Retenciones: por qué el Gobierno no tiene margen de eliminarlas a pesar del reclamo del campo
Los derechos de exportación volvieron al centro del debate tras el reclamo de la Sociedad Rural Argentina (SRA) al oficialismo. Cuándo surgió el tributo y cómo evolucionó en la historia reciente. Por qué el Gobierno no tiene margen para eliminarlo.
A lo largo de la historia argentina -con especial énfasis desde 2002 en adelante-, las retenciones al sector agroexportador encendieron intensos debates políticos y económicos que giraron en torno a la decisión de los gobiernos de turno de elevar o reducir las alícuotas dependiendo de las necesidades recaudatorias de ese momento particular. La disyuntiva no se modifica con el paso del tiempo: quitar los gravámenes e impulsar la producción, o mantenerlos para fortalecer la recaudación de las arcas públicas.
La administración de Javier Milei no escapa al fenómeno. De hecho, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, ensayó un encendido discurso al respecto durante la inauguración de la 136° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en el predio porteño de La Rural. No es la primera vez en la era Milei que el agro reclama la quita de los derechos de exportación, un escenario que, por el momento, se pospone.
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Retenciones: el reclamo del campo y la promesa de Milei
“Señor Presidente: los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones. Si seguimos trabajando es porque confiamos en su palabra, porque lo que producen las retenciones es el desaliento y la desaparición del productor agropecuario”, exclamó Pino ante la mirada de Milei.
Para el referente rural, las retenciones "son un impuesto distorsivo, discriminatorio y confiscatorio; un impuesto arcaico, aplicado intermitentemente en Argentina desde el siglo 19, que saquea a los productores". "Si se eliminara, surgiría la respuesta inmediata del aumento en la producción, en el empleo, y, en definitiva, en la recaudación de otros impuestos más equitativos”, consignó.
Por su parte, el jefe de Estado recogió el guante y ratificó su compromiso de eliminar los derechos de exportación que pesan sobre los productos agrícolas y, a la vez, el cepo cambiario que restringe la libre circulación de capitales e impacta de lleno en el rubro.
“Nadie tiene tantas ganas como nosotros de salir de este modelo desastroso en el que el Estado, entre retenciones y cepo, le expropia al campo el 70% de lo que produce”, afirmó el Poder Ejecutivo, aunque sin arriesgarse a anticipar una fecha de salida. Al tratarse de uno de los tributos que permitió sostener el superávit fiscal a lo largo del primer semestre del año, las expectativas de una supresión de corto plazo lucen improbables.
Las retenciones o derechos de exportación (DEX) son cargas tributarias que gravan la comercialización al exterior de diferentes productos. En el caso del agro, pesan sobre el poroto de soja y sus derivados, el trigo y el maíz, los tres principales cultivos de la Argentina. El importe surge de un porcentaje aplicado sobre el valor de la mercadería.
Un estudio de la fundación Fundar aborda la compleja temática de los DEX, que nacieron en 1850 y recorrieron un camino zigzagueante hasta nuestros días. Durante los 90 se eliminaron y fueron restablecidos en 2002 a fin de recaudar una porción de los ingresos extraordinarios que generó la devaluación post Convertibilidad.
"Con excepción del intervalo entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018, se han mantenido vigentes más allá de los precios internacionales de las commodities y del nivel del tipo de cambio real. Y han trascendido gobiernos de distinto signo partidario, orientación programática y anclaje territorial. Más allá de las diferencias que se puedan registrar en los distintos períodos (sea en las alícuotas, en los productos gravados o en las restricciones adicionales), los motivos para utilizar este instrumento se han mantenido constantes. Los derechos de exportación han tenido, principalmente, objetivos recaudatorios, distributivos y productivos", explica el documento firmado por Tomás Allan, Kevin Corfield, Juan O’Farrell y Carlos Freytes.
En cuanto al objetivo recaudatorio, en las últimas dos décadas significaron, en promedio el 5,5% de la recaudación anual y en 2022 se convirtieron en el cuarto impuesto nacional con mayor participación sobre la recaudación total después del IVA (23,9%), Ganancias (19,3%) y los aportes y contribuciones a la seguridad social (17,7%).
El documento de Fundar sostiene que las retenciones "buscan aminorar el impacto de alzas de los precios internacionales en los precios del mercado interno". Por otro lado, apuntan a un redireccionamiento de los recursos de sectores de altos ingresos hacia otros de menores ingresos, canalizados mediante la carga tributaria y el gasto público.
