Pese a la reducción de gastos que el Gobierno aplica, hay programas y prestaciones en las que, por el mismo recorte, no puede ajustar. En los primeros ocho meses del año el presupuesto asignado al pago de seguros por desempleo tuvo el mayor crecimiento desde que se tiene registro. Según los datos del presupuesto abierto –cuyos números se pueden consultar desde 2007 en adelante– en 2024 el monto para atender esta prestación pasó de 47.092 a 235.136 millones, es decir, se incrementó un 400%.
El dato no escapa a la situación del mercado laboral en el país. De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Trabajo, en mayo se perdieron 20.300 empleos, con lo que, en comparación con noviembre de 2023, las bajas totalizan 175.000.
Según puede leerse en la página web oficial, el seguro de desempleo “es una herramienta a través de la cual se propone contrarrestar la caída abrupta de ingresos generada por la pérdida involuntaria del empleo, reducir el riesgo al desaliento y ayudar a la búsqueda y selección de un nuevo trabajo”. La prestación, aclaran también, está dirigida a trabajadores y trabajadoras asalariados registrados y legalmente despedidos “sin justa causa o por fuerza mayor, o bien que hayan perdido su trabajo por quiebre de la empresa en la que trabajan”.
El plazo para solicitar el seguro por desempleo es de 90 días hábiles después de ocurrido el fin de la relación laboral. Durante el último mes, y ante un escenario de recesión–la producción industrial manufacturera cayó un 20,1% en junio respecto al mismo mes de 2023 según el Indec–, el presupuesto para esta prestación tuvo que volver a ampliarse un 153%. Para junio ya se había ejecutado casi la totalidad del dinero previsto para el año. Con la ampliación presupuestaria de agosto respecto a julio, el presupuesto ejecutado de seguros por desempleo es del 50,58%.
Entre 2007 y 2024 la mayor suba anual en este presupuesto ocurrió en 2016: el presupuesto inicial pasó de 384 millones a 1.856 millones. Ese año la tasa de desocupación era casi la misma que la de hoy: 7,7%. Sin embargo, esa suba del 383% asignada al pago de seguros de desempleo se dio de manera anual, y no en los primeros ocho meses del año.
Durante esos años el presupuesto asignado a la prestación también sufrió bajas: ocurrió en 2010, 2012, 2014, 2015 y 2022. En 2020, plena pandemia, ese presupuesto creció un 96% durante el año, que terminó con una tasa de desempleo del 11%. En 2013 y 2018 se mantuvo sin modificaciones, mientras en los años restantes registró subas leves. En 2023, en cambio, el presupuesto creció un 202%.
Durante el primer semestre del año, según los datos oficiales, más de 98.000 personas que perdieron su trabajo cumplen con los requisitos para cobrar este seguro: los despidos fueron sin justa causa o por fuerza mayor. Esa cifra representa una gran proporción del total de puestos de trabajo perdidos en los últimos meses.
La suma a cobrar y el periodo durante el cual se accede a esta prestación dependen de la historia laboral de la persona que lo solicita. El pago se puede extender de dos a doce meses, y tanto el monto mínimo a cobrar como el máximo se rigen por el Salario Mínimo, Vital y Móvil: el mínimo equivale a la mitad de este salario y el máximo a su totalidad. Para agosto esta cifra fue de $ 262.432,93.
El desempleo va creciendo como una de las principales preocupaciones de los argentinos y desplazando a otras, como la inflación. Según una encuesta de Ipsos, al 47% de los entrevistados les inquieta la posibilidad de perder su empleo en los próximos meses.
Un estudio de la Universidad de San Andrés reflejó la misma situación. La pobreza, los bajos salarios, la inflación y la falta de trabajo se ubican en niveles similares como los principales problemas del país para los encuestados.
El presupuesto refleja en gran medida la evolución de estas preocupaciones: el aumento del desempleo (que pasó del 5,7% al 7,7% de acuerdo a los últimos datos del Indec), la pobreza (que estudios privados estiman alcanza al 54,9% de la población) y la indigencia (que alcanza al 20%). Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que elaboró un informe sobre la ejecución de gastos en julio, “al analizar la ejecución presupuestaria por función, se observa una gran incidencia de la Seguridad Social sobre el total, ya que insumió más el 52% del total del gasto. En segundo lugar, también es significativa la incidencia de los Servicios de Deuda Pública, que ocuparon más del 11% del gasto total”.
Pero dentro de la seguridad social, salvo el seguro por desempleo y el Programa 1.000 días –cuyo presupuesto creció más de 1.000% respecto a lo previsto– las ejecuciones en el resto de los ítems registraron importantes caídas.
“En el caso de los programas vinculados a la seguridad social se observan muy fuertes caídas, salvo en el programa de protección social a las infancias en situación de vulnerabilidad social: el Programa 1.000 días de la ANSES reporta un crecimiento del 97% en su ejecución devengada”, explicaron. Pero el resto de los programas sufrieron serios ajustes: “la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cayó 46% respecto al mismo período de 2023. Las Pensiones no Contributivas caen 31%, mientras que las Prestaciones Previsionales lo hacen un 24%”, sintetizaron.
