El pasado 9 de octubre, el presidente Javier Milei volvió a dar una conferencia frente a empresarios, esta vez en la Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL). Frente a un público afín a su programa económico, entre risas y aplausos, Milei volvió a la carga contra la justicia social y los impuestos. Así, en la Argentina del 70% de pobreza infantil, sin sonrojarse, el primer mandatario celebró el aumento de la desigualdad.
Esta nota analiza la estrategia de Milei en tres aspectos: su programa económico nacional y el consecuente aumento de la desigualdad, su política exterior y su alianza con los milmillonarios del mundo y, por último, su construcción discursiva y la batalla cultural que lleva adelante al justificar el fin del Estado. Como señala Tokatlian, en la ONU –como en otros foros– Milei no les habla a los gobiernos, sino al reducido grupo de magnates multimillonarios y asociados con las grandes corporaciones digitales. Lejos de seguir situando al Presidente como un loco, la comprensión integral de su plan y alianzas debe dar los fundamentos necesarios para identificar la contradicción principal (quiénes son los opresores y los oprimidos), y que esto permita posicionarse en una arena política cada vez más simplificada en mileísmo vs. antimileísmo.
Acemoglu sostiene que si la democracia no es para los trabajadores, muere. Este economista da una simple explicación para la crisis de la democracia en el mundo industrializado (y no solo) es que el sistema no cumplió con sus promesas. Los ingresos en los sectores más bajos y medios de la pirámide vienen perdiendo poder adquisitivo desde hace varios años en Europa, especialmente desde la crisis de 2008. Dicha situación se refleja en una caída en confianza de las instituciones, mientras, las redes sociales y los medios digitales estimulan posiciones polarizadas. Este proceso es el que se está exacerbando en la Argentina de 2024.
En los diez meses de gobierno de La Libertad Avanza, la tasa de pobreza aumentó un punto por mes (pasando del 41,7% a 52,9%). Los libertarios afirman que era esperable: si el PBI va a caer en 2024 más del 5%, entonces todos somos un poco más pobres porque se achicó la torta. La realidad es que, si bien Argentina arrastra serios problemas estructurales de distribución del ingreso después de la dictadura cívico-militar, este proceso económico tiene dos características muy particulares: es un proceso endógeno (autogenerado por el mismo gobierno) y busca beneficiar a quienes más tienen.
Si tomamos la variación en el ingreso por deciles, vemos que la variación es mucho peor para los que menos tienen, mientras que el decil más rico perdió solo un 5% de sus ingresos. Cabe mencionar que un informe reciente de Cedlas sobre subdeclaración de ingresos muestra cómo los altos ingresos del país no declaran todo lo que realmente ganan. Ocultando ingresos por alquileres de propiedades, renta financiera, etcétera. Otra aclaración muy importante es que los primeros deciles de ingresos no disponen habitualmente de ahorros ni de recursos acumulados, mientras que los más ricos pueden compensar la pérdida de poder adquisitivo. De hecho, hay una elite que se beneficia de la burbuja financiera de Caputo (el equivalente a la tablita de Martínez de Hoz versión 2.0). Para decirlo más sencillo, si con tu plata solo podías comprar la leche de tu casa, en diciembre de 2023 la comprabas a 700 pesos y hoy la compras a 1.600 con suerte. Mientras que, si te sobraban pesos para hacer dólar MEP o blue, en diciembre 2023 comprabas MEP a 1.300 y hoy podés comprar a 1.200 o menos. Eso se llama transferencia de ingresos.
Esa brutal transferencia de ingresos de sectores populares a sectores de alto nivel adquisitivo está siendo acompañada por políticas económicas concretas que benefician aún más al sector: blanqueo de fondos, moratoria impositiva, reducción de impuesto de bienes personales, entre otras medidas. Consecuencia: brutal aumento de la desigualdad medida por el coeficiente de GINI en solo seis meses, volviendo a niveles de la pandemia del covid 19.
No es casual que volvamos a hablar de la pandemia. En 2020 se consolidó a nivel mundial un megacrecimiento de fortunas relacionadas con la industria farmacéutica, alimentaria y particularmente con los dueños de las grandes empresas tecnológicas. Y es que esta tendencia de aumento de la desigualdad no es un fenómeno nacional, y se retroalimenta de construcciones globales.