Sobre este punto, los especialistas subrayan que "aun si tienden a recaer sobre los sectores de mayores ingresos, gravan el valor bruto de venta sin tener en cuenta la estructura de costos de productores que tienen distintas realidades" y esa dinámica "penaliza a explotaciones más alejadas del puerto y de la zona de mayor productividad agrícola".
Bajo la perspectiva de Allan, Corfield, O'Farrell y Freytes, los DEX "generan un desincentivo a la producción y la exportación de los bienes gravados, en la medida en que reducen el precio percibido por el productor y su margen de rentabilidad".
"Esto puede terminar afectando incluso a la producción de bienes que utilizan aquellos bienes primarios como insumo, puesto que se reduce su oferta. Además, afectan negativamente a la adopción de tecnología, dado que la menor rentabilidad reduce la acumulación de capital disponible para invertir", suman.
Y destacan: "El marco fiscal de la actividad agrícola en Argentina está basado principalmente en impuestos que gravan la producción (lo que limita el potencial productivo del sector), no consideran la estructura de costos de los productores (lo que genera desigualdades en su interior) y tienen poca capacidad de adaptación al contexto económico".
Durante la presidencia de Mauricio Macri, se implementó una reducción de las retenciones que, según el análisis de Fundar, resultó en "un impacto positivo sobre la inversión del sector (medida a través del consumo de fertilizantes) respecto a lo que hubiera ocurrido si se hubieran mantenido sin cambios". La alícuota del maíz y el trigo se redujo a 0% mientras que la de soja a 19%.
Sin embargo, la crisis financiera que acorraló a la gestión Cambiemos en 2018 forzó la reimposición del 12% para los primeros dos. Con el desembarco de Alberto Fernández en la Casa Rosada, el porcentaje de gravamen de la soja se elevó hasta el 33% actual.
El impacto de eliminar las retenciones
Las estimaciones de los cuatro autores del texto de Fundar calcular que en un escenario de eliminación de los DEX, el Estado recuperaría el 58,9% de la pérdida de recaudación vía dos efectos indirectos: "El primero de ellos se deriva del aumento en los precios internos de los bienes agrícolas, lo que resulta en un mayor ingreso percibido por los productores y en un mayor precio pagado por los consumidores de esos bienes y sus derivados. El segundo efecto se deriva del aumento en la producción agrícola, estimulado por la desgravación".
"Sin embargo, esa recuperación no es total ni se distribuye de forma neutral entre niveles de gobierno. Con la reducción gradual de los derechos de exportación, el Estado nacional pierde ingresos tributarios. Esta pérdida es relativamente pequeña en el primer año y se va ampliando progresivamente, hasta alcanzar el 0,9% en el cuarto año. La contracara de esta pérdida de ingresos fiscales del Estado nacional es una ganancia para las provincias, derivada del aumento de la masa coparticipable por la ampliación de las bases imponibles de impuestos nacionales coparticipables y de impuestos locales", añaden.
El gobierno libertario carece de margen de maniobra para eliminar o bajar las retenciones en el corto plazo. La pérdida de recaudación conspiraría contra el equilibrio fiscal que es defendido a capa y espada por el ministro de Economía Luis Caputo. En caso de remover el tributo, los hacedores de política económica deberían compensar con una contracción del gasto. En cambio, Caputo anticipó disminución del impuesto PAIS de 17,5% a 7,5%, que se concretaría en septiembre.
El economista jefe de FIEL, Daniel Artana, advirtió que el oficialismo "no tiene margen para bajar las retenciones, por lo menos en una forma significativa porque a pesar de que los impuestos en la Argentina son muy altos, no alcanzaban". "El Gobierno decidió eliminar el déficit primero, lo cual ayuda a bajar el impuesto inflacionario. Está bajando un impuesto que golpea mucho a las personas de bajos recursos, pero no es un impuesto tradicional", opinó en diálogo con Modo Fontevecchia en Radio Perfil.
A nivel global, los expertos de Fundar tomaron una muestra de 116 países y detectaron que solo 38 cobraron impuestos a las exportaciones en 2020. No obstante, la cifra cae a 5 si se toma en consideración a aquellas naciones en las que la recaudación vinculada al sector externo sobre el Producto Bruto Interno (PBI) superó el 0,5%. Encabezó el ranking Islas Salomon (3,7%), seguido por Argentina (1,4%), Costa de Marfil (1,2%), Rusia (1%) y Kazajstán (1%).
