Desde mediados de siglo XX, el FMI es una constante en la vida política argentina. Como describen Brenta o Sanz Cerbino, desde su ingreso en 1956 Argentina estuvo dos terceras partes del tiempo bajo convenios, firmando 44 acuerdos de diferente tipo para afrontar problemas de caja.
Lo extenso de la relación, sin solucionar los inconvenientes, sugiere que el organismo es parte explicativa del estancamiento argentino. Es cierto que el FMI expresa el interés de los capitales internacionales más concentrados, promoviendo la liberalización de los mercados para su provecho. En eso consisten las “condicionalidades” que pide el organismo para largar plata: que el deudor elabore un programa de estabilización (“ajuste”, en criollo), mostrando solvencia para devolver el crédito en los plazos establecidos, lo que implica recortar recursos que protegen a los empresarios locales del proceso de concentración a escala global. No obstante, no es el Fondo el que obliga a tomar préstamos, sino que son los agentes internos (los empresarios argentinos, por intermedio de las dirigencias políticas de turno) los que piden.
Así, el ente funciona como una especie de “regulador” de la dinámica capitalista internacional. Pero de forma limitada. Es común que las condiciones no se cumplan. Como indagaron los especialistas mencionados, un tercio de los acuerdos de condicionalidad fuerte que tuvo Argentina no se completó, porque el país no cumplió las condiciones.
Dame, dame, dame… Hoy nos encontramos en las puertas de un nuevo convenio, del que se conocen pocas precisiones. Sobre todo, desde el prestamista, que no brindó detalles más allá de elogiar el ajuste y de admitir negociaciones con funcionarios argentinos. El Gobierno busca llegar a las elecciones de octubre con cierto aire. En esta ocasión, lo que pretende está bastante claro: detrás de la excusa de cancelar Letras Intransferibles que el Tesoro colocó en el BCRA, lo que se pretende es por un lado refinanciar vencimientos con el organismo, en un año en que los pagos en moneda extranjera se elevan a algo más de 20 mil millones de dólares y cuando la cuenta Servicios de la Deuda Pública supera el 10% del gasto total de la administración. Según trascendió, se refinanciarían con el FMI cuatro años y medio de vencimientos de capital por 14 mil millones. El otro objetivo, blanqueado por funcionarios en la comisión bicameral por el DNU, es continuar con la intervención en el mercado cambiario para sostener la sobrevaluación como ancla inflacionaria. Esta situación se volvió crítica: hasta el 19 de marzo, la intervención para mantener a raya al dólar arroja un saldo negativo de 307 millones de dólares. Solo en las últimas cuatro jornadas, el BCRA quemó casi mil millones en reservas, ubicándose estas al filo de los 27 mil millones, un 18% menos que a comienzos de enero. Con tensiones devaluatorias y dificultades para hacerse de otros recursos (superávit comercial que se reduce, mantenimiento del dólar blend, cuenta de turismo deficitaria), apelar al Fondo se presenta como uno de los últimos recursos.
Se desconoce por el momento qué hará el FMI. Si bien reconoce conversaciones, no dio otras pistas. Se especula con un acuerdo entre los 10 y 20 mil millones. Pero la clave es qué volumen de fondos frescos conseguirá el Gobierno para la intervención, y en qué plazos se darían los desembolsos. La cuestión es política. Recordemos que a Macri le facilitó el stand-by más grande de la historia, que dejó al país con el 60% de los pasivos del FMI. Pero la crisis continuó, y el organismo recién suspendió los pagos luego de la derrota del oficialismo en las primarias de 2019, cuando Macri expandió el déficit para financiar políticas sociales buscando revertir el resultado. Aun así, se recibió casi un 80% del monto acordado. Con Alberto-Massa en 2022-23 la actitud no fue muy distinta, aunque la negociación fue más compleja, con la famosa “reperfilación” que extendió plazos de vencimientos. En 2023, sequía y elecciones de por medio, a pesar del fuerte ajuste de Massa sobre el gasto durante el primer semestre, el Gobierno no cumplió todas las metas negociadas. Menos cuando luego de la derrota en las PASO, Massa replicó la estrategia de Macri en 2019 y quedó lejos de los objetivos en indicadores claves. De nuevo, el FMI aprobó las revisiones trimestrales, con alguna demora por renegociación de condiciones en las dos últimas, lo que permitió contener un estallido mayor y al candidato oficialista llegar al balotaje.
Como se ve, el ente buscó evitar el colapso de la Argentina, que es su principal deudor, flexibilizando su política frente a los incumplimientos de las condicionalidades. No obstante, frente a lo inevitable, como un padre enojado, puede dejar de “ayudar”. Más aún, en un contexto internacional en el que el proteccionismo de Trump, a diferencia de lo que creen los libertarios, no parece ser favorable para la Argentina. Si los precios de las commodities caen como presagia el Banco Mundial para el bienio 2025-26 y si el plan de Trump provoca un “vuelo a la calidad”, la Argentina se puede encontrar en serios problemas, más allá de lo que haga el FMI.
Esto lleva a reflexionar, una vez más, sobre la cuestión de la deuda. Este no es el problema, sino la expresión de una crisis estructural crónica, producto del retraso productivo. La deuda aparece como mecanismo para compensar ese déficit, que se resume en la ineficiencia de la economía argentina. Por eso gobiernos de diverso signo político deben recurrir a ella. La verdadera solución no está en ajustar y empobrecerse, ni en despilfarrar recursos en subsidios inútiles a los empresarios. Es necesario refundar la estructura del país con un Estado que planifique la producción y asigne los recursos en función de un esquema racional. Solo así podremos conseguir la mayoría de edad y desembarazarnos del endeudamiento constante.
* Historiador, investigador del Conicet y Ceics.
