Con un ojo puesto en las elecciones legislativas, el gobierno de Javier Milei explora alternativas para prolongar la calma cambiaria en los próximos meses y, en consecuencia, resigna recursos fiscales para apuntalar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a fin de evitar temblores en el mercado. Sin embargo, esta estrategia podría tensar el objetivo de mantener el equilibrio de las cuentas públicas en 2025.
Así se desprende de un informe de Empiria, consultora fundada por el ex ministro de Economía Hernán Lacunza, que asocia la reducción de las retenciones al agro con la necesidad de atesorar dólares en las arcas del BCRA y alerta sobre los riesgos de resignar ingresos al erario.
Banco Central: a pesar de la compra de dólares, caen las reservas netas
Baja de retenciones a cambio de estabilidad cambiaria
"La baja transitoria de retenciones (hasta el 30 de junio) pone de manifiesto, en año electoral, la preferencia oficial por sacrificar algo del pilar más robusto de su programa económico (con un costo fiscal de 0,15% del PBI en 2025) para aliviar el más estresado (reservas netas negativas en zona de -US$ 4.200 millones) y reducir la probabilidad de turbulencias cambiarias de cara a las elecciones legislativas", indica el reporte.
Bajo la perspectiva de los autores, los efectos indeseados del uso del tipo de cambio como ancla nominal, que consisten básicamente en una apreciación del peso, "obliga a las autoridades a ceder algún margen fiscal para mejorar la rentabilidad de un sector proveedor de divisas (el campo), con derrame favorable en el interior electoral".
En tal sentido, los economistas plantean que esta medida "sienta un precedente riesgoso para el futuro" ya que muchos otros rubros como el industrial padecen las repercusiones del atraso cambiario. De hecho, la industria pesquera le reclamó al equipo económica un alivio impositivo tras conocerse el beneficio al agro.
Por otra parte, el análisis subraya que en un contexto de precios internacionales poco favorables, la iniciativa del oficialismo "compensa muy parcialmente el deterioro provocado por la apreciación persistente del peso para los exportadores de los productos seleccionados (granos y productos regionales)".
"En el caso de los exportadores de soja, por ejemplo, si el tipo de cambio percibido era de $ 1.740 por dólar tras la devaluación de diciembre pasado y de unos $720 antes de la medida, ahora escala a $ 796 (+10%), compensando apenas una décima parte de lo perdido en los doce meses previos", graficaron.
A propósito del impacto cambiario del recorte de las retenciones a los productos agropecuarios, la transitoriedad y el compromiso de liquidar divisas en plazos cortos cristalizan la inquietud de los hacedores de política económica por incentivar la oferta de divisas en el primer semestre.
En el medio, los funcionarios del Ministerio de Economía negocian la letra chica de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluya el desembolso de fondos frescos por aproximadamente US$ 11.000 millones cuyo destino será el levantamiento del cepo cambiario.
Javier Milei prometió que eliminaría las restricciones a la libre circulación de capitales en 2025, aunque evitó dar precisiones acerca del período del año en el que se llevará a cabo. De hecho, el presidente reconoció que estudian "diferentes alternativas para darle una solución definitiva a los problemas de los stocks" del Central.
En tanto, desde Empiria no descartan que la disminución transitoria de los derechos de exportación pueda prorrogarse hasta los comicios legislativos en caso de cumplir con su cometido: incrementar el caudal de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
El impacto de la baja de retenciones en el orden fiscal
Respecto a la dimensión fiscal, el informe extiende un manto de cautela sobre la posibilidad de repetir el desempeño de 2024. A partir de un ajuste de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el gasto público, la administración libertaria consiguió un superávit financiero de 0,3% del PIB.
"El punto de partida es un déficit inercial de 1,5% del PIB, que surge de descontar ingresos que no estarán disponibles este año (PAIS, blanqueo, moratoria y anticipo de Bienes Personales por 1,5% del PBI) y gastos que aumentarán (jubilaciones y AUH que por fórmula sumarán 0,3% del PBI)", repara.
Las proyecciones "razonables pero optimistas" de los analistas liderados por Lacunza indican que el déficit podría ser cubierto por "la suba de recursos tributarios derivados de la mejora de la actividad y por la actualización del impuesto a los combustibles, así como por la reducción de algunos gastos como subsidios".
Si bien el Gobierno juró que preservará el equilibrio de las cuentas fiscales a como dé lugar, el estudio de la consultora advierte que no está exento de desafíos de cara al proceso electoral:
- Subsidios: el ahorro de 0,4% del PBI proyectado implica una suba de tarifas eléctricas de 25% real, no sencilla en año de elecciones (vale notar que el atraso del tipo de cambio jugará a favor de la reducción del gasto en esta partida; al tipo de cambio oficial promedio de los últimos 10 años sumaría 0,5% del PBI adicionales). De ocurrir, la cobertura eléctrica (tarifas/costos) pasaría a ser superior a la de la de 2005.
- El impacto de los intereses devengados pero no pagados: en 2024 la capitalización sumó 2 puntos adicionales a la cuenta de intereses, convirtiendo el anunciado superávit caja de 0,3% puntos en un déficit financiero de 1,7%. Para el 2025 el gobierno proyecta una cuenta de intereses caja aún más baja (1,3% del PIB en 2025, mínimo de los últimos 40 años) por el mayor uso de instrumentos sin cupones (principalmente títulos con intereses capitalizables). Pero más allá de la exposición contable, será necesario más superávit primario para evitar que la deuda pública siga en ascenso.
- Proliferación de demandas en año electoral: gobernadores, planes sociales y obra que en 2024 vieron sus partidas reducidas respecto a 2023 en 1%, 0,6% y 0,8% del PBI, respectivamente.
- Congreso: con un programa presupuestario que por segundo año no tiene respaldo legal, el clima en el Congreso no será favorable al Gobierno, y muy posiblemente durante el 2025 resurgirán algunos de los proyectos que ya fueron vetados en 2024, con potencial impacto sobre la imagen presidencial y sobre el resultado fiscal en caso de prosperar. Un eventual programa con el Fondo (y la discusión en torno a su aprobación legislativa) sería un elemento adicional de tensión en este frente.
- Apreciación: complica la rentabilidad de los sectores exportadores y eleva la carga de impuestos distorsivos, potenciando la demanda por reducciones impositivas. El argumento será muy sencillo: ¿por qué al campo sí, y no a otros sectores afectados también por la apreciación real y la presión impositiva?
MFN
