inflación, los gobiernos encuentran una “excusa válida” para realizar continuas actualizaciones. “Eso es exactamente lo que pasó este año. En un contexto de prórroga y de inflación alta, la diferencia entre el presupuesto aprobado por el Congreso para 2023 y el que se está ejecutando este año tiene una brecha histórica del 134%. Si esto sucediera nuevamente, no hay razones para pensar que esto mejoraría, porque gobernarían con un presupuesto pensado para 2023, en 2025”, concluyó.
En promedio, señalaron desde Acij, “los cambios efectuados por el Ejecutivo representaron en los últimos treinta años el 24% del presupuesto original”.
El proyecto para 2025, tal y como fue enviado por el Ejecutivo, también le permite al Gobierno cierta cuota de discrecionalidad.
La “regla fiscal” que incorpora “es una reedición de la regla de ‘déficit cero’ de la ley 25.453 del año 2001”, destaca un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). “Aquella norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en el año 2002, porque consideró que implicaba un exceso de discrecionalidad a favor del Poder Ejecutivo”.
En resumen, la regla fiscal de 2025 implica que “frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción”. Las partidas sujetas a esta revisión son las discrecionales. El problema es que el mismo presupuesto modifica estas categorías.
“Dentro de la norma del presupuesto lo que hace Milei es establecer esta regla fiscal, que en principio resguarda los gastos automáticos y pone en debate eventualmente los gastos discrecionales”, explicó a este medio Hernán Letcher, director de CEPA. “Pero hay varios artículos que convierten gastos automáticos en discrecionales. Por ejemplo, elimina la ley vinculada al presupuesto de ciencias y la de las escuelas técnicas, que tenían un porcentaje del PBI, lo que las convierte en discrecionales a través del mismo presupuesto”.
En consecuencia, opinó, “Milei se debate entre que no le aprueben el presupuesto y salir a decir que la casta no le aprueba el presupuesto –y además aprovechar la arbitrariedad en el uso de los recursos–, versus la aprobación del presupuesto y el mensaje que significa esa aprobación hacia los mercados. Sería un fuerte mensaje de que les vamos a pagar como sea”, afirmó Letcher.
“Ya sea con la regla fiscal –si le aprueban el presupuesto–, o ya sea con la no aprobación, porque tiene el uso arbitrario de buena parte de los recursos”, el Gobierno podría usar los recursos del Estado de manera discrecional en 2025. A eso se agrega “el decreto de delegación de facultades para la discusión del canje que el propio Ejecutivo se hizo recientemente para ofrecer canje sin cumplir con la Ley de Administración Financiera. Toda la dinámica está orientada a evitar el Congreso”, sintetizó el economista.
