A Jorge (74) le gusta jugar al ajedrez. Pero desde hace unos años no puede hacerlo: tuvo un ACV que le dejó algunas secuelas, entre ellas una dificultad para moverse grandes distancias, algo que le impide llegar hasta las plazas que habitualmente visitaba y en donde se hacían pequeños torneos. También tuvo que dejar el taxi que manejaba y que lo ayudaba a completar su jubilación. Ya no podía mantenerlo ni trabajar. Con el tiempo, ante el aumento de los alquileres y de los medicamentos que tiene que comprar (PAMI sólo le reconoce 5 porque cobra apenas un poco más que la mínima) tuvo que dejar el departamento en el que vivía y pasar a un hotel, para luego terminar en donde está hoy: una pensión con baño compartido por la que paga $160 mil mensuales.
La demanda de departamentos compartidos y habitaciones creció en los últimos meses. Los inquilinos ya no pueden afrontar los gastos o no cumplen con los requisitos, por lo que es cada vez más común ver en las páginas web de oferta y demanda solicitudes de compañeros para reducir costos, y también ofertas de propietarios que responden a esta nueva necesidad. “La demanda de departamentos compartidos o habitaciones es algo que está creciendo, a pesar de que digan que hay más oferta”, le comentó a PERFIL el abogado Maximiliano Vittar, del Movimiento Nacional de Inquilinos de Córdoba. A causa de la demanda también aumentaron los precios de las pensiones.
“El problema no es solamente el depósito inicial (que muchas veces está en dólares), sino también los requisitos para alquilar. Algunos, como el recibo de sueldo, son cada vez más difíciles de conseguir”.
En un contexto de aumento del desempleo –que según los últimos datos del Indec creció al 7,7%– y de la pobreza (del 55,5% según la UCA), las personas que no pueden sostener un alquiler acuden a lugares informales y precarios. “La pensión es un alquiler informal y, como es un contrato informal, también tienen tratos o lógicas informales”, explicó el abogado. Como no hay reglas claras, los pagos requeridos pueden ser diarios, mensuales o semanales. “Recuerdo por ejemplo en la época de pandemia que, cuando alguien se atrasaba en los pagos, llegaba y de golpe tenía sus cosas en la calle”. No solamente los acuerdos (si es que existen) son precarios: también las instalaciones y los servicios.
A medida que se avanza en la informalidad crece también la inestabilidad. Las pensiones “son la instancia previa a un refugio estatal o a estos lugares en los que podés estar si estás solo, pero si tenés una familia más numerosa hay ciertas limitaciones, por lo que salir de una pensión suele ser el paso previo a la calle”, concluyó.
Reina tiene 80 años, cobra una pensión, y vive en un local abandonado, una obra que nadie terminó pero que alguien más le alquila por $60 mil mensuales. El mes pasado, la nueva persona encargada le avisó que a partir de ahora deberá pagar $200 mil. No hay contrato, recibos, ni cláusula legal a la que recurrir, pero Reina no quiere abandonar el lugar para intentar encontrar cama en un refugio o en un hogar público, que ya de por sí están colapsados. En esa vivienda improvisada tiene a su familia: una perra y dos gatos, su única compañía.
“Mucha gente no quiere estar institucionalizada. Ella tiene su casa ahí armada, hace su vida, hace sus cosas, se cocina, tiene un pequeño anafe”, cuenta el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, que atiende decenas de estos casos por día.
“Cada caso de estos en realidad es un modelo para armar. No hay programas o protocolos de intervención. Como todo está sin registrar no le podemos gestionar un subsidio, en estos lugares no hay nada formal”, explicó el gerontólogo.
La informalidad en el trabajo (según CEPA se perdieron cerca de 120 mil puestos en los primeros cuatro meses del año) se traslada a la informalidad en los alquileres.
El problema es que la oferta también es escasa. Las construcciones se orientan a los extremos: o edificios lujosos o monoambientes pequeños, explicó a PERFIL Adrián Canteros Sandoval, abogado especialista en alquileres y referente de asociaciones de inquilinos de Corrientes.
“Uno se encuentra con lugares inaccesibles para la mayoría, o con monoambientes o habitaciones que son construidas con materiales precarios, con muchos problemas, y para una sola persona”, afirmó Canteros.
“Entonces la gente vive hacinada. No solamente por esto, sino también por el DNU 70 que libera todo parámetro de determinación de los precios”. A partir de entonces, aseguró, los contratos se siguen encareciendo.
“Con el decreto 70 lo único que se ha logrado es una dinámica de continuidad, porque casi no se encuentra un departamento habitable. Una vivienda muy costosa no puede ser considerada oferta si nadie puede acceder. La oferta no aumentó y los alquileres tampoco bajaron, porque no hay motivos para que bajen”.
Por eso, consideró, “la derogación de la ley alquileres lo único que ha provocado es un estado de precarización absoluto de los inquilinos porque, como no hay ley, cada contrato es una ley en sí misma, y los inquilinos se encuentran con cláusulas que son abusivas”.
La dificultad para alquilar también modifica planes de vida. Muchos jóvenes vuelven a la casa de sus padres y algunas parejas adelantan la convivencia para compartir gastos, explicó Canteros. “Los que tienen la casa de un familiar para volver lo hacen, muchas veces suspendiendo planes de vida. Y otros adelantan planes de vida porque adelantan convivencias”, concluyó.
Jorge trabajó y aportó durante todos los años que debía hacerlo, y hasta fue emprendedor. Tenía una vida tranquila, de clase media. Ahora, de a ratos, intenta rememorarla: si es verano sale a una plaza cercana para aprovechar el sol, y en invierno pasa algunas tardes en la Defensoría de la Tercera Edad, con compañía y calefacción.
En la pensión en la vive no se puede ingresar con estufas, hay que pedir turno para usar el baño y no hay lugar para cocinar. Por eso concurre todos los días a un comedor, salvo los feriados, que no entregan comida. Esos días se las arregla con lo que hay, que es muy diferente a lo que, por sus problemas de salud, necesitaría consumir.
“La Defensoría atiende muchos casos como estos. El proceso es eso, se van degradando. Pasan de un alquiler de un departamento a una pensión y de la pensión a la calle o a algún parador”, explicó Semino.
“Cuando uno suma estas pequeñas cosas es una vida que es un calvario, y sin un horizonte de que pueda ser de otra manera”, concluyó.
