El camino se volvió pantanoso para el gobierno Nacional, tanto si aprueba como si rechaza la nueva movilidad previsional.
En términos políticos, el efecto de la ley votada el último jueves por el Senado abre un frente ya no hacia la “casta” sino al propio capital político del gobierno nacional, el del votante de a pie.
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Si la norma es vetada en un periodo de contracción de ingresos y poder de compra, como de aumento de daño a la economía de las personas mayores. este daño también será a los futuros mayores (voto joven), ya que el combo funciona junto a la ley Bases en un desfinanciamiento de la caja previsional.
El caso es que, cuando se le da el perdón de deudas en aportes y contribuciones a los empleadores y a su vez se “carga” de pagar aportes no ingresados al sistema por parte de los empleados, esos aportes no serán tomados para el cálculo de dos componentes importantes en las jubilaciones que vienen como son la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP).
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Si el veto es rechazado, el gobierno o bien disuelve el Congreso o debe promulgar y reglamentar la nueva fórmula. Cualquier opción lo deja en situación de debilidad porque la cancha la marcan otros. Obviamente, el gobierno también puede recortar o podar otros “gastos” buscando el equilibrio fiscal para compensar lo que deberá erogar por seguridad social.
También podría promulgar y reglamentar la norma, lo que dejaría vacías las palabras y pensamientos oficialistas, y a su vez en offside a más de un funcionario, que piensa que la vejez es un problema de otros.
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El sistema previsional argentino debe ser autónomo financieramente, como también debe tener auditorias cruzadas constantes.
En el contexto actual, y aún con esta nueva norma, los jubilados no llegarán a un piso que cubra la canasta básica previsional, sin embargo, estarán más cerca. Tampoco solucionará el problema de futuros jubilados, ni habrá una mejora sustancial a los de mayores ingresos, que puede generar nuevas demandas por la desigualdad en la que queden los jubilados.
Haya veto o no, tampoco se solucionarán los problemas endémicos de seguridad social que merecen su atención para la población, y no pensado desde cierta edad, o planteando aumentar años de aportes o de edad mínima para jubilarse: los viejos son un costo social, y en tiempos de búsquedas de superávit nadie quiere pagar por ello.
* Abogado, Estudio Samana y Asociados.