El informe de Intermón-Oxfam (ONG con sede en Londres destacada por su lucha contra la globalización financiera), Multilateralismo en una era de oligarquía global, destaca el aumento de la pobreza y la desigualdad como tendencias globales. Se señala que el 1% más rico posee más riqueza que el 95% de la población mundial, lo que socava la capacidad de los gobiernos para atender a las mayorías y fomenta una nueva oligarquía global.
La oligarquía es un sistema de gobierno donde el poder está concentrado en un pequeño grupo que toma decisiones en beneficio propio, ignorando las necesidades de la mayoría. En este contexto, la oligarquía global remite a cómo un reducido número de ultrarricos y grandes corporaciones ejercen una influencia desproporcionada en las políticas públicas, exacerbando la desigualdad y debilitando el papel del Estado. Oxfam destaca cómo un número reducido de grandes empresas controlan sectores estratégicos a nivel global. Dos empresas dominan el 40% del mercado mundial de semillas, mientras que tres gigantes tecnológicos absorben el 75% de los ingresos globales de publicidad digital. A pesar de la retórica de libre mercado o mercado libre, lo que predomina es un sistema controlado por unos pocos que profundiza la desigualdad.
El informe también critica la evasión fiscal de los ultrarricos a través de paraísos fiscales, visible en Argentina con los blanqueos de Macri y el actual gobierno. La crisis de deuda en países emergentes, como Argentina, beneficia a los acreedores y perpetúa la dependencia financiera, manteniendo a los países atrapados en un ciclo vicioso.
A pesar del panorama desalentador, hay esperanza en la resistencia de los países del sur global, donde Argentina y Brasil pueden jugar un papel fundamental en la defensa de su soberanía frente a presiones externas. Esto resalta la necesidad de promover la justicia social y recuperar el control sobre las decisiones que afectan a las comunidades.
La batalla cultural. En este marco, el fin del Estado que promueve Milei tiene mucha coherencia para la oligarquía global, y sobre todo para los “dueños” de esas firmas globales. No es menor que el actual presidente se haya mostrado públicamente en más oportunidades con los dueños de las grandes tecnológicas, como Elon Musk, que con algún gobernador de nuestro país. Y que recientemente haya recibido en la casa de gobierno como si fuera un jefe de Estado a “el lobo de Wall Street” (Jordan Belfort, condenado en EE.UU. por fraude, blanqueo de dinero y manipulación del mercado de valores). Dichos acercamientos no son casuales, sino que tienen un claro interés en los recursos naturales de nuestro país.
Los discursos de Javier Milei en torno a que los impuestos son una aberración y que la justicia social es una idea aberrante guardan relación sobre quiénes son los sujetos que pretende beneficiar con sus políticas de Estado. Para los más postergados, nada; para los ricos que evaden, blanqueos y beneficios fiscales.
Estamos ante un desafío global. Los Estados nación, tal como los conocemos, están en crisis. Los mecanismos de poder se están reconfigurando, y las oligarquías globales ganan terreno, no solo en términos económicos, sino también políticos. La situación en Argentina es un reflejo de estas tensiones globales, agravada por un gobierno que está alineado con estos intereses, que, entre otras cosas, no reconoce la multilateralidad del mundo actual. No integrar los Brics, ir contra los ODS 2030 y el Pacto Global 2045, pelearse con los aliados estratégicos e históricos, son algunos de los ejemplos.
Estamos viviendo una transición del capitalismo donde la tecnología está transformando el mercado laboral. En este escenario es necesario que busquemos nuevas alternativas para defender a las instituciones que protegen a las mayorías y que se promueva un multilateralismo inclusivo que pueda resistir la concentración de poder y riqueza y mitigar la pobreza y la desigualdad, generar trabajo digno y políticas de protección social, en resumen, avanzar hacia justicia social. En un contexto tan complejo, Argentina y otros países del sur global deben buscar el camino hacia un futuro más justo y equitativo en favor de las grandes mayorías. No se trata de reiterar políticas y estrategias que no dieron resultado, sino mantener los valores de solidaridad y justicia defendiendo al Estado como única herramienta posible para combatir la desigualdad. La discusión del hoy y el mañana será sobre si el capital es conducido por el Estado o si se subordina a los Estados para forzar su disolución.n
* Economista y directora del Banco Ciudad.
