Sin abogados, el G6 no confonta al Gobierno

El límite de la convicción empresaria suele ser la billetera. Nunca quedó tan a la vista como con la meneada presentación judicial contra la Ley de Abastecimiento, que cada vez parece más lejos de producirse. No sólo porque el Gobierno ha salido a prometer en encuentros reservados que no la aplicará, sino también por una cuestión de dinero.
El Grupo de los Seis no llegó a un acuerdo económico con ninguno de los tres estudios económicos que sondearon para que los representara. “Nos ofrecían una cifra ridícula, y decidieron duplicarla, pero también era ridículo”, contó el abogado constitucionalista Daniel Sabsay a PERFIL, sin ocultar su indignación por las ofertas que les hizo el nucleamiento que integran la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural y la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba). Los otros dos estudios que no llegaron a un acuerdo fueron el de Jorge Vanossi, que afirma que aclara que no negoció honorarios, y el de Juan Carlos Cassagne, que no respondió para esta nota. “Nos querían pagar el 5% de lo que se cobra por un trabajo similar y, de hecho, empresas integrantes de esas cámaras ya nos habían contratado por una cifra mucho mayor para trabajar en dictámenes sobre el tema”, reveló el letrado. “Querían pagarnos poco y sin ajuste”, agregó.
Tras una andanada de comunicados de entidades empresariales antes de la sanción de la ley que permite al Estado más controles sobre las empresas, avisando que se judicializaría la norma, llamó la atención el silencio de radio, que se explicó en presuntas “diferencias de criterio” entre la recomendación de actuar en abstracto versus esperar un caso puntual. Ahí comenzaron las charlas del ministro de Economía, Axel Kicillof, que la semana pasada soltó a varios ejecutivos que no se aplicaría. Algunas cámaras del duro Foro de Convergencia Económica incluso recomiendan no accionar, al no considerarlo prioritario. “Entonces, ¿para qué juegan con nosotros?”, dice Sabsay, que sospecha que la norma se ha convertido en una pieza de negociación del sector privado.