Según el último informe del Indec sobre la Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado, de diciembre de 2023 a agosto de este año la cantidad de personas que trabajaba en estas dependencias pasó de 341.473 a 309.849, lo que implica una baja de 33.504 personas. Mientras tanto, la incorporación de funcionarios continúa: solamente en septiembre se publicaron 85 designaciones en el Boletín Oficial.
Como otros meses, la mayor parte de las incorporaciones son por 180 días y con autorización del pago de un suplemento por función ejecutiva. En una gran cantidad de casos, los nuevos funcionarios están exceptuados de cumplir los requisitos mínimos de contratación establecidos en el convenio colectivo de trabajo, como un título universitario o experiencia laboral en el campo de desarrollo de sus funciones. También aparece, en este total, el nombramiento del nuevo ministro de Salud, Mario Lugones.
Unas pocas designaciones son ad honorem y otras dejaron de serlo. Es el caso de los cargos de director del Servicio de Inteligencia Argentino, Alejandro Walter Colombo, y del director de la Agencia de Seguridad Nacional, Alejandro Pablo Cecati, organismos desconcentrados de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Ambos fueron nombrados por decreto el 31 de julio como funcionarios ad honorem, pero, a partir del 12 de septiembre, esas designaciones “dejan de revestir” ese carácter. Sin embargo, no consta en esa disposición bajo qué condiciones quedarán contratados. De acuerdo con lo que todavía figura en el presupuesto abierto, la Secretaría pasó de contar en julio con $ 19.355,78 millones a disponer de $ 136.741,77 millones, de los cuales se ejecutaron $ 107.800,83 millones (el 78,84%).
Por otro lado, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado informó que, con la baja de 28.000 contratos de diciembre de 2023 a julio de 2024, el Gobierno ahorró $ 36.000 millones. “La ley bases le permite al gobierno cerrar, fusionar y organizar prácticamente todas las reparticiones del sector público”, afirmó el titular de esta cartera, Federico Sturzenegger, en una entrevista en radio Mitre. “Si una repartición se cierra la gente pasa a lo que se llama un ‘régimen de disponibilidad’: se les paga el sueldo hasta por doce meses –dependiendo de su antigüedad–. Si cumplido ese plazo la persona no es reubicada, deja el sector público y recibe una indemnización”, destacó.
Las estadísticas cuentan la cantidad de bajas en los contratos, pero no esos pases a disponibilidad que podrían engrosar las estadísticas de los próximos meses.
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La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) formuló un “mapa virtual de despidos”, en el que dan cuenta únicamente de los casos confirmados. “El mapa virtual registró 11.840 despidos desde diciembre de 2023 hasta la fecha, y unas 588 reincorporaciones. Si bien se trata de números probablemente subestimados, se han considerado sólo aquellos datos con confirmaciones firmes, a fin de ajustarse a una precisión fundada”, detallan en un informe. La diferencia de datos con el Indec, “se explica por jubilaciones, retiros voluntarios, o renuncias empujadas por la acentuada caída salarial, la estigmatización mediática y el retroceso de las condiciones laborales”, argumentaron. Tampoco incorporan en las estadísticas a los trabajadores de empresas del Estado.
“Empezamos a relevar los datos cuando comenzaron a anunciar que se iban a producir despidos. Los seguimos con preocupación para poder determinar qué sectores iban recibiendo los primeros embates y cuál era la cantidad”, comentó a PERFIL Demián García Orfanó, integrante de la Lista Blanca Violeta Granate y delegado de ATE en el Ministerio de Economía.
“Durante el gobierno de (Mauricio) Macri habíamos hecho un relevamiento. La información no terminaba de ser clara y a veces se hacía un uso político para ajustar más y meter miedo en las dependencias estatales. Eso lo estamos viendo también ahora”, agregó.
Según el informe de ATE la mayor cantidad de despidos ocurrieron en el Ministerio de Capital Humano (con un 46,5% de los casos registrados), en el Ministerio de Economía (24,2%) y en la Jefatura de Gabinete (12,6%). “A febrero de 2024 (cuando se normaliza la información de dotaciones de cada organismo), la participación del empleo público en estas tres oficinas era del 17%, 24,8% y 15,4%, con lo que se evidencia un ataque dirigido a las políticas públicas enmarcadas en el Ministerio de Capital Humano, los derechos y los colectivos representados en las mismas”, afirmaron.
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En contrapartida, estas tres dependencias sumaron 28 nuevos funcionarios en septiembre. El Ministerio de Economía fue el que más incorporó, con un total de 13. Le siguió Capital Humano con 10 y la Jefatura de Gabinete con 5.
A los despidos ya efectivos se le sumarían los que ocurran tras la disolución de Trenes Argentinos Capital Humano, que cuenta con casi 1400 empleados, y también los que puedan resultar de la recientemente anunciada reestructuración de Casa de la Moneda.
Por otro lado, el vencimiento de contratos preocupa a más de 50.000 empleados. “La política de renovaciones trimestrales de los contratos precarios refuerza los mecanismos de disciplinamiento y la arbitrariedad frente a las posibilidades de acceder a derechos laborales básicos (como una licencia por estudio o maternidad)”, concluyeron desde la organización.
LT
